El encarcelamiento de Rubén González es una retaliación del gobierno contra los trabajadores de Ferrominera y un ataque contra la clase obrera venezolana
Dom 24/01/2010 - 01:41

* Movimiento Obrero

Rubén González
Por:
Unidad Socialista de Izquierda

El encarcelamiento arbitrario del dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, quien fue secuestrado por cuerpos policiales la noche del 20 de enero, sin una orden del tribunal encargado de su caso, y luego incomunicado por más de 48 horas, es un acto ilegal e inaceptable, que se constituye en un ataque contra toda la clase obrera y contra las libertades democráticas. Como socialistas y revolucionarios, condenamos esta acción, propia de los gobiernos represivos del puntofijismo, y exigimos la inmediata e incondicional liberación de Rubén González. Llamamos a la más amplia unidad por la liberación de González y en defensa del derecho a huelga y al ejercicio de la actividad sindical.

Una política estatal antiobrera y antisindical

Lo que este caso representa es sencillamente la punta de lanza de una política represiva esbozada por el propio Presidente de la República, quien el 6 de marzo de 2009 amenazó a los trabajadores de Guayana con utilizar los cuerpos de inteligencia del Estado contra los sindicatos, y con enfrentar cualquier intento de huelga en empresas estatales.

Efectivamente, Rubén González es perseguido por haber ejercido el derecho a huelga, y ha sido víctima de la actuación irregular de los cuerpos policiales y de inteligencia del Estado.

Ya el 24 de marzo de 2007, nada más y nada menos que durante el lanzamiento del PSUV, el presidente Chávez advertía que la autonomía sindical era un “veneno” heredado de la “IV República”, que debía ser erradicado, y que ciertamente no sería tolerado en el PSUV. Más recientemente, en el Plan Guayana Socialista, un documento con directrices para el funcionamiento de la CVG, se contempla la eliminación de los sindicatos. A mediados del 2009, el vicepresidente del PSUV, Muller Rojas, explicó que los sindicatos no tenían razón de ser en un Estado socialista, pues la contradicción capital-trabajo no existía.

Y es así como a partir de la directriz presidencial de erradicar la autonomía sindical, arranca una política antiobrera y antisindical, que llega a su paroxismo en el año 2009, año en que 473 sindicalistas son despedidos, y 33 son afectados con medidas judiciales por haber ejercido el derecho a la huelga y la movilización. Actualmente hay más de 200 dirigentes obreros con medidas cautelares, siendo algunos casos emblemáticos los de Fundimeca, Sanitarios Maracay, la industria petrolera, y por supuesto, las empresas básicas en Guayana.
Rubén González fue detenido mientras declaraba en la DISIP, el 24 de septiembre de 2009, bajo cargos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo e incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad. Estos cargos son la manera como la patronal estatal describe en términos judiciales la huelga de los trabajadores de Ferrominera, realizada entre el 11 y el 26 de agosto de ese año.

La huelga contra los atropellos patronales de la burocracia roja

La huelga, con la que los trabajadores enfrentaron una desastrosa situación laboral plagada de deudas, problemas de seguridad industrial, y tercerización, fue precipitada por la visita del presidente Chávez a Ferrominera el 8 de agosto. En una abierta actitud provocadora, los burócratas sindicales, los directivos de la empresa, y el propio presidente Chávez, presentaron un cuadro falso en el que la empresa supuestamente funcionaba con toda normalidad.

Aunque hoy en día muchos dirigentes obreros en Guayana han cobrado conciencia de que enfrentan una política profundamente antiobrera por parte del gobierno nacional, encabezada por el mismísimo presidente de la República, al momento de lanzar la huelga los trabajadores de Ferrominera consideraban que lo que hacían llamaría la atención de Chávez, quien se pondría del lado de los trabajadores. “La mala administración de las empresas básicas ha destruido la credibilidad de nuestro primer mandatario, es por esas cosas que la revolución no avanza”, decía en aquel momento Rubén González. La huelga cobró fuerza, y se sumaron a ella más de 2000 trabajadores de la nómina de Ferrominera, más centenares de trabajadores tercerizados a través del mecanismo perverso de las cooperativas. Por su parte, la burocracia sindical, encabezada por Alfredo Spooner y los diputados del PSUV de la región, asumieron el rol de esquiroles, declarando que no había huelga y que se trataba de acciones de sabotaje emprendidas por dirigentes “adecos”.

