Editorial El Socialista N468, periódico semana de la sección argentina de la UIT-CI
La foto del 9 de julio, en el acto del Día de la Independencia, es muy ilustrativa y fuerte. El presidente Fernández aparece “rodeado” por lo más representativo de las patronales.
Ahí estaban Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio; Eduardo Eurnekian, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Néstor Szczech, de la Cámara Argentina de la Construcción, y Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina. Y en un extremo de la foto el burócrata sindical de la CGT Héctor Daer. Días después tuvimos otra imagen reveladora, la del presidente con los dirigentes de Cambiemos “bajando el nivel de confrontación política”, como tituló el diario La Nación el 14 de julio.
Crece entonces el debate entre muchos compañeros que votaron al Frente de Todos “contra el ajuste hambreador de Macri” y que, aun manteniendo expectativas en el gobierno peronista, empiezan a ver estas contradicciones. ¿Para qué se reunió Fernández con los más importantes empresarios de la Argentina y con los dirigentes de Juntos por el Cambio? ¿En qué quedó todo el discurso sobre la expropiación de Vicentin y la “soberanía alimentaria”? ¿Y el impuesto a la riqueza?
Mientras todos los anuncios “progresistas” se hundieron en el mar del doble discurso, la realidad, lamentablemente, es que el gobierno peronista está negociando con las patronales la profundización del ajuste. Con más de 300.000 despidos, salarios cayendo hasta 25% en términos nominales, aguinaldos en cuotas o no pagados, una IFE de 10.000 pesos y hambre creciente en las barriadas populares, hoy la crisis ya la está pagando el pueblo trabajador con un fortísimo ajuste. Pero pretenden una profundización de todo esto. Cada vez suena con más fuerza que esta cuota del IFE será “la última”. Y tanto las patronales como el gobierno insisten en que no hay “ningún espacio” para la reapertura de paritarias. En las empresas gestionadas por el Estado (estatales como Aerolíneas y Austral, o semipúblicas como YPF) se anuncian reducciones salariales y de personal.
Del otro lado, a la lista de beneficios que ya reciben las patronales (nóminas de sueldos pagados por el Estado, subsidios, préstamos a tasas preferenciales, etcétera) se le suma el anuncio de una moratoria impositiva. Ya no será, como se dijo al principio, “para aliviar a las pymes”. Por el contrario, podrán ingresar las grandes empresas. En concreto, ya no solo no habrá impuesto a la riqueza, sino que las más importantes patronales del país serán “perdonadas” por los impuestos vigentes que no están pagando. Sumemos que el gobierno retrocedió definitivamente con Vicentin (“Yo me equivoqué con el tema Vicentin”, dijo en una entrevista a la FM Radio La Patriada, 13/7). La expropiación quedó archivada.
Y tenemos que agregar, además, que el presidente, por enésima vez, les aseguró a los empresarios que está dispuesto, como sea, a cerrar el acuerdo con los pulpos acreedores. Negociación en la que el gobierno peronista ya cedió 15.000 millones de dólares más respecto de la primera oferta.
Y todo sucede, nunca lo olvidemos, mientras seguimos en el pico de la pandemia del coronavirus. Increíblemente, en medio de las peores cifras de contagios y ocupación de camas, el “consenso” entre los gobiernos de la Nación, de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se encamina hacia “una mayor apertura”. En línea con lo que exigen las patronales, en los próximos días tendremos miles de industrias y comercios abiertos con más trabajadores sometidos al riesgo del contagio. Tal como dicen los ferroviarios del Sarmiento, que denuncian que no se respeta el distanciamiento social en los trenes, poniendo en peligro a los pasajeros y a los propios trabajadores ante la posibilidad de la multiplicación de contagios. Como le acaba de suceder a nuestra compañera delegada y diputada nacional electa Mónica Schlotthauer, a quien le dio positivo el test de coronavirus, como a otros ciento ochenta ferroviarios.
Mientras tanto, a pesar de la complicidad de las patronales y el gobierno, se sale a dar pelea. Así lo hacen los compañeros de Austral y de Latam, cuyos técnicos frenaron los aviones que la patronal se quería llevar del país. Los de la industria lechera. También los de UTA en Córdoba, que fueron ferozmente reprimidos. Los choferes de Bariloche. Los enfermeros del Posadas, y los trabajadores de la salud en general, que siguen luchando contra la precariedad mientras le hacen frente a la pandemia del coronavirus.
Frente al actual ajuste, y al aún mayor que se viene, desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo seguimos insistiendo. La crisis la tienen que pagar las patronales, los millonarios, los banqueros, los usureros de la deuda externa, no los trabajadores. Es necesario establecer de una vez por todas un impuesto a las grandes riquezas, como propone el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad. Y hay que dejar inmediatamente de pagar la ilegal, usuraria y fraudulenta deuda externa. Ahí está el dinero para implementar un fondo de emergencia que permita atender las necesidades más urgentes, tanto sanitarias producto de la pandemia, como las sociales, dando trabajo, salarios dignos y comida para todos los que lo necesiten.
