Por: Miguel Lamas
Durante dos meses, desde noviembre 2017 a enero 2018, un conflicto iniciado por los médicos cuestionando un artículo del nuevo Código Penal, escaló con luchas generalizadas y grandes movilizaciones exigiendo la abrogación (anulación) de todo el Código Penal y centrándose en los artículos que penalizaban la protesta social con cárcel y calificándola de «sedición».
La incorporación, aunque tardía después de 40 días de huelga de los médicos, de la Central Obrera Boliviana fue decisiva para obligar al gobierno a derogar primero dos artículos (cuestionados por los médicos) y finalmente todos los 681 artículos del Código Penal aprobado en diciembre del 2017.
Esta abrogación del Código fue una durísima derrota política para el gobierno y un triunfo claro del movimiento de masas. Aunque deja en vigencia leyes represivas anteriores, muchas provenientes de la dictadura de Banzer en los setenta, estas leyes resultaron inaplicables durante muchos años. Evo Morales intentó actualizarlas, empeorando sus aspectos represivos de la protesta popular.
La derecha opositora, que apoyó las marchas, intentó pero no pudo ser el centro del conflicto y aunque toda derrota del gobierno del MAS, de alguna forma los beneficia en sus expectativas electorales para las elecciones nacionales del 2019, no pudo atribuirse el triunfo. Durante un año se discutió el Código Penal en el Parlamento, sin que dijeran absolutamente nada.
Creciente descontento popular
El descontento popular viene creciendo y tiene una raíz en el incumplimiento de las promesas de cambio, junto con un deterioro económico, producto de la caída de los precios del gas y minerales, las dos principales exportaciones de Bolivia. Aunque los índices del PBI siguen marcando un crecimiento de alrededor de 4% anual, esto se debe al crecimiento de algunos sectores, como la agroindustria de los terratenientes del Oriente del país y obra pública, como carreteras y estadios (que son negociados con constructoras mediante altas coimas y basado en el crecimiento de la deuda pública, fundamentalmente con China).
La economía popular mejoró en varios sectores en estos años. Pero sigue habiendo gran pobreza, casi el 80% de trabajos informales, incluyendo una enorme proporción de pequeños comerciantes (se calcula que son 2 millones, el 40% de la masa laboral, sobre una población total del país de 11 millones). Para los jóvenes, y especialmente los jóvenes profesionales, conseguir un trabajo en su profesión es casi imposible, excepto en el Estado y para eso debe tener padrinos del MAS. El motivo fundamental de la llamada insurrección del gas o guerra del gas del 2003 era el trabajo, por eso se exigía nacionalizar a las multinacioales petroleras, para utilizar recursos para crear trabajo industrializando.
Pero no hubo nacionalización. El gas sigue controlado por Petrobrás, Repsol, Total, Gazprom, y otras empresas imperialistas. La minería sigue en un 70% en manos de transnacionales, la principal Sumitomo adueñada de la mina más grande de Bolivia. La agroindustria del Oriente del país, con fuerte dominio trasnacional, está fuertemente aliada al gobierno del MAS, que acaba de consolidar la propiedad terrateniente que supera las 5000 hectáreas que la Constitución establecía como límite superior de propiedad, subvencionando con combustible barato, aceptando la libre exportación, la deforestación masiva, el uso de transgénicos y el control de Monsanto de las semillas.
El resultado sobre las masas trabajadoras es que el gobierno intenta preservar las ganancias capitalistas facilitando despidos, rebajando los presupuestos de municipios, gobernaciones de Departamentos, universidades y presupuestos sociales. La salud pública, que no es gratuita como manda la Constitución, está en grave crisis (los médicos han calculado que haría falta al menos triplicar la cantidad de médicos, enfermeros y trabajadores en general en el sector de salud pública y Bolivia es el país que menos gasta relativamente a su PBI en Sudamérica). También hay una grave crisis de provisión de agua, para riego y consumo en el altiplano y valles, producto de la deforestación y falta de obras.
El otro elemento muy importante del descontento popular es la corrupción oficial que se desborda y que incluyo escándalos como una ex joven amante de Evo que apareció como gerente de una empresa China, CAMCE, con grandes inversiones sin licitación y préstamos pagaderos con el Estado.
Ese descontento ya ocasionó que Evo perdiera un referéndum, el 21 de febrero del 2016, para cambiar la Constitución y poder reelegirse por cuarta vez, por 51,5 al 48,5% de la votación válida. Sin embargo en un insólito fallo de noviembre de 2017, del Tribunal Constitucional, se establece que igualmente Evo Morales tiene derecho a presentarse a la reelección porque es parte de sus «derechos humanos». Posteriormente hubo elecciones de autoridades judiciales y un 66% votó nulo o blanco, expresando centralmente un «voto castigo» al gobierno, además de desconfianza en un sistema de elección fraudulento (los candidatos los elige el propio gobierno a través de su mayoría parlamentaria).
El gobierno intenta dividir a la COB
En Bolivia existe desde 1952 una sola Central Obrera Boliviana (COB). Presionada por sectores de base, la conducción de la COB de Guido Mitma rompió con el gobierno e impulsó la movilización por la abrogación del código. También comenzó a hablar de rearticular el Partido de los Trabajadores, fundado por la COB en un congreso de bases sindicales de 1300 trabajadores en el 2013. Aunque después la burocracia sindical de la COB pactó con el gobierno y abandonó el PT.
El gobierno contragolpeó, apoyado en las burocracias de varias Federaciones sindicales fundamentales, como Mineros (que por estatuto dirigen la COB), Petroleros y Campesinos, fracturó el comité ejecutivo, declaró que Mitma (también minero) es un «ex dirigente» porque su mandato se venció en enero y convocó a un Congreso en febrero de la COB. Por su parte la fracción Mitma tiene convocado a Congreso en abril, con apoyo de varias federaciones, sindicatos de base y centrales obreras departamentales, que no es reconocido por el Ministerio de Trabajo, que por tanto no otorgaría permisos sindicales para los delegados al Congreso.
La fracción Mitma está llamando a movilizaciones para defender a la COB del ataque del gobierno.
Alternativa política de los trabajadores, sin capitalistas ni corruptos
Desde ARPT Fuerza (organizaciones de la UIT-CI en Bolivia, en proceso de unificación) se hizo un llamado público a defender la unidad de la COB independiente del gobierno, que la encabece la lucha con un Congreso democrático que la fortalezca, contra la reelección de Evo Morales, contra el plan económico antipopular, levantando la agenda de octubre de nacionalización y expulsión de transnacionales, contra los despidos, respeto a ley de trabajo, salud, educación y trabajo digno para el pueblo, obras de provisión de agua para riego y consumo.
ARPT Fuerza retoma la construcción del Partido de los Trabajadores, junto a dirigentes electos en el Congreso del 2013, dirigentes regionales y agrupaciones, llamando a la unidad de una alternativa política contra el gobierno del MAS y la antigua derecha. Y llama a la COB, sindicatos y organizaciones de izquierda a impulsar la formación de esta herramienta política, con el programa revolucionario que se resolvió en su fundación, por un gobierno de los trabajadores de la ciudad y el campo, los indígenas, campesinos y clase media empobrecida, sin transnacionales, capitalistas ni corruptos.
