Por: Partido Socialismo y Libertad
La reciente declaratoria del «Estado de Excepción» en cinco municipios de Táchira, estado fronterizo con Colombia, pone en evidencia los desesperados esfuerzos del gobierno del presidente Maduro por adelantar acciones efectistas, con fuerte contenido antidemocrático y reaccionario, con las cuales desviar la atención de los problemas centrales que aquejan a los trabajadores y al conjunto de la población venezolana, precisamente en año electoral.
Amparándose en acciones repudiables desde todo punto de vista, como el atentado criminal contra varios funcionarios militares, así como el paramilitarismo y contrabando existente en la zona desde hace muchos años, el gobierno asesta un fuerte golpe a la población fronteriza al restringirle sus derechos democráticos al libre tránsito, reunión, protesta, respeto a sus bienes personales y la inviolabilidad de sus domicilios; a la par que adelanta una brutal cacería de brujas contra inmigrantes colombianos asentados en la zona, generando una grave crisis humanitaria.
Todo esto se produce en el contexto de una profundización de la restricción a las libertades democráticas, a través del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), puesto en practica en todo el país, con el argumento de la lucha contra la delincuencia y el paramilitarismo.
La brutal arremetida contra inmigrantes colombianos asentados desde hace muchos años en la zona, es utilizada para seguir exacerbando los ánimos nacionalistas y xenófobos, que lamentablemente anidan en un sector de la población, contra inmigrantes a quienes se les acusan injustamente de ser los responsables de los males que tienen sumida en una profunda crisis económica, política y social al país, cuando todos sabemos que no es así.
En el pasado puntofijista, los gobiernos adeco-copeyanos utilizaban este expediente en momentos de crisis para ocultar los problemas que atravesaba la población. Lo cual repite hoy un gobierno que se autotitula falsamente «socialista» y «humanista».
Las imágenes del desalojo de sus humildes viviendas y la entrega a las autoridades colombianas de más de mil inmigrantes, la demolición de centenares de viviendas, las restricciones a las personas que estudian o trabajan del otro lado de la frontera, quienes tienen que obtener un permiso de la alcaldía de San Antonio para cruzar el puente, los atropellos a mujeres, niños y ancianos humildes, atestiguan que se trata de la más aberrante humillación contra hermanos colombianos, cuyo único delito es ser pobres y trabajadores, que en su deseo por sobrevivir a la violencia en Colombia se asentaron en una zona que les permitiera tener acceso a trabajo e ingresos para la subsistencia de sus familias.
Todo el mundo sabe en la frontera que los verdaderos responsables del bachaqueo, el contrabando de gasolina, y el tráfico de drogas, son generales, funcionarios de la Guardia Nacional, policías, alcaldes, gobernadores y altos funcionarios de los gobiernos de ambos países. Son grandes mafias amparadas por el poder estatal a ambos lados de la frontera, a los cuales no se les toca ni con el pétalo de una rosa.
Pero más allá de estas medias efectistas, tipo «Dakazo», con fuerte contenido electoral, lo que queda en evidencia es la total y absoluta incapacidad del gobierno nacional y regional, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y de las autoridades aduaneras para hacer frente al contrabando, el paramilitarismo y el narcotráfico.
¿Como se explica que un estado con fuerte presencia militar y policial, siga siendo un gran agujero por el cual se evaden millones de litros de combustible, toneladas de productos alimenticios con precio regulado, o actúen a sus anchas las mafias ligadas al narcotráfico? ¿Será que precisamente todas estas entidades están involucradas directamente con la corrupción, el narcotráfico, el contrabando a gran escala y las bandas armadas, y sólo tienen capacidad para reprimir y desactivar las protestas populares?
El vulgar nacionalismo xenofóbico del gobierno
Los discursos de «integración», de la «unidad de los pueblos latinoamericanos», de «jugarse por los más pobres del mundo» o del «profundo amor» que se tiene por la población colombiana, tantas veces proferidos por Chávez y por Maduro, hoy se ponen en evidencia como eslóganes publicitarios electoreros, huecos, falsos e inconsecuentes. Estas medidas no van contra la oligarquía colombiana y las bandas paramilitares que supuestamente dicen combatir; se trata de acciones que cultivan la xenofobia contra los trabajadores y los pobres de la hermana República, víctimas precisamente de la oligarquía colombiana y los grupos paramilitares, que han tenido que desplazarse en forma forzosa de sus territorios para poder preservar sus vidas. Y hoy el gobierno venezolano en un acto de barbarie les destruye sus escasos bienes, les «señala» como indocumentados y los «marca» como deportados para entregarlos a las «autoridades colombianas» que defienden los intereses de la oligarquía.
Con la movilización detengamos la restricción a las libertades democráticas
Con esta actuación el gobierno avanza en la restricción de libertades democráticas, y no dudará en apelar a más medidas reaccionarias que tienen un carácter preventivo, para evitar protestas y estallidos de la población, ante la grave crisis económica y social que padece el pueblo trabajador.
El gobernador del Táchira, Vielma Mora, ha propuesto ampliar el estado de excepción a otras regiones, y el gobernador del Zulia, Arias Cárdenas, ha planteado hacer lo propio en su estado. Por eso, es previsible que se amplíen estas medidas en el futuro inmediato hacia otros estados fronterizos, para seguir restringiendo los derechos democráticos del conjunto de la población venezolana, enrareciendo el clima social y político a pocos meses de la elección de diputados a la Asamblea Nacional.
Las maniobras arbitrarias y abusivas del CNE contra varios candidatos independientes, muchos de ellos presentados por nuestra tarjeta del PSL, nos hacen alertar con total responsabilidad al conjunto de la población sobre los riesgos de que se acentúe la tendencia antidemocrática del gobierno del presidente Maduro para lesionar los derechos de la población.
Tendencia antidemocrática que también se hace presente con la implementación del plan de seguridad denominado «Operativo para la Liberación y Protección del Pueblo», emparentado con el Plan Un ion del puntofijismo, y la Ley de Vagos y Maleantes, el cual se ha convertido en una peligrosa campaña que garantiza la criminal acción de «limpieza» social.
Ya se cuentan por decenas los «abatidos» en supuestos enfrentamientos armados, donde curiosamente no hay ni un policía herido, mas bien ejecuciones sumarias, como en el caso de Aragua, de la que existen videos y fotografías que lo evidencian. Y se detiene e incrimina a miles de personas en forma arbitraria. La OLP no es más que la criminalización a gran escala, y con toda seguridad se utilizará contra el conjunto de la población cuando quiera movilizarse para protestar. Esa es la esencia de estos planes.
Por lo anterior llamamos a Provea, a otras organizaciones de derechos humanos, a sindicatos y organizaciones sociales y comunitarias a convocar una rueda de prensa para rechazar las deportaciones indiscriminadas en la frontera y repudiar la OLP.
Es la hora de la unidad del pueblo trabajador, para que movilizados en la calle le paremos la mano a este gobierno, que en su afán por atornillarse en el control de la renta petrolera, no duda en acudir a medidas extremas para reprimir y limitar los derechos democráticos, políticos, económicos y sociales de la población.
