Por: Miguel Sorans
La crisis política y social de Venezuela se agrava. Nicolás Maduro es repudiado por millones en las calles, lleva un centenar de muertos por represión y argumenta que hay un «golpe fascista-imperialista en curso» contra su gobierno «revolucionario». Un sector de la izquierda lo defiende con argumentos parecidos: «El peligro es que venga la derecha». Como si Maduro fuera de izquierda. Un gobierno que hambrea al pueblo no es de izquierda y en Venezuela hay una rebelión popular contra el hambre.
Maduro fracasó como el resto de los gobiernos pseudoprogresistas que, como Cristina, Dilma y Lula, gobernaron ajustando al pueblo en nombre de proyectos «nacionales y populares».
Existe un fuerte debate sobre qué pasa realmente en Venezuela. Es comprensible que miles de luchadores antiimperialistas tengan dudas, con Telesur mostrando un Maduro supuestamente «antiimperialista», acosado por el «imperio» y calificando a los manifestantes como «terroristas fascistas». Lo mismo hace en Argentina el peronismo K, que pretende justificar a su aliado Maduro como si en Venezuela se estuviera ante un «nuevo golpe gorila» del ’55. De la misma forma denunciaron la caída de Dilma (PT) en Brasil como fruto de «un golpe de derecha». Gran parte de la izquierda viene capitulando a estas argumentaciones dando, en su momento, un apoyo «crítico» o directo a Dilma y ahora a Lula, acusado de corrupción. Todos serían víctimas de «conspiraciones» de la «derecha» y los «grandes medios de comunicación» para «atacar a la izquierda». En Argentina llegan al absurdo de pretender justificar su derrota electoral de 2015, a manos de Macri, ¡porque el FIT llamó a votar en blanco! Argumento falso: ni siquiera sumando esos votos ganaba el candidato de Cristina.
Los pueblos rechazan a esos gobiernos patronales de doble discurso
Maduro, Dilma, Lula y Cristina, disfrazados con discursos «progresistas», pactaron con las multinacionales y pagaron la deuda externa, cumplieron con la receta del imperialismo y ajustaron al pueblo al servicio de las patronales. Al mismo tiempo se pintaron de antiimperialistas y defensores de la «soberanía nacional». En Venezuela, después de 18 años de gobierno chavista, la gente hace colas interminables para ver si encuentra algo para comer. En un país petrolero cuesta encontrar pan, leche o papel higiénico. La inflación superó el 500% el año pasado. La devaluación llevó el dólar a 8.000 bolívares, con lo cual la mayoría de los salarios no pasan de 30 o 40 dólares al mes. ¿Es por un boicot imperialista? No. El gobierno de Maduro pactó con las multinacionales del petróleo. En Venezuela el gobierno comparte el petróleo en empresas mixtas con Chevron, Total, Repsol, Lukoil, Shell, Mitsubishi y otras multinacionales que se llevan gran parte de la renta petrolera. Mientras el pueblo pasa hambre, Maduro pagó 18.000 millones de dólares de la deuda externa en 2016 y este año se pagarán 17.000 millones. Lo dijo Maduro: «Venezuela ha cumplido sus compromisos internacionales y así seguiremos» (Clarín, 23/7/17). Mientras ajusta, aumenta el salario de los militares, que son su apoyo para reprimir, y enriquece a una nueva burguesía corrupta, la llamada «boliburguesía».
Por eso hay una rebelión popular contra el hambre. Los que se juegan la vida en la calle no son «terroristas fascistas», son la juventud y sectores populares que se vienen sumando masivamente desde los barrios pobres que antes fueron base social del chavismo. Hoy rompen masivamente y reclaman «fuera Maduro».
