23/02/2014 – Por Simón Rodríguez Porras (PSL) — (English Version)
Las imágenes de miles de manifestantes en las calles de las principales ciudades venezolanas, el despliegue militar y las acciones armadas de grupos civiles, han sido difundidas internacionalmente durante las últimas dos semanas, acompañadas de las altisonantes denuncias gubernamentales sobre el desarrollo de un golpe de Estado, por un lado, y por el otro las acusaciones de la dirigencia de la oposición patronal sobre la que consideran una nueva confirmación de que el régimen político venezolano es dictatorial. Quien intenta comprender la situación que atravesamos constata que la presentación de los hechos está tan comúnmente mezclada con la propaganda de las facciones en disputa, que resulta difícil asumir posición críticamente. Podría decirse que dicha situación en sí misma no es nueva, a 12 años de un golpe de Estado que cristalizó una aguda polarización política. No obstante, la distancia que separa la situación actual de la vivida en el 2002 es tal, que realmente en muchos sentidos es su antítesis.
La actual crisis viene antecedida por una victoria electoral del chavismo.
Apoyándose en una campaña contra la especulación en la que intervino algunas cadenas de comercios, fundamentalmente del rubro de los electrodomésticos, el gobierno ganó en diciembre el 71,64% de las alcaldías, obteniendo aproximadamente el 49% de los votos, unos nueve puntos porcentuales por encima de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición partidista de la oposición patronal. La disidencia del chavismo alcanzó el 5%, el de la de la MUD poco más del 2%, y una cifra similar las candidaturas independientes. La MUD había hecho campaña adjudicándole una connotación plesbicitaria a la elección, y fracasó. Sin embargo, fue una victoria chavista relativizada por el agravamiento de la crisis económica. El año 2013 cerró con los índices más altos de inflación y desabastecimiento del período inaugurado en 1999. La falsa promesa gubernamental de que los llamados “precios justos” se consolidarían con las intervenciones de comercios ejecutadas antes de las elecciones, se estrelló rápidamente contra la realidad. Con el impulso del BCV, que aumentó la masa monetaria en un 70% durante el año 2013, el índice de la inflación llegó al 56,2%, y nada más en los meses de noviembre y diciembre, en plena campaña por los “precios justos”, la inflación fue del 7%. En cuanto al índice de desabastecimiento, según el Banco Central de Venezuela (BCV) el promedio de los años 2003-2013 fue de 13,3%, pero para enero de 2014, se registraba un desabastecimiento del 28% (26,2% en el rubro de los alimentos). Entre 2012 y 2013 la sobrefacturación de importaciones sobrepasó los 20 millardos de dólares, y Maduro se vio obligado a admitir públicamente que el gobierno no realizó un control posterior a la asignación de divisas a las empresas importadoras. Las reservas internacionales cayeron 8.017 millones de dólares durante el año 2013, para abrir el año 2014 en 21.736 millones de dólares.
Ante esta situación, el gobierno empleó el capital político de su victoria para impulsar negociaciones con la dirección de la MUD con el objetivo de obtener apoyo para las medidas de ajuste que planeaba implementar. Describiendo el zigzagueo característico del chavismo, diez días después de las elecciones municipales y de su victoria contra el “fascismo”, Maduro se reunía cordialmente en Miraflores con la mayoría de los alcaldes y gobernadores de la MUD, y entre los planteamientos que hizo estuvo el llamado a concertar la implementación de un aumento al precio de la gasolina, altamente subsidiado. En un comunicado posterior, la MUD apoya el aumento y anuncia que “pone a disposición del Ejecutivo sus recursos técnicos y políticos para alcanzar el mayor consenso en una materia de tanta significación para la vida de los venezolanos”. (http://www.el-nacional.com/politica/MUD-dispuesta-participar-aumento-gasolina_0_321568006.html). En posteriores reuniones con Maduro y el ministro del Interior, en las que participa el principal dirigente de la MUD, Henrique Capriles, las autoridades regionales y locales intercambian sobre planes de seguridad conjuntos. En los hechos se cierra el impasse abierto con la elección presidencial de abril de 2013, cuyo resultado no había sido reconocido por la MUD.
