Nuestros derechos son esenciales
La pandemia del COVID-19 develó la magnitud de la crisis del sistema capitalista-imperialista a nivel mundial y el desastre al que nos lleva su modo de acumulación que se manifiesta en la destrucción de la naturaleza, la producción de nuevas epidemias y el aumento de la miseria y la desigualdad, que afectan particularmente a las mujeres trabajadoras y de los sectores populares. La combinación de pandemia y crisis económica puso al descubierto que este sistema capitalista patriarcal acrecienta las desigualdades de género en todas sus dimensiones con el aumento de la feminización de la pobreza, el aumento de la carga de tareas de cuidado para las mujeres, el incremento exponencial de las violencias de género y los femicidios y la restricción en el acceso a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.
Aunque el virus no distingue fronteras, géneros, ni clases sociales, su impacto en la salud y la vida de la población, sí. Así, mientras los gobiernos capitalistas buscan diferentes estrategias para “salvar la economía”, cada vez son más las trabajadoras y trabajadores contagiados y muertos pues se ven empujados a trabajar por la falta de medidas de protección social que permitan sobrevivir en el aislamiento, como en el caso de Argentina de Fernández o Chile de Piñera en donde millones de trabajadoras y trabajadores no esenciales son obligados/as a enfermarse en el transporte público, en las fábricas y en los comercios. Lo mismo sucede en países como México de López Obrador, Brasil de Bolsonaro o Ecuador de Moreno en donde no rigen medidas sanitarias de aislamiento y quienes optan por preservarse se enfrentan al hambre y al despido. . O en países como el Estado Español donde ni el gobierno Sánchez-Iglesias ni los autonómicos han sido capaces de garantizar las condiciones de salubridad necesarias para que la vuelta al trabajo se realice en las condiciones básicas para no exponer la vida de las trabajadoras; así se se han producido rebrotes con origen laboral, como paso en los campos de frutas o ahora con la reapertura de las escuelas.
Hoy vivimos la privatización de los sistemas de salud nacionales que trae como consecuencia una salud pública devastada que apenas subsiste con la superexplotación de trabajadoras y trabajadores, que tiene en su mayoría a mujeres médicas y enfermeras en la primera línea frente a la pandemia. Por otro lado, la salud privada se presenta como un recurso para unos pocos, lo que incrementa la muerte de los sectores populares, de la población migrante indocumentada, de las personas trabajadoras informales, de los habitantes hacinados de los barrios pobres, entre otros, como en el caso de Estados Unidos gobernado por Trump, en donde es la población afroamericana y latina la que presenta la mayor tasa de mortalidad por no poder pagar la medicina privada.
Pero ese no es el único aspecto grave de la pandemia, pues mientras las cifras del COVID-19 cubren los titulares de los medios de comunicación, las otras caras de la pandemia se cobran sus víctimas. Una de ellas es el aborto inseguro Según un estudio del Instituto Guttmacher de abril de 2020, haciendo una estimación conservadora, solo con una disminución del 10% en el acceso a la atención en salud sexual y reproductiva, se estima que 49 millones de personas en el mundo no accederán en 2020 a métodos anticonceptivos seguros cuando antes sí lo hacían y, producto de ello, podrían acontecer 15 millones de embarazos no deseados más por la falta de acceso a métodos durante el primer año de la pandemia. Asimismo, se estiman 3 millones de abortos inseguros más que tendrán lugar este año mayoritariamente en los países más pobres. Y las muertes por aborto clandestinos se incrementarán en 28.000 casos de mujeres gestantes. Este problema crece con el aumento de los abusos sexuales intrafamiliares al interior de los hogares en el marco de las medidas de aislamiento obligatorio.
Las formas en que se ha vulnerado el acceso a la salud sexual y reproductiva y al aborto en el año de la pandemia del COVID-19, son múltiples. Desde la reorientación de los sistemas de salud a atender casi exclusivamente la problemática del COVID-19 dejando de lado al conjunto de las problemáticas de salud, especialmente las preventivas, hasta el cierre de fronteras entre los países o ciudades que impidió a miles de mujeres gestantes viajar de un lugar a otro para poder realizar la práctica. Por ejemplo, en España, donde la ley de aborto voluntario rige desde 2010, solo dos comunidades decidieron eliminar la obligatoriedad de tener que acudir en persona a un centro de salud antes de poder pedir cita para abortar, con lo cual, ante la restricción de movilidad, miles de mujeres vieron vedado su derecho al aborto.
