Entrevista de la revista Babel de Sao Paulo a Simón Rodríguez Porras del Partido Socialismo y Libertad (PSL). 16 de Noviembre de 2017.
¿Cuáles son las causas de la actual crisis económica, social y política en Venezuela?
A primera vista podría parecer inexplicable que un país que tuvo unos ingresos impresionantes durante más de una década de auge de los precios del petróleo hoy esté sumido en una devastadora crisis. Pero las causas estructurales del desastre están en la persistencia y agravación de la condición semicolonial del país.
El chavismo llegó al poder en 1998 prometiendo justicia social, democracia participativa, revertir la entrega de la industria petrolera a capitales transnacionales y restituir los derechos cercenados en la reforma laboral del 97. Hoy la desigualdad y la miseria son peores que hace veinte años, se ha instaurado un régimen cívico-militar, la industria petrolera está en manos de empresas mixtas en las cuales transnacionales como Chevron y Repsol tienen hasta un 40% de la propiedad, la actividad petrolera pasó de un 76% de las exportaciones a más del 96%, o sea que la dependencia respecto del petróleo se agravó, se exporta petróleo y se importa todo lo demás, el campo está arruinado pues no hubo reforma agraria, y lo más insólito es que incluso la industria petrolera ha sido destruida: ya las importaciones de derivados del petróleo como la gasolina superan las exportaciones, pese a que Venezuela tiene uno de los complejos refinadores más grandes del mundo, el Complejo Refinador de Paraguaná, en la costa noroccidental del país, así como otras importantes refinerías en el centro y oriente. ¿A dónde fue a parar el dinero de la bonanza petrolera? Una parte fue al gasto social, como parte de las conquistas sociales obtenidas por la movilización popular, por eso hubo avances entre los años 2003 y 2007 en temas como la disminución de la pobreza. Pero la mayor parte se destinó a la fuga de capitales, que se calcula en más de trescientos mil millones de dólares desde 2003, cuando comienza a aplicarse un control oficial de la tasa de cambio y de la asignación de las divisas para importaciones. Es la mayor fuga de capitales en relación con el tamaño de la economía que se ha visto en este período en el mundo. El gobierno adoptó una política de subsidiar al empresariado privado con dólares baratos, muy por debajo de la tasa de cambio real, pero no para hacer inversiones en tecnología o infraestructura, sino sobre todo para realizar importaciones de productos acabados. ¡Hoy hay un tipo de cambio oficial de diez bolívares por dólar mientras que en el mercado paralelo el dólar se vende a más de cuarenta mil bolívares! ¡Una proporción de cuatro mil a uno funcional únicamente a la corrupción! Y pese a la crisis esa tasa oficial se mantiene. Esto se ha traducido en que miles de millones de dólares se destinaron a fraudes de importaciones, o sea que se asignaron divisas para importaciones que se declararon pero nunca se realizaron. De esto se beneficiaron tanto la nueva burguesía chavista ligada al aparato de gobierno como empresas tradicionales venezolanas y extranjeras. Por ejemplo, General Motors, que hoy no produce nada en Venezuela, recibió entre 2003 y 2013 casi seis mil millones de dólares del gobierno. También se destinaron miles de millones de dólares, financiados mediante deuda externa estatal, a la compra de empresas por parte del gobierno y la contratación de obras multimillonarias con empresas chinas, rusas o la brasileña Odebrecht, con una gran corrupción. La mayoría de estas obras quedaron como ruinas inconclusas desperdigadas por el territorio.
Esta fue la política entreguista del gobierno cuyos efectos destructivos se disimularon durante los años de crecimiento significativo del precio petrolero, pero que quedaron al descubierto con la primera caída de los precios petroleros en 2009 ante la cual Chávez aplicó un primer ajuste, aumentando el IVA y reduciendo el gasto social, pero mucho más cuando a fines de 2014 el barril de petróleo cae por debajo de los 100 dólares. Si en 2012 y 2013 ya era evidente el agotamiento del modelo chavista, había escasez de alimentos y medicinas y una creciente inflación que erosionaba el salario real, a partir del año 2015 el país entra en una violenta espiral de descomposición económica, social y política. Maduro opta por aplicar algunos de los planes más nefastos ideados por Chávez, como la entrega del 12% del territorio nacional a transnacionales megamineras como Barrick Gold y Gold Reserve, en el llamado Arco Minero del Orinoco, un proyecto de saqueo que contempla la destrucción de una de las reservas de agua y biodiversidad más importantes de Sudamérica. Y sobre todo aplica un perverso ajuste que recorta brutalmente el consumo para sostener los pagos de la deuda externa.