El 22 de enero, el gobierno anunció una devaluación del 79% para los rubros de importación considerados no esenciales, así como los cupos de divisas para viajeros y compras electrónicas, y de esa manera arrancó el ajuste. Pese al apoyo recibido de la patronal y la MUD para el aumento de la gasolina, el gobierno aplazó la ejecución de la medida, preocupado por la reacción social que podría desencadenar. Antes, el liderazgo ejercido por Chávez permitía imponer medidas antipopulares con mucha menor resistencia, por su carisma y prestigio personal ante grandes sectores de la población. Maduro adolece de grandes carencias en este sentido, y tanto las negociaciones con la MUD como la devaluación recibieron grandes críticas entre los activistas de la base chavista. En las pugnas entre sectores burocráticos del Psuv empezaron a salir públicamente acusaciones de “derechización” del gobierno.
En cuanto a la MUD, producto de su derrota electoral, se agudizaron las confrontaciones entre facciones. Mientras el ala mayoritaria, encabezada por Capriles y los partidos tradicionales, entró en el carril de la negociación y las exigencias al gobierno, el ala encabezada por Leopoldo López del partido Voluntad Popular (VP) y la diputada María Corina Machado, lanzó el 2 de febrero una campaña bajo la consigna «la salida está en la calle», con un acto en la Plaza Brión de Caracas. Es interesante notar que la mayoría de las menciones de López en los cables diplomáticos yanquis publicados por Wikileaks se refieren a los conflictos que el dirigente de VP ha entablado con otros dirigentes de la oposición patronal, conocida por sus vínculos con el gobierno de EEUU. También participaron en el acto del 2 de febrero el partido ex maoísta Bandera Roja, el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, y el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens. Allí anuncian la realización de una marcha el 12 de febrero en Caracas. Simultáneamente, en la isla de Margarita, un grupo de activistas ligados a esta tendencia, realizaba una protesta de contenido xenofóbico contra el equipo de beisbol cubano que participó en la Serie del Caribe. Como parte de esta campaña impulsada por VP, a partir del 4 de febrero se realizan las primeras protestas estudiantiles en San Cristóbal y Mérida, ciudades ubicadas en los Andes venezolanos. Presentándose como un sector más intransigente y radical, VP y sus aliados dentro de la MUD pretenden ganarse la dirección de la coalición, capitalizando al mismo tiempo la desastrosa situación económica y social del país para ganar adeptos para una salida por la derecha.
Las primeras protestas son acciones en las que participan unas pocas decenas de activistas, y de claro corte provocador, como la acción contra la residencia del gobernador de Táchira o algunas acciones armadas en Mérida. También hubo excesos policiales, por ejemplo, en Mérida la policía hirió de gravedad a un estudiante que no formaba parte de las protestas. Algunos detenidos en San Cristóbal fueron trasladados a la cárcel de Coro, a 500 kilómetros de distancia. Las principales consignas de esas protestas eran contra la inseguridad, pero en los días cercanos al 12 de febrero, empiezan a plantear directamente la renuncia de Maduro. Por su parte, el Psuv comienza a emplear grupos de choque parapoliciales para disolver las manifestaciones, independientemente de su carácter pacífico o violento, y atacar zonas residenciales. Un ejemplo de estas acciones es la agresión a las residencias Monseñor Chacón en Mérida, lugar en el que se realizaba un cacerolazo, resultando heridas dos personas. Las marchas del 12 de febrero, realizadas en 18 ciudades del país, cambiaron de contenido con respecto a su convocatoria original, convirtiéndose en movilizaciones por la liberación de los estudiantes detenidos y en rechazo a las actuaciones represivas policiales y parapoliciales. Sobre todo en el interior del país, donde el desabastecimiento y la crisis de los servicios públicos es mucho más severa que en la capital, las movilizaciones visibilizaron reclamos relacionados con estos temas.
Las dos facciones de la MUD fueron claramente rebasadas por las dimensiones de las movilizaciones, a las que subyace el descontento de grandes sectores de la población por la crisis económica y las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno. El Psuv realizó algunas concentraciones y marchas el mismo día, de menor magnitud. En Caracas se registraron los hechos que conducirían a un cambio importante en el desarrollo de las protestas. En los alrededores de la Fiscalía General, una vez dispersada la marcha que había partido de Plaza Venezuela, quedaron grupos de estudiantes y activistas que enfrentaron a la policía con piedras y realizaron daños a la fachada del edificio gubernamental. A través de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y grupos parapoliciales, se les reprimió a tiros, con el saldo de dos personas asesinadas, un joven que recibió un disparo por la espalda, Bassil Da Costa, y Juan Montoya, un policía del municipio Libertador que formaba parte de uno de los grupos parapoliciales que intervenía en la protesta. Según familiares y allegados a Montoya, un “funcionario” le disparó. Posteriormente, en otra zona de la capital, uno de los manifestantes que auxilió a Da Costa, Roberto Redman, fue asesinado. Desde una motocicleta, civiles dispararon una ráfaga que alcanzó a Redman y a cinco personas más que resultaron heridas. Esa misma noche, el coordinador de medios de Provea, una organización de defensa de los derechos humanos, fue secuestrado en un retén policial en una calle del oeste de Caracas, por hombres armados sin uniforme que se presentaron como agentes del Sebin, quienes le quitaron el teléfono móvil, y luego de golpearlo y amenazarlo de muerte durante un par de horas lo liberaron.
