Por Equipo Comunicación Indígena OriginariaEl proyecto de ley de minería del MAS favorece los negocios más que la Ley 1777 de Goni
– El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) se reunió en Cochabamba para evaluar los proyectos de ley que se alistan en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Las propuestas de normativas de Agua, Minería, Consulta y Madre Tierra fueron analizadas por representantes de los 16 suyus de la organización, quienes evidenciaron que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) no toma en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas al momento de elaborar leyes que les afectan. Exigen al presidente Evo Morales que su partido consensue con los indígenas estos textos a aprobarse en la ALP. Y que expulse a las empresas transnacionales que saquean los recursos naturales de Bolivia.
“Los recursos naturales que existen en nuestro territorio deben quedar para todos los bolivianos y bolivianas. Nosotros deberíamos sentarnos a dialogar con los mineros de Bolivia, para que sean nacionalizadas las minas y sean administradas sin contaminar a nuestros territorios. Queremos que se vayan las transnacionales, por eso luchamos los pueblos indígenas. Tiene que haber una verdadera nacionalización de nuestros recursos naturales, para que los administremos junto al Estado; y no dejárselos a las transnacionales, sean las que se dedican a la minería, al petróleo o a construir carreteras”, dijo Félix Becerra, jiliri apu mallku del Conamaq.
Según esta organización indígena, las propuestas de ley del MAS se dirigen hacia la consolidación del modelo de desarrollo neoliberal, en vigor en casi todos los países del mundo. Incluso la propuesta de ley de Minería preparada por el oficialismo favorece los negocios del capitalismo aun más que la ley 1777, todavía en vigencia, elaborada en 1997, durante el primer mandato del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Hemos analizado profundamente qué se trabaja en los poderes Ejecutivo y Legislativo en cuanto a las leyes que deben complementar a la Constitución. Creemos que los derechos de los pueblos indígenas que están en la Constitución, en convenciones y declaraciones internacionales deben ser incluidos en todas las leyes o decretos”, comentó el tata Jiliri.
“Cuando leíamos las propuestas de ley de la Madre Tierra, o la ley de Agua o la ley de Minería, veíamos que ninguno de sus artículos toman en cuenta a los pueblos indígenas. A estas propuestas de ley les falta integrar los derechos de los pueblos indígenas y naciones originarias. Sin embargo, en el Órgano Ejecutivo nos dicen que mañana o pasado pueden hacer aprobar estas leyes en la Asamblea. Pero nosotros dijimos que Conamaq no va a permitir que se aprueben estas leyes mañana o pasado. Acabamos de emitir una resolución y un pronunciamiento en el que exigimos al Gobierno que establezca consensos con los pueblos indígenas de Bolivia”, agregó Becerra.
La propuesta de ley de la Madre Tierra, elaborada por el gobierno y las organizaciones indígenas campesinas dos años atrás, fue modificada sustancialmente en manos de algunos operadores del MAS.El proyecto de ley de la Madre Tierra consensuada entre las organizaciones indígenas campesinas y la ALP en febrero de 2011 se encuentra en: http://www.cambioclimatico.org.bo/derechosmt/052011/AnteproyectoMT%20220211.pdf
“El gobierno nacional ya puso en el Parlamento la ley de Madre Tierra, pero con un título diferente al que hemos puesto en Conamaq cuando la presentamos –dijo tata Froilán Puma, arquiri apu mallku de esta organización-. Ahora, la ley de la Madre Tierra viene con un aditamento que nos sorprende leer: dice ‘y de Desarrollo Integral’. En Conamaq nos ha sorprendido que modifique este proyecto de la noche a la mañana. La propuesta anterior ha sido trabajada con las cinco organizaciones de lo que fuera el Pacto de Unidad”, que estaba integrado por Conamaq, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia).
Estas tres organizaciones son llamadas popularmente “las trillizas”, porque en bloque obedecen a todas las disposiciones del presidente Morales. Por mandato del MAS rompieron relaciones con la CIDOB y el Conamaq, porque estas últimas critican a muchas políticas neoliberales ideadas y ejecutadas por el gobierno nacional.
“Ahora aparece otra ley muy contradictoria con el proyecto anterior que hemos presentado. En Conamaq hemos tomado la decisión de no permitir al Parlamento ni al Presidente aprobar ni poner en vigencia la ley de la Madre Tierra modificada por el MAS. De la ley de la Madre Tierra anterior, elaborada por nosotros y el gobierno, dependen todas las otras leyes de Minería, de Agua, de recursos naturales. Para nosotros, la ley de la Madre Tierra es la segunda Constitución”, enfatizó tata Froilán.
En el Conamaq confían en que pueden presionar al Presidente para que finalmente respete los derechos de los pueblos indígenas. Consideran un triunfo el desenlace del conflicto de Mallku Kota, en el norte de Potosí, donde las bases de esta organización lograron expulsar a la transnacional minera South American Silver. No obstante, en Cochabamba denunciaron que el gobierno continúa con la persecución a los comunarios que estuvieron involucrados en esta protesta.
“Estamos enviando a manos del Presidente los pronunciamientos que hemos sacado como Conamaq. Él los leerá y debería extender los plazos de aprobación de estas leyes para llegar a consensos con los pueblos indígenas. Si no lo hace, comenzaremos estrategias de movilización con otros sectores, en su momento”, advirtió el Jiliri Apu Mallku.