Miles de personas que hasta hace pocos meses vivían de un salario hoy subsisten comiendo de la basura o mendigando. Los alimentos subsidiados que vende el gobierno se utilizan como herramienta de control social, al exigir a los beneficiarios que cuenten con un carnet especial mediante el cual se monitorea si votan y se amenaza con desactivarlo si protestan contra el gobierno o no lo apoyan electoralmente. Como instrumento clientelar y de disciplinamiento político, estas cajas con alimentos distribuidas por los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no llegan a la población más necesitada sino muy esporádicamente. En algunas zonas populares, solo cuando se aproximan las elecciones.
Desde hace más de un año, miles de venezolanos cruzan desesperadamente las fronteras con Colombia y Brasil, intentando huir del hambre y la miseria. Centenares de miles han emigrado en los últimos cuatro años. En las zonas fronterizas de estos países ha aumentado la mendicidad y la prostitución por parte de inmigrantes venezolanos. Es una verdadera catástrofe social, una consecuencia directa de la decisión política del gobierno de pagar más de 70 mil millones de dólares en deuda externa en los últimos tres años mientras ha reducido las importaciones a menos de 15 mil millones de dólares este año, un recorte de más del 80% en cuatro años. El gobierno, luego de su estrepitoso fracaso económico, decidió hambrear a la población para pagarle a los buitres financieros de Wall Street. Mientras los banqueros yanquis reciben el pago de los jugosos intereses de la deuda externa, los bancos estatales y privados en Venezuela aplican un corralito y solo entregan diariamente el equivalente a 25 centavos de dólar en efectivo a los ahorristas. El transporte público está diezmado por la falta de repuestos, lo que produce largas colas de usuarios en las paradas de las rutas más utilizadas. El suministro eléctrico y de agua potable es racionado en gran parte del país.
No puede exagerarse la magnitud del desastre económico. Venezuela ha caído el mes de octubre en la hiperinflación, al registrar una inflación mensual superior al 50%. Esto en el medio de una recesión tremenda, en los últimos cuatro años la caída acumulada del Producto Interno Bruto ha sido de alrededor del 40%. Más de la mitad de la población económicamente activa se reparte entre el trabajo por cuenta propia, el desempleo y el subempleo. Si bien esto ha sido así desde hace décadas, lo singular de la actual crisis es que los salarios han sido destruidos a un ritmo nunca antes visto, el salario mínimo a fines del año 2012 era de unos trescientos dólares mensuales y hoy es de aproximadamente un dólar diario, una reducción del 95% en cinco años. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la cifra de personas subnutridas en Venezuela aumentó de 2,5 a 4,1 millones en el año 2016, un escalofriante crecimiento del 68% en apenas un año. Como todos los indicadores económicos de este año son drásticamente peores, si el hambre creció este año al mismo ritmo que el pasado, un estimado conservador, estaríamos hablando de un 22% de la población subalimentada.
En este marco de enormes desigualdades sociales entre una mayoría empobrecida y una minoría obscenamente acaudalada, la corrupción policial y una desastrosa política carcelaria caracterizada por el hacinamiento, la violencia extrema y la entrega de los centros penitenciarios a las mafias, han surgido grandes corredores territoriales bajo el control de bandas del crimen organizado. Venezuela ha alcanzado una de las tasas de criminalidad violenta más altas del mundo en estos años, con 70,1 homicidios por cada cien mil habitantes en 2016, índice solo superado por El Salvador.
