Por: Mariana Morena
Durante el desalojo de un predio en Villa Mascardi una patrulla de Prefectura Naval fusiló por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Como en el caso de Santiago Maldonado, mientras el gobierno salió a justificar la represión como un «enfrentamiento» con un grupo armado, los testimonios mapuches refieren a una nueva «cacería» en el marco de la recuperación de sus tierras ancestrales usurpadas. Exigimos castigo a los culpables.
El jueves 23 unos 300 efectivos del grupo Albatros de Prefectura Naval, con orden judicial del juez federal Gustavo Villanueva, arremetieron contra la Lof Laufken Winkul Mapu, que ocupaba un predio recuperado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, provincia de Río Negro. Las fuerzas federales portaban pistolas ametralladoras MP5 de 9 mm y estaban autorizadas a disparar. Desalojaron el campamento y detuvieron incluso a mujeres y niños. Otros mapuches buscaron escondite en los cerros. El sábado 25 una patrulla volvió a rastrillar la zona para atraparlos y, durante la avanzada, el joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años, fue asesinado por la espalda por un proyectil de 9 mm, según confirmó la autopsia. Hubo otros dos mapuches heridos por balas de plomo y dos detenidos. Como en el caso de Santiago Maldonado, los testimonios de los mapuches apuntan a una nueva «cacería» de las fuerzas federales. «Solo respondieron con piedras a las agresiones. Fueron baleados», afirmó una de las dirigentes de la Lof.
La izquierda y otras agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos se sumaron el domingo a la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en Plaza de Mayo y en numerosas plazas del país (como Bariloche, El Bolsón, Neuquén, Viedma, Córdoba) para repudiar el asesinato de Rafael Nahuel, responsabilizando al gobierno y exigiendo justicia. Lamentablemente las organizaciones de derechos humanos y políticas vinculadas al kirchnerismo brillaron por su ausencia.
Las mentiras de Bullrich
El Ministerio de Seguridad, por su parte, salió a defender el accionar de los prefectos. En un informe mentiroso e indignante afirmó que fueron emboscados por aborígenes encapuchados con máscaras antigases, banderas, armas blancas y otras de calibre grueso, que avanzaban con gritos amenazantes y movimientos tácticos militares; frente a quienes se defendieron con «disparos intimidatorios» de armas no letales, «siempre en dirección hacia los árboles», caracterizando sin pruebas el incidente como un «virulento enfrentamiento» con el supuesto «grupo violento» RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Nada se dice de que no hubo prefectos heridos ni armamento incautado. Intentando despejar dudas, el lunes la ministra Bullrich advirtió en conferencia de prensa que llevaron adelante «una acción legal y legítima» frente a la escalada de «grupos violentos que no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, el Estado, la Constitución, los símbolos». Y remató: «Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas en el marco de una tarea con orden judicial», aparentando desconocer la nefasta historia de violaciones a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad. La vicepresidenta Gabriela Michetti fue más lejos todavía, dijo que ante el «beneficio de la duda», ella le daba la razón a la Prefectura.
Reprimen para defender a los terratenientes
Desde Izquierda Socialista no dudamos: como en el caso de Maldonado, se trató de otro operativo represivo sobre una comunidad mapuche en medio de una legítima recuperación de tierras ancestrales usurpadas, y en el contexto general de criminalización de la protesta social. Es claro que en esta disputa por las tierras el gobierno de empresarios de Macri sigue ignorando la ley 26.160 de emergencia indígena (votada hace más de 20 años y prorrogada recientemente hasta 2021) que suspende los desalojos con el objetivo de relevar los territorios indígenas y entregarle la tierra a sus legítimos dueños originarios. Por el contrario, Macri y los gobernadores actúan en defensa de los intereses de sus socios, los grandes terratenientes y multinacionales, como los «ladrones de guante blanco» Lewis, Benetton, las hidroeléctricas, las megamineras y las petroleras. Por eso el gobierno desaloja con ametralladoras a familias indefensas bajo la farsa de combatir a un grupo terrorista ficticio, asesinando en el medio a jóvenes solidarios como Santiago y Rafael. Por eso vamos a seguir movilizados para exigir el castigo a los responsables materiales y políticos de estas muertes. Exigimos que renuncien la ministra Bullrich y sus secuaces Noceti y Burzaco. Por el fin de la represión y criminalización de los mapuches, la libertad para Facundo Jones Huala y todos los detenidos y la implementación efectiva de la ley 26.160. ¡Fuera Benetton y todos los terratenientes y multinacionales de la Patagonia!