El diario Últimas Noticias, cuya línea editorial es favorable al chavismo, publicó un trabajo de investigación en el que documenta ampliamente la actuación del Sebin en los alrededores de la Fiscalía y la realización de disparos contra un grupo de manifestantes que corre alejándose de los agentes, en el momento en que cae Da Costa (http://laclase.info/nacionales/tiro-limpio-repelieron-manifestacion-del-12f). Inicialmente el presidente Maduro responsabilizó a los manifestantes de las muertes, y aseguró que en el país se estaba aplicando un “libreto” similar al golpe de Estado de 2002, pero luego aseguró que los agentes del Sebin actuaron motu proprio, y destituyó al jefe del cuerpo represivo. Sin dudas, las actuaciones del gobierno y los grupos parapoliciales el 12 de febrero marcaron un punto de inflexión, desatando protestas a una nueva escala, a pesar de que Maduro anunciara esa noche que no se permitirían las marchas que no contaran con autorización del gobierno.
Al momento de escribir estas líneas, en las protestas posteriores al 12 de febrero han muerto seis personas más, se estima que casi doscientas personas han sido heridas de bala y perdigones, la mayoría como resultado de las acciones de los grupos parapoliciales y la GNB, mientras que unas cuarenta personas se encuentran privadas de libertad. Existen numerosas denuncias relacionadas con torturas y tratos vejatorios por parte de los cuerpos policiales y militares que están interviniendo en las detenciones. Pese a la militarización de San Cristóbal y Mérida, las protestas continúan, y varias zonas de estas ciudades han sido bloqueadas por barricadas.
La mayor parte de la información referida a las protestas circula por medios electrónicos, mientras que los canales de televisión privados y estatales observan un acuerdo con el gobierno de no transmitir informaciones en directo sobre las protestas, ni imágenes que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) considere que incitan a la violencia. Por dificultades para acceder a las importaciones de papel, la mayoría de los diarios privados han reducido de manera importante el número de páginas, y algunos diarios regionales han salido de circulación, además de ello los propietarios de muchas publicaciones privadas se han alineado con el gobierno, lo que ha llevado a trabajadores de la prensa, como en el caso de la Cadena Capriles, a realizar asambleas para oponerse a las líneas editoriales de los dueños de los periódicos y la restricción del derecho a la información. El gobierno incluso ha sacado de los servicios de televisión por cable y satelital a canales internacionales que informan sobre la situación venezolana.
El gobierno apela al expediente de presentarse como víctima de un golpe de Estado en curso y compara la situación actual con la de abril de 2002. Sin embargo, esta comparación no se puede sostener racionalmente. No hay pronunciamientos contra el gobierno ni deserciones en las fuerzas armadas, cuyos mandos medios y superiores se encuentran cohesionados alrededor del gobierno y del sector burgués que dirige el Estado, constituido fundamentalmente por los nuevos ricos conocidos popularmente como “boliburgueses”, una buena parte los cuales son a su vez militares. La mayor parte de la dirigencia de la MUD no acompaña la campaña de “la salida” impulsada por VP, y ha polemizado públicamente con López. La agremiación patronal Fedecámaras no está llamando a paralizaciones, tampoco la burocracia sindical adicta a la MUD. En plena crisis, el mayor capitalista del país, Gustavo Cisneros, anunció su apoyo al gobierno, mientras que la transnacional Repsol firmó un acuerdo de financiamiento a Pdvsa por 1200 millones de dólares. La dirigencia de la Iglesia Católica no ha tenido un rol beligerante, más bien viene apoyando los planes de “pacificación” del gobierno. Maduro ha venido acercando posiciones con el gobierno de EEUU y hace menos de un año se reunían el canciller Jaua y el Secretario de Estado John Kerry, para anunciar la intención de recomponer las relaciones diplomáticas entre los dos países. La entrega de López a las autoridades, que ordenaron su captura responsabilizándolo por los muertos del 12 de febrero, resulta difícil de inscribir en la lógica de un inminente asalto militar del poder. Más allá de que toda la dirigencia de la MUD, tanto el ala de Capriles como la de López, estuvo involucrada en el golpe de 2002, y que la burguesía opositora cuenta con el golpe de Estado como parte de su repertorio, objetivamente no existe ningún indicio de que se esté llevando a cabo en estos momentos. En cambio, hoy son verificables los recortes a las libertades democráticas por parte del gobierno, con la coartada que le proporciona la propaganda antigolpista. De ahí que la principal tarea de la izquierda y las organizaciones sociales sea oponerse a este ataque a las libertades democráticas, sin dejar por ello de advertir que la MUD no representa una alternativa política que conduzca a la superación de los problemas que aquejan a la mayoría de la población.