Las condiciones de vida de las mayorías populares y trabajadoras en Venezuela están en caída libre, pero no sin resistencia. En las elecciones parlamentarias del año 2015 hubo un masivo voto castigo contra el gobierno que otorgó dos tercios de la Asamblea Nacional a la oposición patronal. Durante todo el año 2016 hubo decenas de saqueos, en algunos casos verdaderamente masivos como en la ciudad costera oriental de Cumaná. El gobierno respondió con una gran represión, incluso el presidente Maduro amenazó con crear una cárcel especial para saqueadores. Y entre abril y julio de este año tuvo lugar una masiva rebelión popular en la que se desplegaron distintas formas de lucha: marchas, paros cívicos, saqueos, barricadas, tanto en zonas de clase media como en barrios pobres de las principales ciudades del país, por ejemplo en las emblemáticas barriadas de La Vega, El Valle y Palo Verde en Caracas, que durante muchos años fueron bastiones del chavismo. El gobierno suspendió las garantías constitucionales y desplegó a miles de militares y paramilitares para aplastar la rebelión, asesinando a más de un centenar de personas, hiriendo y encarcelando a miles, a los que se sometió en centenares de casos a juicios militares y torturas. La oposición patronal agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) jugó un rol decisivo para la derrota de las protestas, al hacer todos los esfuerzos posibles por frenar las movilizaciones y apostar a las negociaciones con el gobierno bajo el auspicio de El Vaticano y el gobierno de EE.UU. En agosto la MUD completó el círculo de la capitulación ante el gobierno al aceptar participar en elecciones regionales fraudulentas.
Esta crisis económica y social entonces ha tenido su correlato político. En primer lugar porque el gobierno decidió descargar todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores con un criminal ajuste inflacionario que ha reducido a la enorme mayoría de los trabajadores a salarios de miseria. Esto lo ha hecho mediante el recorte de las importaciones para destinar los menguados ingresos petroleros al pago de deuda externa, al tiempo que ha aumentado de manera demencial la masa monetaria. El chavismo como proyecto ya no cuenta con el apoyo popular mayoritario que una vez tuvo. Maduro tiene un merecido repudio que ronda el 85% desde hace aproximadamente un año. Las elecciones parlamentarias del 2015 le dieron por primera vez una mayoría en la Asamblea Nacional a la oposición patronal y el gobierno entendió que no podría ganar nuevamente elecciones medianamente transparentes. Por eso ha adoptado una estrategia de ataque a los derechos democráticos de la población que ha comprendido la eliminación de facto del parlamento, la suspensión de las garantías constitucionales, el despliegue de un enorme dispositivo represivo militar, la persecución y proscripción electoral de la mayor parte de la oposición de cualquier signo político, y finalmente la imposición en agosto de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) corporativa, con plenos poderes ejecutivos, legislativos, judiciales y electorales, un cuerpo dictatorial inapelable. La totalidad de los asambleístas son del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y la ANC se autoasignó dos años de funcionamiento prorrogables, en otras palabras tiene una duración indefinida.
Las capitulaciones y la corrupción de la MUD le han brindado una ayuda inestimable al gobierno en su avance dictatorial, y lamentablemente las derrotas propinadas por el chavismo al movimiento obrero, indígena y campesino, con el asesinato de varios de sus principales referentes combativos, la cooptación de parte del activismo y la imposición de una política de criminalización de la protesta han logrado impedir el surgimiento de una oposición de izquierda significativa. Hay en las bases del chavismo sectores que han roto con Maduro y la dirección del PSUV, pero aún con mucha confusión y ambigüedad sobre el camino a seguir.
Pese a todo, la situación del gobierno sigue siendo muy precaria, pues más allá de su coyuntural fortalecimiento represivo la situación económica sigue siendo desastrosa y sigue teniendo un repudio popular y obrero absolutamente mayoritario.
¿Está usted de acuerdo en que Venezuela es un país socialista?
De todas las mentiras del gobierno y de la gran prensa internacional sobre Venezuela ninguna es tan grande y grotesca como la afirmación de que el país es socialista o se encuentra en una transición hacia el socialismo.
Venezuela es una semicolonia capitalista. Su principal industria, la petrolera, está dominada por capitales transnacionales. La empresa con mayor inserción es la yanqui Chevron, socia de varias empresas mixtas petroleras. Hay decenas más, como Repsol, ENI, Total, Statoil, Gazprom o Mitsubishi. Para 2016 se contaban más de dos mil empresas privadas provenientes de la Unión Europea y más de ciento cincuenta yanquis. Recientemente se han creado zonas económicas especiales en la costa central para el desarrollo de enclaves de maquilas extranjeras con exenciones de impuestos y una de las manos de obra más baratas del mundo. El petróleo, el gas, el oro, el coltán, todos los minerales están a la merced del saqueo transnacional. Verdaderamente es un gobierno arrodillado ante los capitales imperialistas.
