Por: Simón Rodríguez Porras
Sin apoyo popular y con crecientes divisiones en el chavismo, el gobierno de Maduro se apoya en los militares para atacar con gran violencia a la ola de movilizaciones populares que comenzó el 4 de abril. El saldo represivo es de nueve muertos y centenares de detenidos y heridos. Pero las movilizaciones no han dejado de crecer y el 19 de abril centenares de miles coparon las calles de las principales ciudades, rechazando la deriva dictatorial de Maduro. La noche del 20 hubo un estallido generalizado en el barrio popular de El Valle en el sur de Caracas.
El chavismo perdió el amplio apoyo popular del que gozó durante largos años y ahora el 85% de la población repudia a Maduro. El gobierno dice ser víctima de un golpe, pero en realidad los militares, que controlan varios ministerios, han cerrado filas en su defensa. El repudio de la mayoría de los trabajadores a Maduro no va de la mano de consignas golpistas o del programa liberal de la coalición opositora de centroderecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sino que expresa el descontento de millones de personas que atraviesan una de las peores crisis económicas y sociales en la historia de Venezuela.
Mientras se presenta ante el mundo como «socialista», el chavismo aplica un gran ajuste inflacionario. Para poder pagar más de 70 mil millones de dólares en servicios de deuda externa en los últimos tres años, se han recortado a un tercio las importaciones, lo que ha generado escasez de alimentos y medicinas. Al imprimir dinero inorgánico para cubrir el déficit fiscal, Maduro ha reducido el salario real drásticamente. La inflación alcanzó el 600% en 2016 y el salario mínimo se redujo a 30 dólares mensuales. Esta furia ajustadora ha llevado a comentaristas yanquis a hablar de «La revolución socialista favorita de Wall Street» (Washington Post, 12/4). En otras palabras, detrás de las banderas de un falso socialismo se desarrolla un capitalismo salvaje que ha destruido las conquistas sociales de los primeros años del gobierno chavista.
Un gobierno cada vez más autoritario
Luego de perder las elecciones parlamentarias en 2015, el gobierno ha optado por suspender indefinidamente todas las elecciones y retiró la legalidad electoral a la mayoría de los partidos políticos. Desde 2014 el gobierno también impide la realización de elecciones sindicales, como en la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), cuyo secretario general es José Bodas del Partido Socialismo y Libertad (PSL). A fines de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó al presidente a reformar la ley antiterrorista, la ley contra la corrupción, el código penal, el código de justicia militar, la ley de hidrocarburos y a constituir empresas mixtas con transnacionales petroleras sin aprobación parlamentaria. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció los fallos del TSJ como inconstitucionales, evidenciando una división en el gobierno. Maduro ordenó al TSJ modificar sus sentencias, lo que ocurrió a las pocas horas, pero ya la maniobra había generado un inmenso repudio en la población. La MUD, que venía favoreciendo una línea de negociación con Maduro, con la mediación de El Vaticano, se reubicó ante la enorme presión social. Salió a denunciar que Maduro había dado un «golpe de Estado» y convocó movilizaciones para exigir la realización de elecciones.
¿Son las movilizaciones una maniobra del imperialismo? Para justificar la represión, Maduro tilda de «mercenarios del imperialismo» a centenares de miles que se movilizan. Es un síntoma de la desesperación del gobierno. Si bien EEUU ha tenido roces diplomáticos con Maduro, sobre todo en la OEA donde presiona por la realización de elecciones, hasta el momento no ha estado a favor de que se suspenda a Venezuela de ese organismo multilateral. Maduro por su parte ha tendido puentes a Trump, llamándolo «amigo» y «camarada». La petrolera estatal venezolana, Pdvsa, donó 500 mil dólares para la ceremonia de toma de posesión de Trump. Repudiamos tanto la injerencia yanqui como el servilismo de Maduro.
En su política exterior, el chavismo ha favorecido lazos con China y Rusia, ha apoyado a regímenes como el de Assad en Siria y Al Sisi en Egipto, incluso ha felicitado al presidente turco, Erdogan, por el resultado del referendo constitucional. Pero estas alianzas no han alterado la condición de Venezuela como semicolonia yanqui: Chevron es la principal transnacional enclavada en la industria petrolera, el 12% del territorio nacional se ha entregado en concesión a megamineras como Barrick Gold, mientras que Procter&Gamble, Halliburton, Schlumberger y Coca cola siguen haciendo negocios y aprovechando una de las manos de obra más baratas del mundo.
La oposición de izquierda
Con el movimiento obrero disgregado y debilitado luego de años de represión y cooptación chavista, la clase trabajadora no ha podido jugar un rol independiente en la actual crisis. Sin embargo existe un incipiente reagrupamiento de oposición de izquierda en la Plataforma del Pueblo en Lucha, de la que participan tanto sectores chavistas de izquierda como organizaciones de la izquierda no chavista, como el PSL, que denuncia las políticas antiobreras del gobierno desde hace años. Esta coalición viene exigiendo que cese el pago de la deuda externa y que se destinen esos recursos a realizar urgentes importaciones de alimentos y medicinas para atender la crisis social. También plantea la necesidad de nacionalizar la industria petrolera en un 100%, y que la renta del petróleo se invierta en la industrialización del país y la reforma agraria. En los próximos días se realizarán plenarios sindicales en los que se discutirá impulsar acciones independientes contra el gobierno.
