Por Movimiento Alternativa Socialista de Portugal
Así, la nueva crisis política que se ha instalado desde ayer es un episodio más de la agravación de la crisis del régimen en Portugal, alimentada por la gran desigualdad entre el aplastamiento de las condiciones de vida de los que trabajan y la acumulación de riqueza por parte de las élites.
El país se vio sorprendido ayer por la dimisión relámpago de António Costa, presentada por él mismo y rápidamente aceptada por Marcelo Rebelo de Sousa, tras los registros y detenciones llevados a cabo por la PSP en los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructuras y en la residencia oficial del Primer Ministro, en el marco de la investigación de la Fiscalía sobre los contratos de concesión para la explotación de litio y otros metales en las minas de Romano, en Montalegre, y de Barroso, en Boticas, el proyecto de creación de un consorcio nacional para la producción de hidrógeno en Sines y el proyecto de construcción de un megacentro de datos en Sines.
Ante la caída del Gobierno, el Presidente de la República (PR) escuchará a los partidos y al Consejo de Estado antes de decidir si disuelve el Parlamento y convoca nuevas elecciones o si permite la formación de un nuevo Gobierno, ya sea presentado por el PS haciendo uso de su mayoría absoluta o por iniciativa presidencial, es decir, nombrando el PR un Gobierno provisional hasta la celebración de elecciones legislativas. También cabe preguntarse si, a pesar de la caída del Gobierno, el presidente intentará mantener el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 (OE 2024), aun a riesgo de que se cuestione su legitimidad, tanto jurídica como política.
Corrupción en el negocio del litio y el hidrógeno: un mal que hay que cortar de raíz
Lo que está en juego es la connivencia entre altos funcionarios del Estado y una serie de empresas privadas. Al menos cinco personas han sido detenidas por los delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva de un cargo político y tráfico de influencias, casi todas ellas consideradas próximas al Primer Ministro. La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que también fueron imputados João Galamba, actual ministro de Infraestructuras y ex secretario de Estado de Medio Ambiente y Energía, y Nuno Lacasta, presidente de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, además de una investigación autónoma del Tribunal Supremo de Justicia sobre António Costa, por considerar que algunos de los sospechosos invocaron «el nombre y la autoridad del Primer Ministro y su intervención para desbloquear procedimientos» en el marco de estas negociaciones.
Las sospechas de corrupción en torno a estas negociaciones, en particular las del litio, no deberían sorprender a nadie y son un claro ejemplo de que la transición energética de fachada del PS no tiene nada que ver con la necesidad de responder a la crisis climática, sino con aprovecharla para, en buena onda liberal, favorecer lucrativos negocios de grandes empresas de los sectores energético y minero, negocios que los gobiernos del PS y del PSD han estimulado, favorecido y sostenido con millonarias subvenciones del PRR, fondos europeos, exenciones y otras ayudas pagadas con nuestros impuestos.
Curiosamente, toda la izquierda parlamentaria parece más preocupada por, como el PS, salvar la credibilidad de las instituciones, aludiendo siempre al buen funcionamiento de la justicia y haciendo recomendaciones para una buena gestión de la crisis, lo que, en la práctica, significa contribuir a alimentar ilusiones en los mecanismos que permiten toda esta desigualdad e injusticia, actuando así para preservar todo tal y como está, cuando es precisamente este sistema capitalista, con su corrupción inherente, tratos ventajosos y privilegios de todo tipo para las élites que nos están hundiendo, el que, como izquierda, debemos combatir.
Por lo tanto, defendemos:
– La cancelación inmediata de todos los proyectos de extracción de litio en Portugal, ya se encuentren en fase de prospección, evaluación o exploración;
– La rápida investigación, condena y confiscación de los bienes de todos los corruptos implicados en los negocios del litio y del hidrógeno;
– Un plan para una transición energética socialmente justa y ambientalmente sostenible, a diferencia del actual, que está diseñado para estimular las negociaciones y acumular beneficios para las empresas energéticas y mineras, a expensas de megaproyectos perjudiciales para el medio ambiente y la población.