Nada más lejano a una planificación democrática de la economía que lo que vemos en Venezuela. En 2013 alrededor del 70% del Producto Interno Bruto correspondía al sector privado. Las famosas «expropiaciones» de Chávez fueron compras a precio de mercado pagadas con endeudamiento externo, y las empresas estatizadas fueron entregadas a la burocracia corrupta que las ha utilizado para tramitar importaciones fraudulentas, reduciendo sus índices de producción.
La clase trabajadora, muy lejos de jugar un rol dirigente o protagónico, está en su peor momento, sometida a condiciones de trabajo semiesclavas, sin libertad sindical. Las huelgas y ocupaciones de fábricas de los años 2005-2008 fueron duramente reprimidas y centenares de dirigentes obreros han sido asesinados por las mafias sindicales ligadas al gobierno, como el caso del presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del estado Aragua, Richard Gallardo, el secretario general del sindicato de PepsiCo, Luis Hernández, y el delegado de prevención de la empresa Produvisa, Carlos Requena, asesinados en 2008. En total ocho dirigentes de la principal corriente sindical de izquierda, la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura) han sido asesinados en el estado Aragua y el gobierno ha protegido a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes, brindándoles impunidad absoluta. Ello evidencia la política de dejar correr las acciones asesinas de la burocracia sindical chavista. El principal dirigente indígena, Sabino Romero del pueblo yukpa, fue asesinado por policías del municipio Machiques en 2013, cuando la alcaldía estaba en manos del chavismo.
El gobierno también se presenta a sí mismo como «antiimperialista». Pero más allá de los roces políticos con EE.UU. surgidos con el golpe de Estado promovido en 2002 por Bush contra Chávez, y de que todavía las relaciones diplomáticas no se han normalizado del todo, lo cierto es que el gobierno no solamente protege los intereses de las transnacionales yanquis en nuestro país sino que también desarrolla una relación política en la que se combinan presiones con varias instancias de colaboración y cooperación. Por ejemplo, el gobierno venezolano ha brindado apoyo a importantes procesos políticos convergiendo con la posición yanqui, como el patrocinio al proceso de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla, o la promoción del reingreso a la OEA del régimen surgido del golpe de Estado de 2009 en Honduras. La expresión más patética de esto ha sido la actitud pusilánime de Maduro hacia Trump durante el final de la campaña electoral y el comienzo de su período presidencial. ¡Maduro no solo prohibió a los medios estatales hablar mal del presidente ultraderechista, sino que llegó a calificarlo de «víctima de una campaña de odio de los medios de comunicación»! Se refirió a él como «camarada Trump» y donó 500 mil dólares para su acto de toma de posesión a través de la empresa Citgo, una filial de la petrolera estatal venezolana Pdvsa que posee refinerías y miles de estaciones de gasolina en territorio yanqui. Luego donó 625 mil dólares para el evento «Freedom over Texas» con el que se celebró el día de la independencia yanqui en la ciudad de Houston. Las sanciones económicas de Trump contra Venezuela obligaron a Maduro a reacomodar un poco su discurso, pero siempre ha insistido en que desea tener las mejores relaciones con el gobierno yanqui y de hecho sigue pagando a una empresa de lobby ligada a Trump, Avenue Strategies, para que medie con EE.UU.