En otros países como en Estados Unidos, muchos gobernadores trumpistas intentaron aprovechar la situación de la pandemia para declarar como no esenciales a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo como en los casos de Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Luisiana y Tennessee para restringir el acceso al aborto, aunque estas prohibiciones fueron anuladas por tribunales y jueces federales o estatales en la majoría de los casos gracias a los esfuerzos de activistas y organizaciones a favor del aborto. Y en países como Irlanda en donde se conquistó el aborto legal en 2018, los recursos de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo comenzaron a girarse hacia la atención de la pandemia. Pero incluso, las restricciones excedieron lo presupuestario. En buena parte del mundo como en Arabia Saudita, Rusia y Brasil, entre otros países, los gobiernos comenzaron a prohibir los sitios web que brindan información sobre las interrupciones del embarazo en condiciones menos riesgosas, a través de medicamentos, con el argumento de que son la causa de las interrupciones de los embarazos que luego el sistema de salud no puede atender ante las complicaciones, en lugar de responsabilizarse por el derecho de las mujeres.
La región de Centroamérica y el Caribe tiene tres de los pocos países del mundo donde el aborto está penalizado en toda circunstancia: Nicaragua, Salvador y República Dominicana. Y en Venezuela, el gobierno de falso socialismo de Maduro solo permite el aborto si la madre corre peligro. En otros países donde existen las tres causales, como Panamá, el gobierno intenta avanzar en medidas de mayores obstáculos al aborto no punible, buscando incluso eliminar ese derecho, cuestión que también ocurre en un país como Polonia.
Asimismo, los gobiernos y los sectores conservadores y religiosos han buscado avanzar en la condena y criminalización de la movilización de las mujeres. En el Estado Español estos sectores han intentado culpar a las mujeres que se movilizaron el 8 de marzo por el desarrollo de la pandemia en ese país. En Turquía, Erdogan ha reprimido la movilización de las mujeres que reclamaban el cumplimiento del protocolo de Estambul contra la violencia machista.
Pero a pesar del impacto de la pandemia y de los intentos de los gobiernos capitalistas junto con las iglesias, de borrar nuestros derechos y frenar nuestras peleas, el movimiento feminista sigue vivo reclamando el derecho a decidir sobre la propia vida y el propio cuerpo. Por eso, en países como México las mujeres siguen reclamando la legalización y no solo la despenalización del aborto voluntario en los diferentes estados de dicho país como así también por el reclamo de que el gobierno se haga cargo de garantizar el alojamiento de las mujeres que sufren violencia de género. En Argentina, a pesar de las evasivas del gobierno, la fuerza que encendió la marea verde sigue reclamando que el aborto legal, seguro y gratuito, sea ley. Igual que las chilenas, las brasileras, las peruanas, las bolivianas, las panameñas, las dominicanas, las ecuatorianas, las nicaragüenses junto con mujeres de todo el mundo. Por eso, este 28 de septiembre, día internacional por la lucha por la despenalización y legalización del aborto y día internacional de acción por la salud de las mujeres, decimos: ni una presa, ni una muerta, ni una mutilada más por abortar en la clandestinidad. Basta de privatización, defendamos y recuperemos una salud pública que garantice sin restricciones ni discriminaciones nuestros derechos sexuales y reproductivos. Hagamos una gran jornada de lucha por la salud de las mujeres.
A las mujeres trabajadoras, a las estudiantes y a las activistas las convocamos a seguir movilizadas en todo el mundo. No podemos permitir que la pandemia sea utilizada como excusa por los gobiernos para criminalizar, reprimir y atacar nuestros derechos fundamentales. Ni un paso atrás sobre los derechos conquistados y vamos por más. Exigimos el derecho al aborto voluntario legal, seguro y gratuito para todas las mujeres y personas con posibilidad de gestar. Organicemos una gran jornada de lucha este 28 de septiembre, independiente de todos los gobiernos capitalistas. Desde los más reaccionarios como Trump, Bolsonaro o Erdogan hasta los de doble discurso como Fernández y López Obrador, todos se oponen a los derechos de las mujeres. Eligen a las iglesias y a la economía de los grandes capitalistas, mientras nos pretenden matar con ajustes, violencia machista y clandestinidad. Por eso, avancemos en la organización de las mujeres trabajadoras, independiente de los gobiernos capitalistas para seguir luchando hasta arrancar lo que nos corresponde. Nuestros derechos son esenciales.
– Basta de criminalización a las luchas de las mujeres. Ni una muerta ni una presa más por abortar.
– Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto legal seguro y gratuito ya.
– Separación de las instituciones religiosas de los Estados.
– Aumento inmediato de los presupuestos de salud en base al no pago de las deudas externas e impuestos a las grandes fortunas y riquezas. Por sistemas únicos de salud públicos, universales y feministas.
Unidad internacional de trabajadoras y trabajadores – Cuarta Internacional
21/09/2020