El empleo de fuerzas parapoliciales por parte del gobierno para disolver protestas es un recurso en extremo reaccionario que debe ser enfrentado. Los mecanismos de la censura, por la vía de acuerdos entre el gobierno y los propietarios de medios o de la coacción, implican igualmente un ataque al derecho a la información. Se evidencia claramente la incompatibilidad de este derecho con la propiedad privada de los medios de comunicación y con la administración burocrática de los medios estatales. El Sebin, cuerpo represivo con un largo historial de violación de los derechos humanos, desde su creación bajo las siglas de la Disip en 1969, debe ser disuelto y abiertos los archivos de la represión para su conocimiento público. Todas las personas detenidas por protestar deben ser liberadas, y se debe realizar una investigación con participación de organizaciones de derechos humanos sobre la represión y los asesinatos perpetrados por grupos policiales, militares y parapoliciales en el marco de las protestas. Más allá de las protestas, los juicios abiertos a más de trescientos trabajadores, campesinos e indígenas por protestar deben cerrarse. Estas son reivindicaciones democráticas que todo aquel que se reivindique demócrata o revolucionario debe levantar, y contraponerlas a la doctrina de seguridad nacional esgrimida por Maduro para colocar los intereses del Estado por encima de los derechos sociales.
A medida que pasan los días, se extienden las expresiones de protesta, fundamentalmente a través de los cacerolazos, a los sectores populares de Caracas y otras ciudades del país, en barrios que durante mucho tiempo fueron bastiones del chavismo. Ello da cuenta de que el malestar con el ajuste que el gobierno aplica y que pesa sobre las mayorías empobrecidas, rebasa nuevamente a una dirección de la MUD que no dice nada al respecto. Evidentemente, la MUD no puede proponer nada en este sentido, por sus compromisos con la patronal, con el capital transnacional, y con los gobiernos imperialistas de EEUU y Europa.
Levantar una agenda de reivindicaciones sociales y económicas, además de las de corte democrático, es una tarea que solo pueden cumplir las organizaciones sociales y de izquierda no alineadas con el gobierno o la MUD. En un artículo titulado “Venezuela”, el cantautor panameño Rubén Blades llamó a los estudiantes venezolanos a “que se organicen al margen de la división estéril creada por gobierno y oposición” y “aclaren que no aceptarán como únicas alternativas, las propuestas por los dos bandos en disputa”. Tristemente, hoy el movimiento estudiantil ha sido copado por la oposición patronal al gobierno, sin embargo existen organizaciones políticas, entre ellas el Partido Socialismo y Libertad (PSL), que a contracorriente intentan visibilizar una perspectiva autónoma ante la crisis, tanto en el movimiento estudiantil como en el movimiento obrero y popular.
El desastre económico y social ha disipado el espejismo del proyecto chavista. La pretensión de superar los problemas estructurales de nuestro país dentro del marco capitalista, apostando al rol protagónico de burgueses nacionalistas, militares y un partido corporativo, ha fracasado y se encuentra en una etapa de avanzada descomposición. Los programas de asistencia social implementados luego de la derrota del golpe de 2002, tocaron techo y entraron en una dinámica recesiva a partir de 2007. Avanza la corporativización de las organizaciones sociales, se fortalece un entramado legal que restringe el derecho a la huelga y a la protesta, y se aprecia un empleo cada vez mayor del aparato represivo y administrativo para dirimir los conflictos sociales, política de la cual han sido claros ejemplos el encarcelamiento del cacique yukpa Sabino Romero y del sindicalista Rubén González entre 2009 y 2011, y la reciente detención de diez trabajadores petroleros que participaban en una asamblea en la Refinería de Puerto La Cruz, incluyendo al secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv), José Bodas. A ello se suma una debacle económica de la que no obstante salen bien librados los sectores transnacionales enclavados en la industria petrolera, la banca privada y el comercio importador, de todo esto el corolario es que la utopía reaccionaria de un “socialismo con capitalistas”, ha rodado por el suelo. Corresponde a la izquierda revolucionaria rescatar las banderas del socialismo que el chavismo utilizó para sus propios fines.
