Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI. 26.01.21
Gran parte de los medios de información hablan del “gran éxito” de Israel en la lucha anti-Covid, señalando que ya vacunó al 30% de su población, de nueve millones de habitantes, con la primera dosis de Pfizer, mientras que 8% ya recibió la segunda. Esto contrasta efectivamente con índices muy bajos de vacunación en Europa y los Estados Unidos, y casi nulos en los países semicoloniales. ¿Pero de qué es “ejemplo” Israel?
En primer lugar, y como sucede históricamente con el Estado racista de Israel, es ejemplo de discriminación. El plan de vacunación contra el Covid-19 abarca solo a los ciudadanos israelíes, incluidos los 600.000 colonos sionistas de Cisjordania, pero excluye a los casi cinco millones de palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza bajo la ocupación militar israelí.
Además, Israel mantuvo todo el año 2020, y mantiene, en plena pandemia el bloqueo de la Franja de Gaza, lo que impide aún más el buen funcionamiento de su sistema de salud, sometido a medio siglo de ocupación y más de un decenio de bloqueo, ya que no puede atender las necesidades de su población. La pandemia de Covid-19 y la falta de acceso justo a las vacunas no han hecho más que agravar la discriminación y la desigualdad que sufre la población palestina.
Mientras el pequeño territorio de Gaza permanece bloqueado, Cisjordania está ocupada militar y económicamente en sus mejores tierras. Se apropiaron hasta del agua dulce para sus 600.000 colonos, que privan a los palestinos de medios de vida. Es decir, los territorios palestinos que abarcan solo una quinta parte de la Palestina histórica (el resto es del Estado de Israel) están bloqueados u ocupados y totalmente sometidos económicamente. La Autoridad Palestina es una formalidad sin recursos ni soberanía.
La pandemia se convirtió en otra herramienta del sionismo para destruir la sociedad palestina y seguir intentando expulsar a su población hacia otros países árabes.
Israel, campo de prueba de Pfizer y desastre social
El Estado de Israel, en medio de una crisis política, tendrá elecciones en marzo. Su gobernante, el primer ministro Benjamin Netanyahu, está siendo fuertemente cuestionado por corrupción. Intenta aparecer como “el salvador” de Israel contra el Covid-19.
El acuerdo con Pfizer, además del altísimo precio pactado de 38 dólares por cada dosis (en Europa es de 24 dólares), convierte a todo el país en un campo de pruebas porque el Estado de Israel se comprometió a entregar de inmediato a Pfizer todas las historias clínicas de los vacunados.
Lógicamente, a la empresa farmacéutica, además de vender millones de vacunas, le interesa tener en sus manos y usar en su beneficio económico la máxima información posible sobre los efectos secundarios y la inmunidad que vaya generando su vacuna. Las de Pfizer y Moderna son las primeras vacunas de ARN de la historia de la humanidad, una nueva tecnología aún no suficientemente probada, que recibieron luz verde por parte de las autoridades estadounidenses y europeas por la vía de la emergencia sanitaria. Así no hay datos claros sobre si puede prevenir la transmisión del virus y proteger a largo plazo.
Como sucede en casi todos los países del mundo, las consecuencias económicas de la pandemia en el sistema capitalista son durísimas y profundizan la desigualdad social entre los mismos ciudadanos israelíes. Mientras sectores económicos vinculados a las altas tecnologías no solo siguieron trabajando plenamente, sino que prosperaron en estos meses, otros se encuentran al borde del colapso. Las familias más pobres quedan al margen del sistema educativo por mala conexión a internet y por falta de computadoras. Hay centenares de miles de nuevos desocupados y también de ocupados que son obligados a aumentar su carga laboral sin aumento salarial.
Es decir, Israel, lejos de ser un “ejemplo” ante la pandemia, muestra y agudiza el carácter racista, genocida y profundamente explotador del Estado sionista.
