Editorial de Lucha Internacionalista, sección del Estado español de la UIT-CI
El rompecabezas milagrosamente funcionó: ¡¡hay gobierno PSOE-UP!!, a pesar de todos los intentos desde la derecha y desde el aparato de estado para hacer descarrilar el proyecto. Sólo hay que recordar las dos sentencias, la de la JEC y la del Supremo, el día antes del inicio de las sesiones de investidura, para la inhabilitación de Torra y contra la resolución europea que reconocía como eurodiputado a Junqueras, para evidenciar que hasta el último instante la Monarquía, el IBEX y la derecha buscaban un gobierno de acuerdo PSOE, PP y Ciudadanos, obviamente con la eliminación de Sánchez.
A menudo se tiene la sensación de que si estos grandes poderes no quieren un Gobierno es que este será bueno para las clases trabajadoras y los pueblos, pero esto es una forma de razonar demasiado simplista, aquello de que «los enemigos de mis enemigos, son mis amigos», casi nunca pasa y no funciona.
Este gobierno será un gobierno burgués y monárquico, porque ni cuestiona la Monarquía como cárcel de pueblos, ni al capitalismo que nos hunde en su crisis. ¿Es posible hacer una política para los trabajadores y los pueblos sin romper con el régimen y el sistema? Categóricamente, no. Y la respuesta, que también es cierta en épocas de bonanza económica, en esta situación de crisis económica y política, es aún más imposible.
Es por eso que el PSOE, que actúa como el elemento más conservador en el Gobierno, ha blindado los ministerios que podrían generar gastos significativos, dejando a UP carteras prácticamente vacías. De esta manera mantiene el compromiso con la vicepresidencia de Unidas Podemos de derechos sociales y agenda 2030, pero separa el tema de pensiones con José Luis Escrivá que había reclamado el aumento de la edad de jubilación y los incrementos desvinculados del IPC . El resto de ministerios de UP son trabajo, consumo, igualdad, universidades.
Y es que la reforma constitucional que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2011 con el apoyo de PP comprometerá los Presupuestos de 2020. El 1 de enero ha entrado en vigor el artículo 135.2 de la Constitución, que impide que las administraciones puedan incurrir en un agujero presupuestario según los márgenes establecidos por la UE. Es decir, a partir de ahora será inconstitucional que las cuentas públicas no recojan los ajustes que exija Bruselas: en este momento, de cara a 2020, pide una reducción por valor del 0,65% del PIB, unos 8.000 millones de euros, casi la mitad de lo que se gasta en prestaciones de desempleo. El cambio actual, también implica que cualquier presupuesto pueda ser recurrido si no se ciñe a estas demandas: es decir basta con 50 diputados, como PP + Vox, para impugnar lo que quieran …. Desde que se aprobó la reforma, han pasado 8 años, y se calculaba que, a estas alturas, ya se habría enjuagado el desfase. Pero no es así, y lo que el PSOE quiere garantizar es el cumplimiento con la UE, tratando de que la derecha lo deje pasar.
Y si condicionado estará en la política económica para que no se salga del guión, no menos pasará con la relación con Catalunya. El Gobierno ni acepta frenar la represión ni menos aún el derecho a la autodeterminación, y la simple promesa de mesa de diálogo y desjudicializar las relaciones con Catalunya, ya ha provocado todas las acusaciones desde la derecha. Mientras ERC aplaude para agarrarse a cualquier promesa para justificar la vendida del aterrizaje autonómico, el aparato del estado a través de su partido Vox, arrastrando a PP y Ciudadanos, marcará estrechamente cualquier movimiento del Gobierno Sánchez-Iglesias. El simple hecho de que la Abogacía del Estado recomendara respetar la resolución del Tribunal Europeo, supuso que Vox se querellara contra el Gobierno. Casado y también C ‘s ya han dicho moverán la in (justicia) que sea necesaria para evitar que los presos salgan o pisen las Cortes o el Parlamento …. Obviamente el Supremo dio la razón a la JEC inhabilitando Junqueras contra el Gobierno, los abogados del estado y la sentencia del Tribunal Europeo.
La negativa a la elección de Dolores Delgado, con un Casado llamando descaradamente a que el CGPJ la tumbara, es sólo otro aviso que se enmarca en la continuidad de los ataques judiciales y represivos sobre los luchadores: Òmnium calcula en 2.500 personas imputadas por el proceso, y la semana pasada se seguían sumando. Comienza un nuevo juicio contra el independentismo, ahora contra los mandos de los Mossos por el 1 octubre. Veremos el papel de la fiscalía y la abogacía del estado.
La subordinación del Gobierno Sánchez-Iglesias a los dictados del gran capital y la Monarquía, vendrá acompañado con un intento de desactivación de los movimientos populares y sociales. Por un lado, deben evitar la movilización sindical por la derogación de la reforma laboral. Del compromiso de derogar la reforma laboral, queda sólo una reforma de 4 apartados: el despido por absentismo causado por enfermedad; eliminar la ultraactividad automática; limitar la subcontratación a Servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; limitar la flexibilidad empresarial y las desvinculaciones salariales.
Tampoco da respuesta al movimiento más activo, el de pensionistas con un gran peso de Podemos en la COESPE. El Gobierno sólo se compromete a eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, pero la reforma del Sistema de Seguridad Social la hace «en el marco de diálogo social y del Pacto de Toledo», mientras que el movimiento se ha pronunciado abiertamente contra el Pacto de Toledo. No es casual el boicot de Podemos y la COESPE a la huelga general del 30 de enero de Euskal Herria por pensiones dignas.
¡Ninguna confianza en este gobierno!
¡¡Ni la mesa de negociaciones resolverá la represión y la negación de derechos, ni el acuerdo de gobierno PSOE-UP, resolverá las necesidades de los y las trabajadoras!!
¡¡Ni un paso atrás en la lucha, ninguna tregua en la movilización!!
20/01/20