Según las cifras oficiales, más de nueve millones de personas, la tercera parte de la población, viven en condiciones de pobreza. Casi tres cuartas partes de los trabajadores del sector público ganan salarios por debajo del costo de la canasta básica, y se requieren más de dos salarios mínimos para cubrirla. Únicamente en el sector militar los aumentos salariales son superiores a la inflación. Indudablemente, la clase trabajadora puede jugar un rol decisivo para enfrentar la política económica del gobierno, derrotar la regresión democrática y levantar exigencias como un aumento general de sueldos y salarios, un salario mínimo igual a la canasta básica, la eliminación del IVA, la nacionalización de la industria petrolera, sin empresas mixtas ni transnacionales; una reforma agraria que garantice el aumento de la producción agrícola y el acceso a la tierra para quienes la trabajan, el rescate de las empresas básicas de Guayana y las industrias adquiridas por el Estado, apoyar las exigencias territoriales de los pueblos indígenas, que se declare la suspensión de los pagos de la deuda externa, y la derogación de los tratados contra la doble tributación suscritos con EEUU y otros países, instrumentos que permiten a las transnacionales evadir más de 17 millardos de dólares en impuestos anualmente. El PSL está impulsando un encuentro de organizaciones sindicales y populares para discutir en Caracas durante los primeros días de marzo una agenda unitaria de reivindicaciones, así como un plan de movilización. Los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares tienen la posibilidad de elevar su propia voz y resistirse a ser carne de cañón del gobierno o la MUD.
What is going on in Venezuela?
By Simón Rodríguez Porras (Partido Socialismo y Libertad-Venezuela)
The images of thousands of protesters on the streets of the main cities in Venezuela, the military deployment, the armed actions of civil groups, the government’s denouncements of a coup from one end and the accusations from the patronal opposition leadership of what they consider new evidence of the fact that the political regime is dictatorial on the other have been globally disseminated over the past two weeks. Whoever tries to comprehend the situation we are going through notes that the presentation of the events are so thoroughly intertwined with the propaganda of each disputing faction that it is hard to assume a critical position. It could be said that this same situation itself is not new, 12 years after the coup attempt that inaugurated an acute political polarisation. Nevertheless the distance that separates the current situation from that of 2002 is such that in many aspects it is its antithesis.
The current crisis is preceded by a chavismo electoral victory. Relying on a campaign against the speculation on consumer goods in which several companies took part in, the government won the December mayoral elections with 71,64% of the seats contested, obtaining approximately 49% of the total votes, some nine percentage points above the Mesa de la Unidad Democrática (MUD), the patronal opposition coalition. The MUD had campaigned under the connotation that the elections were a plebiscite on Maduro’s government, and failed. Nevertheless, it was a chavista victory relativized by the worsening of the economic crisis. The year 2013 closed with the highest index of inflation and shortages since the current government took power in 1999. The government’s false promise that the so-called ‘fair prices’ would be consolidated through the intervention on private commerce quickly clashed with reality. With the policies of the Venezuelan Central Bank (BCV) which had increased the monetary mass by 70% throughout the year 2013, the inflation index reached 56,2%, and only on the months of November and December, in the midst of electoral campaigning, the inflation was of 7%. As for the shortage index, according to the BCV the average for the years 2003-2013 was 13,3%, but by January 2014 shortages were registered at 28% (26,2% of these being food shortages). Between 2012 and 2013, the overcharging on imports exceeded 20 billion dollars, and Maduro was forced to admit publicly that the government had failed to make the necessary checks on the granting of foreign currency to import corporations. International reserves fell by 8.017 million dollars, throughout 2013, with 2014 opening at 21.736 million dollars.
