Por: Simón Rodríguez Porras
El vacilante Puigdemont dejó en suspenso la independencia y la supeditó a una negociación con Madrid. Solo la movilización popular y obrera, junto con la solidaridad de los trabajadores del resto del Estado español, puede lograr que se haga efectiva la decisión de la mayoría del pueblo catalán de constituir una república independiente.
Decenas de miles de manifestantes se reunieron en torno del Parlamento catalán la tarde del 10 de octubre para esperar la declaración de la independencia. El jefe del gobierno catalán suspendió la declaración y la condicionó a negociaciones con el régimen monárquico. Miles abuchearon a Puigdemont y se retiraron en señal de protesta. La Candidatura de Unidad Popular (CUP) rechazó la suspensión de la independencia.
El frente contra la independencia lo encabeza el imperialismo. En su reunión del 26 de septiembre con Rajoy en la Casa Blanca, Trump fue claro en su apoyo al régimen monárquico y la unidad del Estado español. «Creo que España es un gran país y tendría que seguir unido», aseguró el magnate racista que gobierna los Estado Unidos, a menos de una semana del referendo en el que más del 90% de los votantes catalanes se expresaron a favor de la independencia. La respuesta del propio Rajoy a este ejercicio democrático fue enviar a miles de represores a atacar con saña a los votantes, generando centenares de heridos. Luego de la gran huelga general en la que los trabajadores catalanes dieron una respuesta unificada a la represión y en defensa de la independencia, grandes empresas como CaixaBank, Banc Sabadell, Gas Natural, VidaCaixa, Colonial, Abertis, Mediolanum y veinte más anunciaron su retiro de Catalunya en boicot a la independencia y por el clima de movilización popular que consideran poco propicio para los negocios capitalistas. El 5 de octubre el papa Bergoglio le manifestó al embajador español que estaba en contra de la autodeterminación del pueblo catalán. En el mismo tenor se han pronunciado autoridades de la Unión Europea luego del referendo, los grandes bloques del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, apoyando la represión de Rajoy.
Adicionalmente, el régimen español ha dejado actuar impunemente a grupos neonazis en Zaragoza y Valencia y se han realizado movilizaciones en Madrid y Barcelona con consignas españolistas y cánticos franquistas. Incluso el portavoz del oficialista Partido Popular, Pablo Casado, amenazó a los independentistas con un destino similar al de Lluis Companys, cuyo movimiento independentista fue aplastado militarmente en 1934 y años después fue capturado en Francia y entregado por los nazis a Franco, quien lo hizo torturar y fusilar. El PSOE e Izquierda Unida, donde están los restos del PC español, defienden al régimen del 78. Podemos llama a un movimiento por la negociación, «Parlem».
Ante esta ofensiva, el gobierno autónomo de Catalunya incumplió su promesa de declarar la independencia a 48 horas del referendo y finalmente ha emitido una ambigua declaración de independencia en suspenso. Hay que hacer valer la voluntad mayoritaria del pueblo catalán de independizarse, la que se expresó en el referendo y en la huelga general. Los compañeros de Lucha Internacionalista (LI) advierten en una declaración del 6 de octubre que retroceder ante las presiones del régimen sería desastroso: «Solo la proclamación de la república, acompañando la firme voluntad popular, nos pondrá en mejores condiciones para neutralizar la represión. De encarar mejor lo que vendrá como un conflicto entre la República Catalana y la Monarquía española, que no desde el marco de una autonomía intervenida […] Proclamar y mantener con firmeza la República catalana es mantener la movilización en la calle. Por eso nos tenemos que organizar desde abajo, en los centros de trabajo y estudio, y profundizar los organismos que fueron claves el 1-O: los comités en defensa del referéndum, ahora de defensa de la república. Su coordinación y fusión con las fuerzas sindicales y el movimiento estudiantil que hicieron posible la huelga general es urgente, con un plan de continuidad que incluya nuevas convocatorias de huelga». Más del 80% de la población en Catalunya y el País Vasco repudia la represión de Rajoy y casi el 50% en el resto del Estado español. Es crucial para derrotar al podrido régimen español la unidad de los trabajadores de todo el territorio ibérico y la profundización de la movilización y la organización popular autónoma. Lamentablemente la Intersindical-CSC desconvocó la segunda huelga general, ante las tentativas de criminalización. Como plantea LI, «en Catalunya se juega el futuro inmediato de la Monarquía en todo el estado. Por eso las protestas ya se han empezado a expresar con fuerza en las calles del País Vasco, Madrid o Andalucía. Hay que hacer un llamamiento a la solidaridad de los pueblos y trabajadores del estado español e internacionales. Habría que convocar en Barcelona un encuentro con organizaciones políticas, sindicales y sociales de todas partes».