Irónicamente, Rubén González era militante del PSUV. A los esquiroles se sumó el 20 de agosto la Guardia Nacional, ahora apodada oficialmente “Bolivariana”, atacando la huelga con bombas lacrimógenas.

Finalmente, la patronal tuvo que reconocer que se trataba de una huelga, y negociar con la dirigencia sindical. La paralización se levantó el 26 de agosto, bajo el acuerdo de que la empresa pagara los pasivos y no tomara represalias contra los trabajadores, pero ambos acuerdos fueron incumplidos por la patronal. Es así como el 24 de septiembre, un mes luego de la huelga de 16 días, Rubén González es detenido en la sede de la DISIP, y se le dictó la medida de casa por cárcel. En noviembre, la empresa solicitó la calificación de despido contra 13 trabajadores y seis dirigentes sindicales, además del propio Rubén González, algo similar a lo ocurrido en Mitsubishi, donde el Ministerio del Trabajo avaló el despido por parte de la transnacional japonesa de 57 trabajadores, entre ellos los miembros del sindicato, también militantes del PSUV.

Definitivamente el gobierno está decidido a escarmentar a la clase obrera, y aterrorizarla con un castigo ejemplar a la huelga de Ferrominera. Pero la represión y la criminalización gubernamental no lograron disuadir a los trabajadores tercerizados de Ferrominera, que en noviembre se paralizaron nuevamente. Sin la menor vergüenza, el discurso oficial del gobierno sigue haciendo referencia a una supuesta eliminación de la tercerización, y a una política oficial “socialista” y “obrerista”.

Rubén González es rehén de un gobierno antiobrero

Luego de cuatro meses de casa por cárcel, el 20 de enero en horas de la noche una comisión del CICPC secuestra a Rubén González, lo sustrae de su casa y lo traslada a San Félix, donde lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas. Al momento de este procedimiento, que no contaba con una orden judicial por parte del tribunal que llevaba el caso, se esperaba una decisión judicial favorable a González, por no haber pruebas contra él que lo incriminaran en los delitos que se le imputaban. La juez que llevaba el caso fue destituida el 21 de enero en la noche por no acceder a firmar la orden de detención contra González.

Según familiares y compañeros de Rubén González, las autoridades estarían manipulando el expediente para acusar al dirigente sindical de evadir la medida de casa por cárcel, intento de fuga durante la detención, e incluso posesión de drogas y armas. Estamos pues, ante un procedimiento ilegal que se constituye en un secuestro de Rubén González, que lo coloca en total indefensión frente a los organismos de seguridad del Estado, creando incertidumbre sobre su paradero e integridad física.

El expediente mediante el cual ahora los órganos de seguridad del Estado, por órdenes superiores, y violando todos los procedimientos legales del mismo orden burgués, pretende sembrar drogas y armas a un dirigente sindical por el simple hecho de defender los intereses de los trabajadores mediante el recurso histórico de la clase obrera, como lo es la huelga, es una aberración mafiosa. Este procedimiento autoritario, de claro corte stalinista, es una muestra más de la criminalización de la protesta obrera y popular que aúpa el actual gobierno, a través de las distintas instituciones del Estado burgués, con el aval y el aplauso de la burocracia sindical roja, rojita, arrodillada al patrón-gobierno.

Con Rubén González se quiere cometer el mismo atropello perpetrado contra Sabino Romero, dirigente indígena yukpa, herido, secuestrado y vilipendiado por el gobierno, por el hecho de defender consecuentemente el derecho a la tierra. Esta persecución hoy se lleva a cabo contra más de 200 dirigentes sindicales a los que se les han aplicado medidas cautelares, como también es el caso de Germán Cortés, dirigente sindical petrolero de la Costa Oriental del Lago, quien hoy es perseguido y acosado por la DISIP, así como cientos de luchadores populares, campesinos y estudiantiles revolucionarios.

Solidaridad incondicional con Rubén González

La causa de Rubén González convoca la solidaridad de todos quienes estamos comprometidos con la defensa de las libertades democráticas y los derechos humanos en este país. Llamamos a todas las organizaciones obreras, comunitarias, estudiantiles, democráticas y de derechos humanos, a movilizarse para exigir la inmediata liberación de Rubén González, así como a repudiar el expediente gansteril y stalinista de sembrarle drogas y armas, exponiendo al escarnio público a un honesto luchador obrero, y tratando de convertir su persecución política y sindical en un simple delito común.