Facing this situation, the government made use of the political capital gained in its victory to start negotiations with the leadership of the MUD, with the objective of obtaining support for the economic adjustment measures the government planned to implement. In a typical instance of chavismo’s zigzagging, ten days after the elections and the government’s victory against ‘fascism’, Maduro cordially met in Miraflores with the majority of the elected mayors and governors from the MUD, and set about discussing the economic measures to take. Among these, there was a call to implement a raise on the highly subsidised fuel prices. Following this, the MUD announces its support for the raise, and states that it ‘puts at the Executive’s disposition its technical and political resources to reach the highest degree of consensus on a matter of crucial importance for the lives of Venezuelans’. (http://www.el-nacional.com/politica/MUD-dispuesta-participar-aumento-gasolina_0_321568006.html). In subsequent meetings with Maduro and the interior ministry in which the main leader of the MUD, Henrique Capriles, takes part the regional and local authorities exchange joint security plans. This closes the impasse opened in the elections of April 2013, the results of which had yet to be recognised by the MUD.
On January 22, the government announced a devaluation of 79% for import goods not considered essential, as well as for the currency made available for travellers and electronic purchases. In this manner, the economic adjustment began. Despite the support received from the MUD for the increase in fuel prices, the government delayed the implementation of this measure in fears of the social reaction it could cause. Before, Chávez’s leadership enabled the government to implement unpopular measures with much less resistance, due to his charisma and personal prestige before large segments of the population. Maduro suffers from great deficiencies in this sense, and the negotiations with the MUD as well as the devaluation received great criticism from leftist activists in the chavista base. In the conflicts between sectors of the PSUV there began to emerge public accusations of a turn towards the right in the government.
As for the MUD, as a result of its election loss the confrontations between factions increased. While the majority wing, headed by Capriles and the traditional parties, entered negotiations with the government, the wing headed by Leopoldo López of the Voluntad Popular (VP) party and the national assembly deputy María Corina Machado began, on February 2, a campaign under the slogan ‘the exit is in the streets’ with a gathering in Caracas’ Plaza Brión. It is interesting to note that the majority of mentions of López in the yankee diplomatic cables published by Wikileaks refer to the conflicts he has with other leaders of the established opposition, known for its links with the US government. Also taking part in the February 2 gathering were the ex-Maoist Bandera Roja, the metropolitan mayor of Caracas Antonio Ledezma and the president of the Federation of University Centres from the Central University of Venezuela, Juan Requesens. There they announce plans for a march on February 12 in Caracas. Simultaneously, in the Nueva Esparta state, xenophobic protests were carried out against the Cuban baseball team that took part in the Caribbean Series tournament held there. As part of the campaign initiated by VP, starting from February 4, the first student protests began in San Cristóbal and Mérida, cities located in the Venezuelan Andes region. Presenting itself as a more intransigent and radical sector, VP and its allies within the MUD attempted to gain the direction of the coalition, capitalising on the disastrous economic and social situation of the country to gain followers for a right-wing exit to the crisis.
The first protests were carried out by a few dozen activists, and were clearly provocative in actions such as that carried out against the residence of the Táchira state governor or a few armed actions in Mérida. There were also police excesses; for example, in Mérida, the police inflicted serious injuries on a student that was not taking part in the protests. Some of those detained in San Cristóbal were moved to the Coro prison, 500 kilometres away from the state in which they were arrested. The main demands of these protests were against insecurity, but nearing the February 12 some started demanding that Maduro resign. On its end, the governing Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) begins to make use of armed paramilitary shock groups to dissolve protests, independently of whether these were peaceful or violent, and to attack residential areas. An instance of these were the aggressions against the Monseñor Chacón residencies in Mérida, a site in which a cacerolazo was taking place, in which two persons were wounded. The protests on February 12, carried out in 18 of the country’s cities, changed the content of the original demands. The protests became about the liberation of the detained students and the rejection of the repressive practices of the state and their affiliated armed groups. In the country’s interior, where the shortages and crises in public services are much more severe than in the capital, the protesters made demands relating to these issues.
The two factions of the MUD were clearly surpassed by the size of the mobilisations, to which there was an underlying current of discontent from the majority of the population over the economic crisis and the adjustment measures taken by the government. The PSUV held a few marches and gatherings the same day of lesser magnitude. In Caracas events happened which were conductive towards an important change in the development of the protests. In the surroundings of the Attorney General offices, once the main march that had begun in Plaza Venezuela was dispersed, there remained students and activists who confronted the police with stones and caused damages to the façade of the government building. Through the National Police, the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) and the Guardia Nacional Bolivariana (GNB)—with the support of pro-government armed groups—the students were repressed with live ammunition, with a death toll of two: a youth who died from a shot to the back, Bassil Da Costa, and Juan Montoya, a policeman from the Libertador municipality that formed part of one of the pro-government armed groups that intervened in the protests. According to the family and friends of Montoya, a state policeman had shot him. Afterwards, in another area of the city, one of the protesters that had aided Da Costa, Roberto Redman, was murdered. From a motorbike, civilians fired upon a group of people, killing Redman and wounding five others. That same night, the coordinator of PROVEA, an organisation in defence of human rights, was kidnapped by armed men without uniform that had identified themselves as SEBIN agents, who took his mobile phone and after hitting and threatening him with death for several hours, freed him.