El régimen venezolano tiene algunas similitudes con dictaduras de discurso pseudoizquierdista y nacionalista como Angola, Zimbaue o Nicaragua. El lenguaje oficial se sumerge en el delirio más desenfrenado, por ejemplo los proyectos de megaminería están a cargo de un «Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico», hay un «Viceministerio del Poder Popular para la Suprema Felicidad Social del Pueblo» (¡sic!), y los operativos represivos militares y policiales mediante los cuales se ejecutó extrajudicialmente a medio millar de personas entre 2015 y 2016 se llaman «Operación Liberación del Pueblo» (OLP). En noviembre de 2016 doce jóvenes de una comunidad afrodescendiente de Barlovento fueron víctimas de desaparición forzada por parte del gobierno de Maduro en un operativo de la OLP, que bajo la fachada de combatir la delincuencia en realidad criminaliza la pobreza e institucionaliza las ejecuciones extrajudiciales. Luego de importantes protestas en la zona las autoridades accedieron a investigar y dar con la fosa común donde habían sido enterrados. Otras víctimas de desaparición forzada han sido el activista de izquierda Alcedo Mora y los hermanos Jesús y Eliézer Vergel, refugiados políticos colombianos. Fueron desaparecidos luego de que Mora documentara corrupción y contrabando de gasolina en Pdvsa. El contrabando de gasolina es una fuente también importante de corrupción, pues se distribuye casi gratuitamente, cuesta menos de un centavo de dólar llenar un tanque de cuarenta litros.
Este es el verdadero rostro corrupto, represivo, entreguista y burgués de un gobierno que empezó a hablar sobre la intención de construir un «socialismo del siglo XXI» en el año 2005, su séptimo año de gestión, como una fórmula para encubrir su giro hacia un grado mayor de autoritarismo dentro del marco capitalista. Con la degeneración sufrida por el país en los últimos años, está claro que la disyuntiva histórica de «socialismo o barbarie» que planteó Rosa Luxemburgo, se ha resuelto bajo el chavismo hacia la barbarie.
¿Usted cree que el gobierno de Nicolás Maduro está sufriendo un golpe de estado?
No hay ningún dato de la realidad que permita deducir que hay o hubo un golpe contra Maduro. El gobierno de Chávez sufrió un golpe militar en 2002, el cual nuestra corriente política combatió como parte de la enorme movilización popular que logró poner en huida a los golpistas. Luego hubo un intento de derrocar al gobierno mediante un lock out patronal y un sabotaje petrolero a fines de 2002. Tanto las fuerzas armadas como la alta gerencia petrolera que participaron en esos intentos de golpe fueron purgadas, quedando en manos del chavismo. A partir de 2004, cuando Chávez triunfa en el referendo revocatorio, la mayor parte de la burguesía llegó a acuerdos con el chavismo, incluyendo a los sectores más concentrados del capital financiero y los grandes medios de comunicación, como Venevisión del Grupo Cisneros. Luego siguió avanzando mediante la cooptación de sectores burgueses con la asignación de dólares baratos, y empresarios chavistas fueron comprando periódicos, emisoras de radio y televisión. De tal manera que se fue consolidando una gobernabilidad capitalista bajo la égida de Chávez y no hubo nuevos intentos de golpe ni nada parecido.
A pesar de ello, el gobierno tomó ese hecho histórico, el golpe de 2002 y lo manipuló de manera extrema en los años posteriores. Para el chavismo cualquier huelga o protesta puede ser considerada «golpista». De hecho el gobierno empieza a hablar de «golpes de cuarta generación», «golpes suaves» y toda clase de constructos conceptuales aberrantes para considerar que hay un «golpe permanente» en su contra, del cual puede formar parte cualquier expresión de lucha reivindicativa o de opinión disidente. Voceros del gobierno dicen que la inflación ha sido inventada por conspiradores misteriosos que libran una «guerra económica». ¿Quiénes? Nadie lo sabe, las acusaciones se quedan en generalidades y abstracciones como «el imperio» o «la burguesía apátrida». Un ministro de Economía chavista, Luis Salas, llegó a asegurar que la inflación no existía, que sólo existía la especulación motivada políticamente, y que la impresión de dinero inorgánico no incidía en el aumento de los precios. Una mezcla de posmodernismo y estalinismo como parte de un discurso paranoico para encubrir el criminal ajuste y el viraje dictatorial del régimen.
