Boletín Bolivia Izquierda Socialista

El encarcelamiento de Bladimir Machicao, dirigente del Movimiento Sin Tierra que viene denunciando que el gobierno abandonó la reforma agraria y que defiende a los latifundistas es un hecho grave. Machicao está acusado de “sedición, desacato y apología del delito”, en una acusación que parece copiada de la que le hicieron al propio Evo Morales cuando lo expulsaron de la Cámara de Diputados en enero del 2002. Machicao hizo unas confusas declaraciones diciendo que “su hipótesis” era que la carta bomba a Fidel Surco, el dirigente de la CONALCAM, la había enviado familiares del vicepresidente Alvaro García Linera. Por ese motivo fue demandado por García Linera “porque su honra y dignidad han sido melladas como Vicepresidente” y el juez Primero de Instrucción en lo Penal, Carlos Guerrero, lo encarceló por considerar que había “peligro de fuga y obstaculización en la investigación”. Es incomprensible cual es la “investigación” que puede obstaculizar Machicao, dado que él mismo reconoció sus declaraciones y dijo que solo era una “hipótesis”, es decir que no tenía pruebas. ¿Qué es entonces lo que tiene que investigar el juez que Machicao puede “obstaculizar” si es dejado en libertad? ¿Por qué dejaron fugar tan fácilmente a derechistas como Reyes Villa o Marinkovic, por delitos gravísimos, y ahora encarcelan a Machicao por un supuesto “peligro de fuga” ante un supuesto delito muchísimo menor? ¿Por qué no metieron presos preventivamente a Marinkovic o a Reyes Villa?
Más allá de lo erróneo que pueda haber sido la declaración que hizo Machicao, su encarcelamiento constituye un castigo por su posición disidente ante el gobierno. Esto es evidente si comparamos este caso con los líderes de la Unión Juvenil Cruceñista que no solo hicieron declaraciones mucho peores, sino que incendiaron instituciones públicas, atacaron el barrio Plan 3000 y apalearon campesinos, y ahora, como se pasaron al MAS, nadie los acusa de nada. La justicia en Bolivia es tuerta, ya lo sabemos, pero esto está muy agravado porque es el propio vicepresidente el acusador.
Las organizaciones obreras, campesinas y populares, y todos los que defiendan los derechos humanos tienen el deber de reclamar la libertad de Bladimir Machicao.