The newspaper Últimas Noticias, whose editorial line is favorable to chavismo, published an investigation that documented the acts carried out by the SEBIN in the surroundings of the Attorney General offices, and the use of live ammunition against a group of protesters that were running away from them in the moment that Da Costa was shot. (http://laclase.info/nacionales/tiro-limpio-repelieron-manifestacion-del-12f). Initially, Maduro blamed the protesters for the deaths, and made sure that on the country a ‘script’ was being applied similar to the 2002 coup, but afterwards retracted and asserted that SEBIN had acted on its own and removed the force’s chief. Without a doubt, the actions of the government and the pro-government armed groups on February 12 marked a point of inflection, generating protests on a new scale despite the fact that Maduro, on that same night, announced that the government would no longer allow any marches without its authorisation.
At the moment of writing these lines, in the protests following February 12, six more persons have died, almost 200 are estimated to have been wounded by firearms and lead shots with the majority of these as a result of the actions of pro-government armed groups and the GNB, while a further 40 people remain detained. Multiple cases of torture and humiliating treatment against detainees by the state police and military bodies have been reported. Despite the militarisation of San Cristóbal and Mérida in response to the protests, these continue and many areas of those cities have been blocked off with barricades.
Most of the information regarding the protests is circulated through the internet and social media, while the main television channels—both those of the state and the private media—follow a line in which live reports nor images that the National Commission for Telecommunications (CONATEL) considers to incite violence are broadcast. Due to the difficulties in obtaining paper imports, most independent newspapers have significantly reduced their number of pages, and some regional newspapers have been brought out of circulation. In addition to this, the owners of much of the private media in Venezuela have aligned themselves with the government, which has led to press workers such as those of the Cadena Capriles to organise assemblies to oppose to the editorial line imposed by the newspaper’s owners and restrictions on the right to information. The government has even removed from cable and satellite services international a Colombian channel that informed on the Venezuelan situation.
The government appeals to presenting itself as a victim to an ongoing coup and compares the current situation with that of April 2002. Nevertheless, this comparison cannot be maintained rationally. There are no pronouncements against the government nor desertions in the armed forces, of which its medium and upper command is strongly associated with the government and the bourgeois sector that directs the state, popularly known as the ‘boliburguesia’—the bolivarian bourgeois, a good part of which is composed by military men themselves. The majority of the MUD leadership does not follow ‘the exit’ campaign promoted by Voluntad Popular and has publicly polemicized with López. The Venezuelan Federation of Chambers of Commerce (Fedecámaras)—a key organisation in the 2002 coup and representative of capitalist interests—is not calling for a strike, and nor is the union bureaucracy adhered to the MUD. In plain crisis, the country’s major capitalist, Gustavo Cisneros, announced his support for the government while the transnational Repsol signed a financing agreement with the state oil company PDVSA for 1200 million dollars. The leadership of the Catholic Church has not had a belligerent role. Maduro has tried to establish friendlier relations with the U.S. government, and less than a year ago the Minister of Foreign Affairs Elías Jaua met with the U.S. Secretary of State John Kerry to announce intentions to re-establish diplomatic ties between both countries. Maduro called on Obama last week to appoint a new ambassador in Caracas. The handing over of López to the authorities, who had ordered his capture over his responsibility for the February 12 murders, is difficult to ascribe to a logic in which there is an imminent military assault—led by his party—on the government. Besides the fact that the entire leadership of the MUD, Capriles’ faction as well as López’s, were involved in the 2002 coup and that the opposition bourgeoisie has made use of the coup as part of its past actions, there objectively exist no indications that such process is underway at these moments. Instead, it is verifiable that the government has curtailed the democratic freedoms guaranteed by the constitution, under the alibi of its anti-coup propaganda. From there starts the main task of the left and the social organisations which is of opposing to this attack on our democratic freedoms without ceasing to warn that the MUD does not represent a political alternative that is conductive to overcoming the problems that plague the majority of the population.