En las protestas de abril a julio de este año Maduro usó con particular insistencia la acusación de que los saqueos, las marchas y los cacerolazos en los barrios populares eran un golpe de Estado y que quienes protestaban eran terroristas. Sectores de la izquierda latinoamericana repitieron cobardemente las mismas mentiras que el gobierno usaba para justificar asesinatos, persecuciones y torturas. Por ejemplo, el economista argentino Claudio Katz llegó a decir en un debate público que prefería oponerse al golpe y equivocarse en caso de que no existiera, porque si no había golpe no pasaba nada; en cambio si había un golpe y no se le denunciaba se venía algo parecido a lo sufrido por Chile bajo Pinochet. Pues bien, está claro que no hubo ningún golpe contra Maduro durante las protestas, por el contrario, fue Maduro quien se hizo con el poder absoluto y los lloriqueos de sus intelectuales «de izquierda» fueron la música de fondo de un ataque violento contra el pueblo venezolano que culminó en la imposición de un régimen de facto cuya expresión es la ANC. Nunca olvidaremos esa vergonzosa complicidad de los intelectuales y organizaciones de izquierda que callaron ante la represión y fueron cómplices de la contrarrevolución madurista, hablando de un falso golpe mientras los sectores populares se movilizaban contra el hambre.
¿Usted acompañó las protestas callejeras que tuvieron lugar en Venezuela? ¿Por qué las protestas disminuyeron?
Nuestra organización, el Partido Socialismo y Libertad (PSL) apoyó y participó del proceso de lucha popular contra el gobierno de Maduro, enfrentando y denunciando también a la desastrosa dirigencia de la MUD, que durante todo el proceso intentó desviar la lucha, contenerla y desvirtuarla, canalizándola para ejercer presión en el sentido de una negociación promovida por los EE.UU. y El Vaticano, no para la salida de Maduro que era lo que exigía la enorme mayoría de la población. Hubo momentos en que el gobierno realmente se tambaleaba por la movilización, hubo crisis y deserciones en la burocracia chavista, como la salida de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. También hubo desmoralización en las fuerzas armadas y policiales, por ejemplo hubo un enfrentamiento entre militares de la Guardia Nacional Bolivariana y efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en las afueras de Caracas y el ministro de la Defensa llegó a declarar que no quería ver más guardias cometiendo atrocidades en las calles, una clara muestra de la crisis que cundió en el aparato represivo.
Pero la ausencia de una dirigencia política alternativa que permitiera superar la influencia nefasta de la MUD impidió que el enorme esfuerzo de más de cien días de lucha callejera sacara a Maduro. Se fue imponiendo el desgaste producido por la represión y la ausencia de perspectivas luego de que la MUD aceptara participar en elecciones regionales fraudulentas convocadas por la ANC. Aunque la mayoría de las protestas eran espontáneas y no dirigidas por la MUD, para todos estaba muy claro que si la MUD había decidido legitimar a la ANC y concurrir a elecciones se anulaba la posibilidad de que cayera el gobierno. Eso también impidió que se profundizara la crisis del aparato represivo y en definitiva salvó a Maduro.
En Brasil, es muy difundida la idea de que la oposición al Maduro es «de derecha», mientras que quien apoya al actual presidente es «de izquierda». ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? ¿Existen partidos y organizaciones de izquierda contrarias al gobierno de Maduro?
Hay sectores autodenominados de izquierda que tienen en su base doctrinaria postulados nacionalistas, socialdemócratas y estalinistas, y que oscilan entre un apoyo acrítico a Maduro y un apoyo semicrítico. Para nosotros, esa izquierda que cree todavía en las burguesías nacionales latinoamericanas que el Che Guevara denominaba «el furgón de cola del imperialismo», solo se puede calificar en el mejor de los casos como reformista. Obviamente hay un juicio de valor allí, pero creemos que una auténtica izquierda no puede apoyar a un régimen cívico-militar que entrega las riquezas nacionales a las transnacionales, que es aliado de dictadores como Erdogan o Assad y que mata de hambre a la población para pagar la deuda externa.
Ha sido decepcionante constatar que la mayoría de los sectores que se autodenominan de izquierda en Latinoamérica apoyan a Maduro, sin embargo ha habido señales esperanzadoras con el repudio a Maduro por parte de la Fejuve de El Alto, una importante organización popular de Bolivia, así como las declaraciones de la dirección regional del PSOL en Rio de Janeiro, la corriente francesa Ensemble, o la protesta protagonizada por Izquierda Socialista en Argentina ante la embajada venezolana. Más recientemente las corrientes UIT-CI y LIT-CI impulsaron conjuntamente un manifiesto contra Maduro suscrito por más de cuatrocientos dirigentes sindicales y políticos de izquierda de 21 países. Estos pronunciamientos retoman la tradición de la verdadera solidaridad internacionalista.
