Los abajo firmantes declaramos:
Luego del boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) liderado por un conjunto de secundarios, entre ellos, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y los efectos que tuvo esta movilización estudiantil sobre este proceso de ingreso a las universidades chilenas, el gobierno a través del Presidente Sebastián Piñera anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra los voceros de las ACES, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau, acusándolos de instigadores de la campaña contra la PSU.
Una medida judicial que lejos de apuntar hacia soluciones de fondo para cambiar el sistema de acceso a la educación superior, lo que hace es criminalizar por decreto la protesta social, perseguir a los liderazgos sociales y alentar desde el Estado castigos a quienes se alcen contra el modelo imperante en el país.
La actual movilización de los secundarios contra la PSU, al igual que en octubre de 2019 con el llamado a la evasión en el Metro, apuntó a terminar con uno de los pilares que sostiene la desigualdad en Chile, como lo es la educación en todas sus etapas y en especial en la superior. La PSU es el instrumento que mejor refleja que el poder del dinero garantiza acceso a las mejores universidades a los más ricos y a la elite, mientras posterga a la gran mayoría de los jóvenes que no recibió una educación de calidad en su etapa de formación a estudiar donde el sistema y puntaje se los permita a costa incluso de un alto endeudamiento familiar. No se trata entonces, como lo han querido instalar algunos, de una disputa que pone a estudiantes contra estudiantes, sino, de una lucha contra un sistema de acceso educativo funcional al modelo económico, que perpetúa la desigualdad incluso en los futuros profesionales.
La movilización secundaria es parte del estallido social que vive el país. No es una expresión ajena a las demandas de la sociedad chilena ni en su fondo ni en la forma que se ha levantado con masivas manifestaciones, huelgas y paros para exigir cambios profundos en las pensiones, en la salud, en las luchas feministas y por la igualdad de género, en la vivienda, en el medioambiente y en la educación. Los estudiantes exigen cambios profundos al sistema de acceso a la educación superior, pero también han sido opositores a la educación de mercado que concibe como un negocio el derecho a educarse. A la vez, los secundarios han sido la primera línea en la defensa de la educación pública que hoy yace moribunda y que es la expresión más nítida del fracaso rotundo de las políticas educacionales de los últimos 30 años.
Los secundarios conocen como nadie las políticas represivas, entre ellas, Aula Segura y no se sorprenderán ante las acciones que ahora emprenda el Estado contra los voceros de las ACES y otros estudiantes. Ellos iniciaron el estallido social que cambió el escenario político y han pagado con muertos, torturados, heridos y mutilados el derecho a rebelarse contra un país injusto y desigual. Es el momento que exista una solidaridad activa de la sociedad para frenar todo tipo de represión contra los jóvenes movilizados y a su vez, impida una “pasada de cuentas” a los dirigentes estudiantiles desde quienes se aferran a un modelo que los chilenos queremos cambiar en todas sus expresiones. Chile Despertó.
Todos somos Ayelén Salgado. Todos somos Víctor Chanfreau.
Todos somos secundarios. Nunca los dejaremos solos.
No a la criminalización de la protesta social
Santiago, 8 de enero de 2020
Mandar comunicados de apoyo a: asambleacoordinadora.aces@gmail.com
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