The use of armed collectives by the government to dissolve protests is an extremely reactionary resource that must be opposed. The mechanisms of censorship, by the way of deals or co-action imply to an equal extent an attack to the people’s right to information that foregrounds the incompatibility of this right with the private property of the means of communication and with the bureaucratic management of the state media. The SEBIN, a repressive body with a long history of violating human rights since its creation under the initials of DISIP in 1969, must be dissolved and its archives on repression opened to the public. All those detained in protests must be freed, and an investigation must be carried out on the repression and the murders carried out by police, military and paramilitary bodies in reaction to the protests. Beyond the protests, the open trials against over three hundred workers, peasants and indigenous people over protesting must be closed. These are the democratic demands that all those who claim themselves revolutionaries must raise, and place them against the doctrine of national security promoted by Maduro, which puts the interests of the capitalist state above social justice and rights.
As the days pass the expressions of protest spread, through the cacerolazos, to the poorer sectors of Caracas and other cities of the country, in barrios that were for a long time bastions of chavismo. This is evidence of the disapproval that the liberal economic adjustment measures proposed by the government are met with by the impoverished majorities. Once again, these demands overcome the MUD’s leadership, who say nothing on this regard. Evidently, the MUD cannot propose anything in this sense, due to its compromises with the establishment, with the transnational capital and the imperialist governments of Europe and the U.S.
Raising an agenda of social and economic justice, alongside those of democratic freedoms, is a task that can only be fulfilled by leftist organisations not aligned with the government or the MUD. In an article called ‘Venezuela’, the Panamanian songwriter Rubén Blades called for the Venezuelan students to organise ‘beyond the sterile division caused by the government and the opposition’ and to ‘clarify that they won’t accept as the only alternatives those proposed by the two sides in dispute’. Sadly, today the student movement has been co-opted by an opposition that takes part in the government’s same bourgeois political establishment. Despite this, political organisations among them the Partido Socialismo y Libertad (PSL) which attempt to elucidate an autonomous view of the crisis from the perspective of the student movement as well as the popular and worker’s movement, do exist.
The economic and social disaster has dissipated the mirage of the chavista project. Its pretentions of overcoming the structural problems of our country within a capitalist framework, placing its weight on the protagonistic role of the nationalist, military and corporate bourgeoisie has failed and now finds itself in an advance stage of decomposition. The social assistance programs implemented following the defeat of the 2002 coup are past their peak, and since 2007 have entered a recessive dynamic. The corporatization of social organisations continues unabated, strengthening itself with each legal barrier on the right to protest and to strike. We can now see an increased deployment of the repressive and administrative state apparatus to diminish social conflicts, a policy of which the imprisonment of the Yukpa cacique Sabino Romero and the syndicalist Rubén González between 2009 and 2011, alongside the recent detention of ten oil workers who participated in a worker’s assembly at the Puerto La Cruz oil refinery, among them the general secretary of the Unitary Federation of Oil Workers, José Bodas, are clear examples of. In addition to this is the economic debacle, in spite of which the transnational sectors ingrained within the oil industry, the private banks and the import corporations have all come off well. The corollary to all this is that the reactionary utopia of a ‘socialism with capitalists’ has fallen apart. It is now up to the revolutionary left to rescue the banners of socialism that chavismo utilised for its own purposes.
According to official statistics, over nine million people, a third of the population, live under conditions of poverty. Almost three quarters of the public sector workers earn salaries below the cost of the canasta básica—the government’s measure of the minimum required monthly food staples and basic living costs for a household, of which now more than two minimum wages are required to cover. Only in the military sector are there salary increases above the inflation. Undoubtedly, the working class can play a decisive role in facing the government’s political economy, defeat the regression of our democratic rights and raise demands such as a general raise of wages and salaries—a minimum wage equal to the canasta básica, the elimination of the IVA tax, the full nationalisation of the oil industry without joint ventures with transnationals; agrarian reform that guarantees the increase of agricultural production and the access to land for those who labour in it, the rescuing of the basic industries in Guayana and those in poor state and now unproductive that were acquired by the State, support for the territorial demands of the indigenous peoples, the suspension of foreign debt payments and the cancellation of treaties on double taxation signed with the US and other countries, instruments that allow transnationals to evade over 17 billion dollars in taxes annually. The PSL is pushing for an encounter between trade unions and popular organisations to discuss in Caracas, over the first days of March, a unitary agenda of demands as well as a plan of mobilisation. The workers, the students and the popular sectors have a possibility of raising their own voice and resist being cannon fodder to the government or the MUD.