Nosotros diferenciamos entre las organizaciones de centroizquierda que forman parte de la MUD y las organizaciones que ejercen una oposición de izquierda con total independencia organizativa y política respecto de la MUD. A este último sector lo denominamos oposición de izquierda. Dentro de la oposición de izquierda hay organizaciones marxistas y anarquistas. La única organización que dirige sindicatos y llegó a legalizar una tarjeta electoral es el PSL, entre cuyos dirigentes se cuentan el veterano dirigente obrero Orlando Chirino, fundador de la disuelta Unión Nacional de Trabajadores, o el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas. También hay dirigentes sindicales independientes como Thony Navas del sindicato de la salud en Caracas y Marco García, directivo del sindicato de trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, SinatraUCV.
¿Cómo se está organizando la izquierda «anti-Maduro» para combatir al actual régimen político y económico en Venezuela?
Durante un breve tiempo existió una coordinación con organizaciones que se consideran parte del «chavismo crítico», es decir, que reivindican a Chávez pero critican a Maduro. Dentro de esas organizaciones la más representativa es Marea Socialista, una ruptura del PSUV. Sin embargo este frente de la oposición de izquierda y el chavismo crítico se desintegró luego de las protestas, debido a que en el chavismo crítico todavía hay muchas dudas sobre qué tipo de oposición desarrollar ante el gobierno de Maduro. De manera inorgánica, muchos de los chavistas que han roto con Maduro se siguen reivindicando de izquierda y es importante su reorganización sobre la base de un balance crítico del llamado «legado de Chávez» para abonar a la construcción de una verdadera alternativa revolucionaria en Venezuela.
Pese a su dispersión y debilidad actual, el movimiento obrero tiene por delante el reto de constituirse en un polo de resistencia social al avance del régimen contra los derechos democráticos, en la perspectiva de construir desde abajo una huelga general que juegue un rol político decisivo.
¿Cuál es la salida para la actual crisis en Venezuela?
Lo que hay que hacer es lo que no ha hecho ninguno de los gobiernos burgueses de los últimos cien años en Venezuela, que es emplear la renta que genera la industria petrolera para invertir en el desarrollo agrario y la diversificación industrial. Todas las dictaduras militares y gobiernos democrático-burgueses, hasta llegar al actual gobierno cívico-militar, han intentado emplear la renta para subsidiar a sectores burgueses para que éstos desarrollen al país. Todos han fracasado y el más desastroso de los fracasos ha sido el del chavismo. Solamente una planificación democrática de la economía, bajo un gobierno de las organizaciones populares y obreras, puede realizar estas modestas tareas que la burguesía no pudo realizar en un siglo: parar el saqueo de las transnacionales petroleras, nacionalizar la industria petrolera totalmente, sin empresas mixtas, y planificar la inversión de la renta al servicio de una reforma agraria para lograr el autoabastecimiento de alimentos, el desarrollo de las industrias básicas del aluminio y el hierro en el sur del país, desarrollar la petroquímica y la manufactura, garantizar salarios dignos, preservar las fuentes de agua y energía hidroeléctrica impidiendo la destrucción ambiental de la megaminería, garantizar salarios dignos, salud y educación pública y gratuita, seguridad social universal, erradicar el hambre.
Esto implica el cese del desangre económico que significa el pago de los leoninos intereses de una deuda externa ilegítima, ilegal, fraudulenta, contraída por gobiernos antipopulares al servicio de negociados y corruptelas. Hay que desconocerla por completo y confiscar las cuentas y bienes de los empresarios que realizaron fraudes de importación. Y por supuesto que la posibilidad de realizar un programa semejante pasa por salir del actual gobierno cívico-militar. La debacle de la MUD, dividida y repudiada por sus capitulaciones ante el gobierno, es una oportunidad para construir otra oposición, basada en la unidad de los trabajadores y los sectores populares, apostando por el desarrollo autónomo de las organizaciones sindicales y populares para que se conviertan en una verdadera alternativa de poder.
