El gobierno colombiano de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron en La Habana la firma de un acuerdo de paz, después de 52 años de conflicto armado y 4 años de negociaciones.
Escribe: Miguel Lamas
Luego de más de una década de conflicto armado, en 1964 se funda la guerrilla de las FARC. Al principio surgió como autodefensa armada campesina ante la violencia asesina de la oligarquía que los despojaba de sus tierras. Durante este medio siglo hubo 4.900.000 campesinos desplazados, y unos 200.000 asesinados, la mayoría por escuadrones de la muerte paramilitares aliados a los cuerpos represivos, así como decenas de miles de desaparecidos.
En 1985, en un primer intento de paz y participación política, las FARC formaron el partido «Unión Patriótica», pero más de 3.500 de sus militantes, muchos de sus principales dirigentes y candidatos electorales, fueron asesinados por bandas paramilitares de ultraderecha al servicio del estado.
El estado colombiano y los partidos de los empresarios se aprovecharon del largo conflicto armado para justificar todas las tropelías contra el pueblo, el recorte de las libertades democráticas, el paramiltarismo, la bases militares gringas, el Plan Colombia, el asesinato de más de cinco mil dirigentes y militantes de la Central Unitaria de Trabajadores, y el robo de más de un millón de hectáreas a los campesinos pobres por la vía del desplazamiento forzado, entre otros crímenes.
Decadencia política de las FARC
Dirigidas por el Partido Comunista, las FARC fueron perdiendo toda perspectiva revolucionaria, hasta que su objetivo central fue su propia supervivencia. Al comenzar las negociaciones de paz en septiembre del 2012, una declaración de la UIT-CI señalaba: «Las FARC, desde los años 80, además de alejarse del movimiento campesino, terminaron degradán- dose política y militarmente […] fueron abandonando, en los hechos, el programa de la reforma agraria para reemplazarlo por el cobro de impuestos a los terratenientes […] se fueron transformando en una gran cooperativa armada».
«Somos ganaderos, somos productores de arroz […] de muchas cosas […] Es decir, tenemos un dinero que desde hace años se viene vinculando al proceso productivo… Así se reproduce el capital», decía un dirigente guerrillero entrevistado por Fabio Castillo en 1988.
Prosigue la declaración de la UIT-CI: «Desde esos años pasan a cobrar un impuesto a los intermediarios de los narcos. Y agudizan sus métodos aberrantes de los secuestros extorsivos, captura de civiles en las carreteras, llamadas «pescas milagrosas», que los fueron alejando de la simpatía de las masas colombianas, que finalmente terminaron repudiando de forma generalizada a las FARC. […] Estos métodos aberrantes se combinaron con que las FARC nunca tuvieron la política de buscar unir la lucha campesina con la urbana y del movimiento obrero. Nunca apoyan las huelgas obreras».
El acuerdo de paz
La negociación y el acuerdo se logran con el apoyo político y logístico del gobierno cubano de Raúl Castro. Son 300 páginas, llenas de declaraciones de buenas intenciones. Pero en el tema agrario, que dio origen al levantamiento, se crean Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zidres) con una concepción neoliberal, zonas libres de impuestos y abiertas a la inversión extranjera. Esto endulzado con la promesa de entregar un «porcen- taje», a determinar, de la tierra de las Zidres a campesinos sin tierras.
El acuerdo establece que las FARC deben entregar sus armas a la ONU, les otorga por ley un mínimo de 5 diputados y 5 senadores en el Congreso Nacional, que podrá aumentar según la votación del partido político que creen las FARC. Dicho partido recibirá 2.400.000 dólares por año «para difundir sus ideas». Cada guerrillero recibirá 3.500 dólares. Un tribunal especial «transicional» juzgará los delitos graves de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto. Aunque no hay amnistía y podrían ser juzgados militares, paramilitares y guerrilleros, se abreviarán las penas a un mínimo sin cárcel efectiva, en caso de confesión.
«Gato encerrado»
Como señalamos en el 2012 «consideramos que la negociación se debería circunscribir al cese del enfrentamiento armado, a exigir un alto el fuego inmediato, la reinserción a la vida social de los insurgentes, plenas garantías para su vida y derechos democráticos para que puedan actuar como partido o movimiento político». Esto hubiera sido legítimo en el marco de una lucha armada que perdió apoyo popular.
Después del acuerdo firmado, constatamos que no se circunscribe a lo anterior, ya que el acuerdo habla de «reconciliación» con los militares genocidas, y se convirtió en un aval a la política económica neoliberal del gobierno de Santos, especialmente a abrir aún más la tierra a la depredación imperialista. Por eso es un acuerdo con «gato encerrado», un engaño al pueblo que apoya el cese del conflicto armado. Un acuerdo que Santos quiere ofrecer como garantía a inversores imperialistas en agroindustria y minería, avalado por las FARC.
Por eso, aunque estamos a favor de las garantías democráticas, derecho a la participación política y de reinserción de la vida social de los guerrilleros de las FARC, los socialistas revolucionarios tenemos que denunciar que el acuerdo tiene este contenido proimperialista y de impunidad a los genocidas paramilitares y militares.
No puede haber reconciliación ni verdadera paz y garantías democráticas, si no se castiga a los militares genocidas que siguen encabezando las fuerzas armadas. Esta lucha sigue pendiente, aunque las FARC la abandonen. Los trabajadores, maestros, campesinos, estudiantes, indígenas y el pueblo colombiano se vienen alzando en los últimos años en importantes luchas, huelgas y bloqueos de caminos. Son los que sí están defendiendo derechos laborales, la educación gratuita, luchando por verdadera reforma agraria con tierra para el campesino y enfrentando los planes proimperialistas de Santos.