Por la Unidad Socialista de Izquierda:
Orlando Chirino, Emilio Bastidas, Armando Guerra, José Bodas, Miguel Angel Hernández y Simón Rodríguez Porras


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La USI rechaza traslado ilegal de Rubén González y exige su liberación inmediata
Sáb 23/01/2010 - 12:42

* Movimiento Obrero
* Derechos Humanos
* Sindical

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Por:
Laclase.info

Mediante una declaración suministrada por la dirección nacional de la Unidad Socialista de Izquierda, dicha organización política se pronunció categóricamente contra el traslado ilegal del dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, Rubén González a la sede del CICPC en San Félix, y abogó por su inmediata liberación. El comunicado llama la atención de que este procedimiento "es un acto ilegal e inaceptable, que se constituye en un ataque contra toda la clase obrera y contra las libertades democráticas".

En el comunicado se advierte que este “procedimiento ilegal se constituye en un secuestro de Rubén González, que lo coloca en total indefensión frente a los organismos de seguridad del Estado, creando incertidumbre sobre su paradero e integridad física”.

Como ya sabe la opinión pública, Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, se encuentra detenido desde hace 4 meses por dirigir una huelga en dicha empresa, exigiendo una serie de reivindicaciones incumplidas por la estatal minera, y actualmente, se encontraba cumpliendo la detención en su casa de Ciudad Piar.

El pasado miércoles 20 de enero, en horas de la noche, en un giro sorpresivo de su caso, González fue trasladado de su hogar por una comisión del Cicpc hasta la sede de este organismo en San Félix, sin una orden del Tribunal Tercero de Control a cargo de la jueza Cucú Quintana, quien lleva el caso.

Posteriormente, y en medio de una gran confusión, se supo que la jueza Quintana fue destituida el jueves en la media noche, ya que esta se habría negado a firmar la autorización para el traslado del dirigente sindical, así como a su eventual traslado a la cárcel de Vista Hermosa, donde la vida de González correría serio peligro, por tratarse de un centro penitenciario de alta peligrosidad. Por otra parte, se pudo conocer, que ante la destitución de Quintana, se habría procedido a autorizar su traslado apelando a un juez del Trabajo, procedimiento absolutamente ilegal.

Por otra parte, se conoció que el traslado se llevó a cabo con el argumento de que Rubén González no estaba cumpliendo con el arresto domiciliario, y que además se le habrían encontrado armas y drogas en su casa. Actualmente González está detenido en la sede de Patrulleros del Caroní.

Ante esta situación, la USI en el comunicado emitido repudia “el expediente mediante el cual ahora los órganos de seguridad del Estado, por órdenes superiores, y violando todos los procedimientos legales del mismo orden burgués, pretende sembrar drogas y armas a un dirigente sindical por el simple hecho de defender los intereses de los trabajadores mediante el recurso histórico de la clase obrera, como lo es la huelga. Este procedimiento autoritario, de claro corte stalinista, es una muestra más de la criminalización de la protesta obrera y popular que aúpa el actual gobierno, a través de los distintas instituciones del Estado burgués, con el aval y el aplauso de la burocracia sindical roja, rojita, arrodillada al patrón-gobierno”.

Y agrega en el comunicado, “con Rubén González se quiere cometer el mismo atropello perpetrado contra Sabino Romero, dirigente indígena yukpa, herido, secuestrado y vilipendiado por el gobierno, por el hecho de defender consecuentemente el derecho a la tierra. Esta persecución hoy se lleva a cabo contra más de 200 dirigentes sindicales a los que se les han aplicado medidas cautelares, como es el caso de Germán Cortés, dirigente sindical petrolero de la Costa Oriental del Lago, quien hoy es perseguido y acosado por la Disip, así como cientos de luchadores populares, campesinos y estudiantiles”.

El comunicado finaliza llamando “a todas las organizaciones obreras, comunitarias, estudiantiles, democráticas y de derechos humanos, a movilizarse para exigir la inmediata liberación de Rubén González, así como a repudiar el expediente gansteril y stalinista de sembrarle drogas y armas, exponiendo al escarnio público a un honesto luchador obrero, y tratando de convertir su persecución política y sindical en un simple delito común”.

El documento en respaldo a Rubén González es suscrito por Orlando Chirino, Emilio Bastidas, Armando Guerra, José Bodas, Miguel Angel Hernández y Simón Rodríguez Porras, a nombre de la dirección de la USI.