El Gobierno del PS y los Presupuestos del Estado para 2024 pueden caer juntos, que no se pierde nada
Fue el golpe definitivo para el gobierno de António Costa, que, desde su toma de posesión, ha sido objeto de una serie de escándalos y dimisiones, con el asunto Galamba/TAP. Alcanzando un punto álgido de tensión entre el primer ministro y el presidente, que en aquel momento se mostró preocupado por la decisión de Costa de mantener al ministro de Infraestructuras, al considerar que la impunidad contribuiría a crear inestabilidad y a desacreditar las instituciones.
Lo decisivo, sin embargo, fue el contexto de fuertes movilizaciones y huelgas en diversos sectores de la función pública en confrontación con el gobierno, unido al creciente descontento de la población con el aumento del coste de la vida y la degradación de los servicios públicos, a los que el PS ha optado sistemáticamente por no responder. En claro contraste con los sucesivos beneficios concedidos a las grandes empresas y a los bancos que, a costa de la inflación y la especulación, siguen acumulando beneficios extraordinarios.
Así, la nueva crisis política que se está gestando desde ayer es un episodio más de la agudización de la crisis del régimen en Portugal. Alimentada por la gran desigualdad entre el aplastamiento de las condiciones de vida de los que trabajan y la acumulación de riqueza por parte de las élites. Aumentando el profundo resentimiento cuando se hacen visibles estos mecanismos que favorecen la concentración de la riqueza en los grandes grupos económicos, a costa del dinero público, y de los que forma parte la corrupción.
El Presupuesto de Estado 2024 es un capítulo más de las mismas políticas, un presupuesto de empobrecimiento que, al tiempo que presenta beneficios, exenciones y subvenciones para las grandes empresas y los terratenientes, aumenta el empobrecimiento, los impuestos y la degradación de los servicios públicos para los que trabajan, sin resolver los problemas estructurales ni responder a ninguna de las cuestiones que han estado en el centro de las movilizaciones sociales.
Por lo tanto, nos posicionamos
– En contra de cualquier intento de aprobar el Presupuesto 2024 presentado por el gobierno de António Costa;
– Por la disolución del actual parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas;
– Por la continuación de las movilizaciones sociales y sindicales en defensa de los servicios públicos, del derecho a la vivienda y de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo;
– Por la construcción de una verdadera alternativa política de izquierdas al PS, al PSD y a la extrema derecha, que se presente y luche por un proyecto de país que refuerce los servicios públicos, garantice el derecho a la vivienda, ponga fin al aumento del coste de la vida y revalorice los salarios y las pensiones.
Hay que construir una verdadera alternativa de izquierdas
Los trabajadores deben aprovechar este momento de crisis para fortalecer su organización y su resistencia a las políticas que el PS y el PSD vienen aplicando desde hace décadas. Hay que intensificar las luchas para presionar a este y a cualquier posible nuevo gobierno para que atienda las demandas de los trabajadores y el pueblo y avance en la construcción de una alternativa política para los trabajadores. Además, si está claro que el gobierno del PS no es bueno y tampoco lo es el gobierno del PSD, con o sin el apoyo de los partidos a su derecha, entonces es responsabilidad de la izquierda presentar una alternativa a todas estas fuerzas.
Ninguna nueva geringonça del PS con la izquierda parlamentaria hará que el gobierno sea radicalmente diferente al de los últimos ocho años. Por otro lado, el miedo a que gobierne la derecha o a que la CHEGA crezca en las elecciones no puede ser una excusa para perpetuar al PS y a sus gobiernos, que responden a los grandes grupos económicos y a la patronal. Este gobierno y este presupuesto ya han demostrado a lo que venían y lo que valían: pérdida de calidad de vida y de poder adquisitivo, incentivos a las empresas y más impuestos indirectos, en definitiva, un presupuesto de empobrecimiento que hasta a la derecha le costó criticar.
Por eso, desde el MAS, defendemos la construcción de una verdadera alternativa de izquierdas, basada en un programa que incluya:
– Actualización trimestral de salarios y pensiones, por encima de la inflación
– Gravar los beneficios extraordinarios de los grandes grupos económicos
– Control de rentas y tipos de interés
– Fin de los proyectos de prospección, evaluación y exploración de litio
– Refuerzo de los recursos materiales y humanos del SNS y de las escuelas públicas
– Ampliación y gratuidad de la red de transportes públicos, especialmente del ferrocarril.
– Creación de una red pública de guarderías, hogares, lavanderías y comedores
– Nacionalización del sector energético
– Control público del agua y mejora de la red de distribución
