No es la primera vez ni será la última. El «progresista» Fernando Lugo, que llegó al gobierno con los votos del campesinado (a quienes prometió reforma agraria y lucha contra el latifundismo) ordenó reprimir a sangre y fuego a sus ex votantes, quienes se defendieron ante la violenta agresión policial. Resultado: numerosos muertos y heridos.
El mismo Lugo ha salido a defender el derecho a la propiedad privada del estanciero latifundista y obviamente a respaldar la actitud represiva policial. Para eso rige en Paraguay la ley antiterrorista, aprobada por el parlamento. Pero como le suele suceder a los tibios que optan por enfrentar al pueblo para salvar su sitio en el sillón presidencial, ahora corre el peligro de convertirse en prisionero de quienes lo apoyan por derecha. De hecho, los patrones de la soja y los sectores más de derecha ya piden su cabeza, si no decreta el estado de excepción (es decir, más represión y más muerte).
Mientras tanto, el campesinado pobre del Paraguay (que vive en situación de extrema miseria, sin viviendas, sin salud, sin educación… y sin tierras, vela a sus muertos y se prepara para seguir resistiendo. Frente a la opresión de los de arriba, se llamen como se llamen, no hay otra alternativa que la lucha.
Luego de reconocer que «hay siete bajas en el lado de la policía y por lo menos nueve entre los ocupantes», Filizzola, desde la residencia presidencial de Asunción, descartó que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenga alguna vinculación con el enfrentamiento entre 150 campesinos y 300 policías, y acusó a los ocupantes de haber iniciado los disparos: «Hubo disparos de parte de ellos, la Policía tuvo que responder», subrayó, y agregó que «se actuó en base a una orden judical. Hemos actuado como la ley manda. Sabíamos que había armas, sobre todos rifles, escopetas y armas cortas. Por eso enviamos al lugar a 300 efectivos para cumplir con el desalojo», explicó.
Relató que cuando los jefes policiales fueron para negociar con los líderes campesinos, «fueron recibidos a balazos», momento en que se registraron las bajas. Los ocupantes del terreno, una reserva natural propiedad del empresario Blas Riquelme, se dispersaron y se internaron en una zona boscosa pero fueron rodeados por la fuerza. «Seguimos allí con 321 efectivos, en el lugar, apoyados por helicópteros», advirtió Filizzola.
La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados «brasiguayos», prósperos productores de soja brasileños, instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con la Argentina y Brasil.
El presidente Fernando Lugo repudió los enfrentamientos y manifestó su «absoluto respaldo» a las fuerzas de seguridad en un breve comunicado y extendió sus pésames a los familiares de los policías fallecidos. Agregó que ordenó a las Fuerzas Armadas apoyar con sus efectivos el operativo policial «de acuerdo a la constitución y la ley». «Todas las áreas del gobierno están trabajando en este momento en líneas de acción para devolver la calma y la tranquilidad a Curuguaty», manifestó.
El Senado, mientras tanto, convocó de urgencia a un plenario para debatir el establecimiento del estado de excepción en el departamento de Curuguaty, donde se registraron los hechos. El dirigente campesino José Rodríguez, estrechamente vinculado al presidente Lugo, alertó que el enfrentamietno «pudo haber sido un autoatentado de la policía» para justificar las muertes de los sin tierra.
La Asociación Rural de Paraguay (ARP) calificó de «gravísimo» lo sucedido: «Estamos convocando a los miembros de la Rural para emitir un comunicado porque esto es gravísimo», denunció Germán Ruiz, titular de la ARP. Héctor Cristaldo, por su parte, de la Unión de Gremios de la Producción, señaló que urge un juicio político contra Fernando Lugo.
Después de que se conociera el saldo parcial de los enfrentamientos, Blas Riquelme advirtió que «no vamos a ceder, vamos a usar todas nuestras fuerzas para que prime el derecho a la propiedad privada y de una unidad económica que está produciendo. Esta es una estancia modelo para mostrarle a cualquiera en nuestro país», agregó el empresario, cuyas tierras están entre las que reclaman las organizaciones de campesinos sin tierra.
Identifican a los primeros campesinos fallecidos
Arnaldo Ruiz Díaz, Adelino Espínola y Rubén Villalba son los primeros campesinos identificados que fallecieron durante los enfrentamientos contra los efectivos policiales este viernes en Curuguaty.
El corresponsal de Última Hora en Curuguaty, Dionisio Cáceres, informó que los primeros campesinos fallecidos fueron reconocidos por los forenses. Las víctimas son Arnaldo Ruíz Díaz y uno de los líderes campesinos Adelino Espínola, además de Rubén Villalba, cuyo deceso se confirmó pasado el mediodía.
Espínola ya contaba con medida sustitutiva por otros casos de invasión y por disturbios en la vía pública. Los demás fallecidos fueron derivados al hospital regional de Curuguaty para un examen forense y verificación de huellas dactilares para confirmar su identidad.
El ministro Carlos Filizzola, en conferencia de prensa, manifestó que el enfrentamiento dejó 7 efectivos policiales y entre 9 y 10 campesinos fallecidos, además de un centenar de heridos.
