Todo el apoyo al pueblo trabajador dominicano en su lucha contra el fraude electoral
Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional
En un ataque a los derechos democráticos que evidencia el aceleramiento de la descomposición del régimen dominicano, las elecciones municipales previstas para el 16 de febrero de este año fueron suspendidas a escasas horas de iniciarse. Se abortó un masivo fraude mediante la manipulación de los equipos para la votación electrónica, que debía implementarse en los municipios que concentran el 62% de los electores. En al menos la mitad de los centros de votación, las boletas electrónicas presentaban vicios al no mostrar a uno o más de los candidatos opositores. La Junta Central Electoral (JCE), cercada por las denuncias y protestas, suspendió las elecciones.
Este hecho refleja la debilidad del régimen encabezado por el PLD, que ha gobernado en cinco de los últimos seis períodos presidenciales, los últimos cuatro de manera consecutiva. El fracaso del intento reeleccionista del presidente Danilo Medina y la división del PLD luego de las elecciones primarias en octubre del año pasado, les colocaron a las puertas de una derrota electoral, tanto en las elecciones municipales de febrero como en las presidenciales previstas para mayo. En su desesperación, el gobierno intentó perpetrar un gran fraude pero sus divisiones internas lo llevaron a un nuevo desastre.
República Dominicana tiene una larga tradición de fraudes electorales desde la invasión yanqui de 1965 avalada por la OEA. Las elecciones fraudulentas de 1966 iniciaron los doce años de dictadura proimperialista por parte de Joaquín Balaguer. En las elecciones de 1978 el régimen balaguerista fue derrotado, pero perpetró un fraude en la elección de diputados y senadores para proteger a la dictadura saliente. En 1990 y 1994, nuevamente el PRSC de Balaguer realizó escandalosos fraudes para adjudicarse las elecciones presidenciales.
Con el PLD en el poder se ha profundizado la manipulación de las elecciones mediante la compra de votos y las presiones a los empleados públicos. Como en la mayoría de las democracias burguesas latinoamericanas, la legislación electoral impide la participación en elecciones de organizaciones obreras y populares que no dispongan de cientos de miles de dólares. La corrupción también campea en la institución electoral, que en 2016 invirtió 40 millones de dólares en la automatización de la votación, en gran medida fallida, y nuevamente más de 20 millones de dólares en 2020 que se perdieron totalmente.
Huyendo hacia adelante, el presidente del PLD, Temístocles Montás, quien es uno de los implicados en el escándalo de corrupción de Odebrecht, culpó a la oposición de sabotear la elección. Aplicando esa política, los cuerpos represivos detuvieron a uno de los escoltas asignados recientemente por el gobierno al candidato presidencial opositor Luis Abinader, del PRM, así como a un técnico de la empresa de telecomunicaciones Claro, acusándolos de conspirar para sabotear las elecciones. Ambos denuncian haber sido torturados durante su detención. Las comunicaciones telefónicas entre ellos que han sido publicadas indican que conocían y cuestionaban las maniobras de agentes de seguridad al servicio del gobierno para manipular los equipos de votación.
La OEA, fiel a su tradición antidemocrática y proimperialista, ha jugado un rol vergonzoso de complicidad con el intento de fraude. Sus observadores no han publicado ningún informe sobre las irregularidades del proceso electoral. La misión, encabezada por el expresidente chileno Eduardo Frei, se ha limitado a hacer llamados al diálogo. A pesar de ello, los partidos PRM y FP han insistido en que la OEA audite el proceso electoral fallido, demostrando que junto al PLD son garantes del orden capitalista y que su mayor preocupación es evitar que la indignación popular se exprese en las calles. Parte de la negociación tras bastidores es el aumento de la asignación de recursos financieros por parte del Estado a los partidos para la prolongación de la campaña, para la cual ya habría un acuerdo.
Tanto el fraude como los intentos posteriores de encubrirlo han aumentado el repudio popular. Luego de las protestas populares en Santo Domingo Este y San Francisco de Macorís el día de la fallida elección, se han realizado protestas autoconvocadas en la capital y el interior, que han crecido hasta reunir a miles de personas a nivel nacional reclamando la remoción de la directiva de la JCE, y cada vez más la salida del propio presidente Danilo Medina. La oposición patronal, encabezada por el PRM, en cambio, concurrió al llamado de la JCE a una reunión en la que se reprogramaron las elecciones para el 15 de marzo, con votación manual exclusivamente, y sigue llamando a un pacto político con el gobierno. Incapaces de enfrentar al gobierno, dejan abiertas las puertas para un nuevo fraude electoral.
Acompañamos las consignas que levantan nuestros compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores de la República Dominicana:
¡Cárcel a los culpables del fraude! ¡Fuera la JCE y sus cómplices de la OEA!
¡Elecciones limpias y abiertas a la participación de todas las organizaciones!
¡Por una coordinadora de organizaciones obreras y populares que junto a la izquierda se ponga al frente de la lucha con su propio programa!
¡No al pacto de cúpulas que proponen el PRM y sus aliados! ¡Fuera Danilo y el PLD! ¡Que gobierne el pueblo trabajador!
20 de febrero de 2020
