Entre el 25 y 28 de agosto último fueron muertos o heridos de muerte 5 mineros a balazos de la policía. El viceministro responsable de la policía, Rodolfo Illanez, resultó también muerto a golpes por indignados mineros. La absurda excusa de Evo Morales, para salvar su responsabilidad, fue decir que “fracasó un golpe de Estado”.
El gobierno declaró “héroe” al viceministro represor asesinado y encarcela a presuntos culpables, pero desprecia a 5 trabajadores muertos a bala por su policía – Pedro Mamani Massi, Fermín Mamani, Severino Ichota, Rubén Arapaya y Freddy Ambrosio -. La policía, actuando con ordenes del gobierno, está acostumbrada, cada vez con más frecuencia, a reprimir con extrema violencia manifestaciones populares. Hace pocas semanas la represión policial, bajo ordenes del mismo viceministro hoy fallecido, se descargó contra los fabriles que reclamaban contra despidos en Enatex. Hace un año fueron los guaraníes de Takovo Mora los brutalmente apaleados e intervenidas sus humildes viviendas.
El viceministro secuestrado por mineros indignados fue abandonado por la policía y el gobierno que no acudieron a sus desesperados llamados de auxilio, y, peor, provocaron el desenlace trágico volviendo a balear a los mineros en Panduro.
El gobierno es responsable también porque los actores de esta masacre son los que gobernaron juntos estos últimos 10 años. Los grandes empresarios
“cooperativistas” que controlan FENCOMIN, tienen 7 diputados, asambleístas, tuvieron ministros y altos funcionarios. Y el gobierno de Evo Morales les dio los privilegios de los que gozan, entre ellos no pagar impuestos y poder contratar trabajadores jornaleros, sin ningún derecho, ni sindicalización.
Este gobierno mantuvo el sometimiento de la economía boliviana a las transnacionales. Y la minería, controlada en un 60% por transnacionales, es el caso más claro. La minería estatal fue acorralada y perseguida, sólo tiene un 7% del producto nacional minero, y fue producto en todos los casos, en especial de Huanuni y Colquiri de la lucha de los trabajadores por defenderla, como en el 2006 que hubo 16 muertos para defender Huanuni de la arremetida de grandes empresas “cooperativas” auspiciadas por el gobierno.
Dice ahora un nuevo decreto que va a revertir áreas de cooperativas que se hayan asociado a transnacionales. Pero nada dice de las áreas más ricas del país en manos de transnacionales. El año pasado ante los reclamos del pueblo potosino, Alvaro García Linera viajo a San Cristobal de la transnacional Sumitomo,
diciendo que hacían falta 4 ó 5 San Cristobal, es decir, dar más áreas ricas a transnacionales. Ante el achicamiento de renta minera, el gobierno privilegia a sus socios transnacionales.
El gobierno de Evo Morales es el que atacó a los sindicatos independientes, que sometió a dirigentes con prebendas y/o con represión a los que no se doblegaban. Evo Morales dijo en estos días que la independencia sindical la inventó “el imperialismo”, un absurdo que ignora un siglo de lucha de los trabajadores en Bolivia y, entre otras, las Tesis de Pulacayo. Entonces que hayan prohibido los sindicatos en las Cooperativas mineras es coherente con este gobierno, aunque ahora, en su pelea con los empresarios de “cooperativas”, diga que los va a permitir.
La COB y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, sometidas al gobierno, nunca hicieron el menor intento de impulsar la sindicalización de los “jornaleros” trabajadores en las grandes empresas mineras “cooperativas”. Con el aval de las organizaciones matrices se podrían haber organizado centenares de sindicatos de base de asalariados de cooperativas y hoy la situación sería muy distinta para el sector.
Hoy, por la ley de Cooperativas que hizo este gobierno, hay 80.000 obreros mineros, “jornaleros”, de las grandes empresas llamadas “cooperativas”, sin sindicatos y sin derechos. Muchos de ellos salieron a bloquear por orden y a jornal de sus patrones. Cinco de ellos han muerto a bala, muchos más fueron heridos, sin tener siquiera una atención médica gratuita.
Este gobierno ni nacionalizó ni industrializó, mantuvo el eje económico en el extractivismo de gas y minerales, agregando productos agrícolas como la soya transgénica, sin industrializar, sin dar trabajos dignos como reclamaba Agenda de Octubre. Por eso los “jornaleros” mineros no tuvieron otra alternativa que bloquear, por orden de sus patrones de FENCOMIN, para no quedar sin siquiera ese trabajo precario.
Los bloqueos fueron organizados por FENCOMIN, ante la baja de precios de minerales, los grandes patrones de FENCOMIN disputan una tajada mayor de la “torta” minera para poder mantener y ampliar sus ganancias. Este fue el conflicto con el gobierno, que privilegia sus propios tratos con las transnacionales. Fue una pelea de socios en el saqueo de las riquezas del país y la explotación de los trabajadores.
No fue ningún intento de golpe de Estado. Como lo dijo Silverio Villarroel, dirigente fabril de Santa Cruz, es un golpe laboral, “el Golpe del Estado es distinto en Bolivia; proviene el mayor catástrofe laboral del Estado Plurinacional el GOLPE DE ESTADO LABORAL.. social, económico, laboral; familias desintegradas, uno por día empresas cerradas”, golpe contra los trabajadores, contra sus condiciones de trabajo, con despidos masivos, atropellos a los fueros sindicales y a la ley de trabajo, prohibición de sindicalización, y este golpe lo está dando el gobierno del MAS. También golpe contra los indígenas despojados de sus territorios como ocurrio violentamente en Takovo Mora de los guaraníes, contra los campesinos desatendidos y sometidos a la sequía sin que se hayan hecho durante años obras de riego. Contra los centenares de miles de pequeños comerciantes, única fuente laboral para ellos, perseguidos por impuestazos.
La vieja derecha quiere sacar partido, atacando en general a cualquier lucha de los trabajadores, ocultando que ellos son, al igual que el MAS, también cómplices sirvientes de las transnacionales. Necesitamos una alternativa política de los trabajadores y el pueblo, para luchar por cumplir la Agenda de octubre, nacionalizar expropiar a las transnacionales para lograr la industrialización, trabajo, salud, educación, fin de la pobreza.
Exigimos esclarecimiento, investigación y castigo a los que hirieron o asesinaron a trabajadores mineros, tanto a la policía como a autoridades que ordenaron represión a bala. También atención médica para heridos e indemnización a familias de víctimas.
La conducción de la COB ha traicionado nuevamente al apoyar al gobierno ocultando que defiende a las transnacionales imperialistas y que nunca defendió la sindicalización. Antes abandonó a los trabajadores despedidos de Enatex. Es necesario un Congreso de bases para echar a los dirigentes vendidos de la COB, y elegir una nueva dirección basada en los trabajadores de fabriles y de otros sectores que más han luchado, que no dependan del gobierno masista.
Este congreso de bases de la COB tiene que resolver un plan de Emergencia de los Trabajadores ante la crisis, que imponga la prohibición de despidos, la prohibición de importaciones de productos que se puedan producir en el país, la sindicalización inmediata de los trabajadores e inclusión en ley de Trabajo de todos los asalariados tanto de empresas cooperativas como estatales, un plan de fomento a la producción campesina con masivas obras de riego y prohibición de transgénicos, reversión de las tierras del latifundio para entregar a campesinos sin tierra, la verdadera nacionalización con control obrero de hidrocarburos y minería, salud públicas de calidad y gratuita, y un plan integral de industrialización.
Gonzalo Sanjines, Eliseo Mamani, Gualberto Arenas
Por Dirección Nacional ARPT