Al menos 18 personas murieron en un enfrentamiento entre policías y campesinos durante un intento de desalojo en una reserva natural de la localidad paraguaya de Curuguaty, a 250 kilómetros de la capital Asunción.
Los violentos enfrentamientos se desataron cuando las fuerzas de seguridad, respaldados por el presidente Fernando Lugo, intentaron desocupar los terrenos de la reserva ocupados por campesinos sin tierra.
El número de víctimas aún no es definitivo, ya que todavía se buscan a heridos y fallecidos entre policías y campesinos. Las tareas de rescate se complican por la falta de garantías de seguridad en la zona, según dijo el director del Servicio de Emergencias Médicas Juan Carlos Portillo al diario paraguayo ABC.
El primer conteo indicaba que entre las víctimas fatales hay al menos siete policías y diez campesinos, entre ellos uno de los líderes de la revuelta, Adelino Espínola, según el diario Última Hora.
Las versiones sobre los incidentes todavía son contradictorias y el gobierno asegura que los campesinos estaban armados: «Tienen armas de grueso calibre, como fusiles M-16», aseguró Walter Gómez, jefe de Investigaciones de Canindeyú, al canal 13 de televisión.
«Ellos dispararon directamente a matar sobre nosotros. Estamos en una situación límite», explicó en tono dramático el uniformado. «La policía se presentó al desalojo y ellos dispararon directamente a matar y mataron», agregó.
Los invasores del terreno, una reserva natural propiedad del empresario Blas Riquelme, están liderados por Carlos Raúl Villalba, dijo Gómez.
El presidente Fernando Lugo repudió los enfrentamientos y manifestó su «absoluto respaldo» a las fuerzas de seguridad. También extendió sus pésames a los familiares de los policías fallecidos que actuaron «de acuerdo a la constitución y la ley».
«Todas las áreas del gobierno están trabajando en este momento en líneas de acción para devolver la calma y la tranquilidad a Curuguaty», manifestó en un comunicado. Lugo convocó a la casa presidencial a sus ministros del Interior, de Defensa y al comandante de las Fuerzas Militares para analizar la situación.
El Senado, por su parte, convocó de urgencia a una plenaria para debatir el establecimiento del estado de excepción en el departamento de Curuguaty, donde se registraron los hechos.
La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados «brasiguayos», prósperos productores de soja brasileño, instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con Argentina y Brasil,.
Un senador opositor pide el juicio político de Lugo
La Cámara alta de Paraguay sesiona de urgencia tras los hechos de violencia en Curuguaty. Juan Bóveda, de UNACE, instó a investigar al mandatario. Diputados dio dos horas para la salida del ministro del Interior
La muerte de al menos 17 personas en un enfrentamiento ocurrido tras el desalojo de un campo ha sumido al gobierno de Fernando Lugo en estado de crisis.
El Senado convocó a una sesión inmediata para tratar los caminos por seguir. Legisladores oficialistas y de la oposición piden la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y que el Gobierno decrete el estado de excepción.
La vicepresidente primera de la Cámara de Diputados, Emilia Alfaro, se sumó al pedido de renuncia. La legisladora es la esposa del vicepresidente de Paraguay, Federico Franco.
El presidente Lugo ha enviado a las Fuerzas Armadas para dar apoyo a la policía, que se vio desbordada por los incidentes, que costaron la vida de 7 integrantes de esa fuerza.
El titular del Congreso, el senador Jorge Oviedo Matto acusó directamente a Fernando Lugo por la inacción del gobierno para combatir y eliminar a los grupos violentos que intentan conseguir sus objetivos mediante el caos y la violencia.
«Acá no hay que hablar de jefe de policía ni de ministro, acá el presidente es el responsable de la seguridad interna, las fuerzas del orden están a su cargo. Esto no puede seguir así», opinó.
La policia montó un escenario de guerra abierta contra los campesinos, y el resultado fue numerosos muertos.
Consideró que el clima de violencia «se irá incrementando a medida que se acerquen las elecciones generales, porque este es el caldo de cultivo que quieren». «No les salió con las manifestaciones que armaron hace unos días frente a este poder del Estado, pero evidentemente este tipo de cosas irán acrecentándose porque hay ideas desde el gobierno que no quieren entregar el poder», aseguró.
El senador colorado Julio Velázquez igualmente mencionó un «plan luguista» para evitar las elecciones y agregó que el otro objetivo es disolver el Parlamento Nacional y el sistema democrático. Dijo que el claro ejemplo de eso son las manifestaciones ciudadanas que supuestamente fueron orquestadas por el propio Lugo. Pidió igualmente la renuncia del comandante de la Policía, Paulino Rojas, y del ministro del Interior, Carlos Filizzola.
La Cámara de Diputados, en tanto, convocó a una sesión extraordinaria para las 20:00 horas locales, a fin de tratar el violento desalojo ocurrido Curuguaty. La petición fue formulada por la legisladora Olga Ferreira de López, del partido Patria Querida.
El cuerpo legislativo, además, dio un plazo de dos horas a Lugo para destituir al ministro Filizzola.
