Roudy Joseph
El pasado 22 de mayo, el tambaleante presidente Jovenel Moïse se ha visto forzado a designar un Primer Ministro y reestructurar el gabinete ministerial. Es la tercera tentativa para constituir un nuevo gobierno y depende de la ratificación parlamentaria. De aprobarse, reemplazaría al gabinete del ex primer ministro Jean Heanry Céant, obligado a renunciar el pasado 21 de marzo luego de cosechar una resolución de censura a su política, fruto de las manifestaciones del “Pays Lock” de febrero.
Esta designación de Jean Michel Lapin, quien también es ministro de cultura, como primer ministro es objetada por la oposición, que impugna que ocupe dos cargos simultáneamente y exige la destitución de todos los ministros, quienes eran de la pasada administración de Céant.
La ofensiva popular a partir, por lo menos, de las protestas espontáneas en contra del anuncio del aumento del precio de todos los combustibles en julio del año pasado, ha sumido en una gran crisis política al desacreditado régimen. La crisis económica, con la devaluación del gourde en alrededor de un 33% desde 2017, sigue insuflando el descontento.
¿Quién no se acuerda de los eventos de los días 6 y 7 de julio del año 2018, principalmente en las calles de las ciudades y algunas regiones rurales de Haití? Recordemos que el actual gobierno había intentado aumentar hasta un 51% los precios de los combustibles, por recomendación del Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral del imperialismo que suele dictar políticas fiscales a los gobiernos de América Latina y el Caribe con nefastas consecuencias para la población, a la que se carga con todo el peso de los ajustes.
¿Cómo se podría olvidar las jornadas masivas de octubre del año pasado contra la corrupción de Petrocaribe o las dos semanas de “Pays Lock” (país trancado), las revueltas en el marco del segundo aniversario de la juramentación de Jovenel Moïse, el 7 de febrero de este año, y que reclamaban su dimisión?
Ya desde el momento en que asumió el poder en febrero de 2017, el gobierno de Moïse era cuestionado por el carácter fraudulento de su elección. Heredero de Martelly, su consigna de campaña era muy similar a la de Danilo Medina en su carrera presidencial del 2012 en República Dominicana: continuar lo que está bien y corregir lo que está mal.
En noviembre 2017 un informe de investigación del Senado sobre la gestión de los fondos de PetroCaribe entre septiembre de 2008 y septiembre de 2016, incriminaba a más de 15 altos funcionarios, incluidos 2 ex presidentes, en malversación de fondos y otras prácticas de corrupción. La investigación había comenzado el año 2016 bajo la dirección del senador Youri Latortue, antes era partidario del gobierno Tèt Kale y devenido en opositor, continuó con el senador Evalière Beauplan de la línea política de Lavalas, también opositor.
Luego, las manifestaciones se desarrollaron motivadas por la carestía de la vida y en rechazo en julio del año pasado del intento de aumentar los precios de los combustibles, lo que llevó a la renuncia del gobierno de Jacques Guy Lafontant. Y en agosto 2018, particularmente el 14 de agosto 2018 con el inicio de la campaña en las redes sociales sobre la rendición de cuentas de la gestión de los fondos de PetroCaribe, por artistas haitianos quienes se identifican con las luchas sociales. Este movimiento, #PetroCaribeChallenge iniciado con la consigna #KotKobPetroKaribeA (¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?) ha jugado un papel muy importante en el ascenso de las luchas, especialmente en las grandes movilizaciones de octubre y noviembre, convertidas en nuevos levantamientos populares por la salida del gobierno.
El movimiento impulsado principalmente por jóvenes, ha marcado un nuevo hito en las luchas sociales del pueblo por una vida digna, y enarbolando reivindicaciones democráticas básicas ha permitido superar el miedo a pedir cuentas a los funcionarios gubernamentales. De ahí han surgido nuevas agrupaciones juveniles de carácter político y social que exigen un cambio en todo el sistema, a nivel social, político, económico y cultural.
El gobierno venezolano incluye a Haití en el convenio de Petrocaribe en el año 2006, luego de superar la oposición del gobierno de EEUU. Se suponía que se beneficiaría al país al permitir al gobierno haitiano revender internamente el petróleo, las ganancias irían a un fondo en la forma de un crédito a bajo interés, y se destinaría la inversión social, educativa y en infraestructuras. Pero al igual que en otros países como Nicaragua o República Dominicana, Petrocaribe sirvió para engordar redes de corrupción. De los alrededor de 4 mil millones de dólares administrados mediante ese fondo, se cuestiona el destino de al menos la mitad.
Con las protestas de febrero 2019, se intensifica la lucha anti-corrupción, se exige al Tribunal de Cuentas apoderado del expediente publicar el informe final de la gestión del dinero de PetroCaribe. La rebeldía con el orden de cosas en el país es generalizada.
La corrupción endémica ha persistido por décadas, el régimen ha normalizado la corrupción en cualquier institución del Estado. Cuando un funcionario no aprovecha de sus posiciones, sea en el Estado como en cualquier otro ámbito de la sociedad civil y comercial, para el tráfico de influencias, manipular las cuentas públicas, o manejar de manera fraudulenta los fondos y bienes de la administración pública o privada, se le considera como una excepción. La burguesía y el imperialismo han convertido a la corrupción en uno de los pocos mecanismos de ascenso o movilidad social en el débilmente desarrollado capitalismo haitiano.
Es importante seguir impulsando la campaña con la consigna: «¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?», a nivel nacional e internacional. La población, que ya no puede seguir aguantando la crisis, tiene derecho a ver a los corruptos presos y que se sepa el destino del dinero. Es necesaria una articulación de las fuerzas obreras y populares para impulsar una alternativa política que daría una salida de fondo al país, lo que no puede hacer el gobierno sostenido por el imperialismo y el capital transnacional, especialmente de las megamineras, ni ninguna de las fuerzas representadas en el parlamento actual.
24 de mayo, República Dominicana