Maduro, Cristina, Dilma y Lula hicieron crecer nuevas y viejas opciones políticas patronales
Desde la izquierda hay sectores que no apoyan la rebelión y el reclamo de «fuera Maduro» con el argumento de que la MUD es la cabeza de la oposición. Que la MUD convoque marchas no niega esa rebelión popular. Por el contrario, las movilizaciones han desbordado a la MUD, que intenta controlarlas para que el gobierno no caiga por una acción revolucionaria, mientras busca usarlas para una negociación y que haya elecciones generales. Ese tipo de «Ni-Ni» favorece a Maduro. El Partido Socialismo y Libertad (PSL) participa de las movilizaciones populares desde una postura independiente de izquierda. Abstenerse y quedarse en su casa es dejar sin alternativa de izquierda a los miles y miles que se movilizan sin apoyar a la MUD.
Justamente ha sido por culpa de las políticas de ajuste de los Maduro, Cristina y Dilma que han crecido alternativas de derecha. Muchas de ellas casi habían desaparecido de la escena política. Chávez llamaba «escuálidos» a la vieja oposición proyanqui. Ahora Maduro no usa más ese término porque la MUD se agrandó y hasta le ganó las elecciones de 2015. Lo mismo pasó acá con Cristina que gobernó con la Barrick, con Monsanto, con la burocracia sindical de los Caló y Gerardo Martínez, pagando la deuda, haciendo negociados con corruptos como los De Vido, Báez, López, poniendo al genocida Milani de jefe del Ejército. Así fue que Macri ganó las elecciones. En Brasil los ajustes de Dilma y Lula llevaron a un repudio popular que favoreció la llegada de Temer por una maniobra parlamentaria.
La salida a esta debacle social pasa por una verdadera izquierda que rompa con las multinacionales, como las del petróleo, de la soja, de los minerales. Que logre gobiernos de los trabajadores que dejen de pagar la deuda externa para volcar esa plata para terminar con el hambre en Venezuela y en todo Latinoamérica. Esa es la propuesta que levantan en Venezuela el PSL, en Brasil la CST-PSOL e Izquierda Socialista en el FIT de Argentina.
Una constituyente fraudulenta
El domingo 30 de julio, el gobierno de Maduro hará elecciones de una asamblea constituyente que es fraudulenta por donde se mire, una maniobra burda para perpetuarse en el poder. Por eso en vez de apaciguar ánimos logra lo opuesto, que crezca el repudio masivo. La semana pasada hubo un paro nacional y marchas. Esta semana varias organizaciones sindicales han convocado a una huelga general de 48 horas y a nuevas protestas.
Esa constituyente no tiene nada de democrática y menos de libre y soberana. El mecanismo de convocatoria garantiza el control de ese organismo por parte del gobierno. La oposición de la MUD y los sectores chavistas críticos, como la fiscal Luisa Ortega, la desconocen legalmente. Los ex ministros chavistas Héctor Navarro, Oly Millán Campos, Ana Elisa Osorio y Gustavo Márquez, los profesores universitarios Edgardo Lander, Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada, el constitucionalista Freddy Gutiérrez, el mayor general Clíver Alcalá y los dirigentes de Marea Socialista Gonzalo Gómez, Juan García y Roberto López Sánchez, entre otros, difundieron un documento que llama a la abstención y el voto nulo. También el PSL desconoce la convocatoria. Solo se presentan candidatos designados por el PSUV y partidos afines como el PC.
Cada elector votaría por un candidato «territorial» y otro «sectorial», según figure en el padrón si es «trabajador», «estudiante» o «empresario», etc. De los 545 diputados, 364 serán «representantes territoriales», uno por municipio y dos en las capitales de los estados. Esto significa que un municipio con 500.000 electores puede tener la misma representación que uno de 20.000 o 10.000 electores. Así, el gobierno achicará el peso de los municipios urbanos, donde es derrotado por amplio margen, agrandando los pequeños municipios del interior donde aún puede ganar. Como ni así puede asegurarse recuperar la mayoría perdida en 2015, agregó 181 diputados de «ámbito sectorial». Serán 24 por estudiantes, 8 por campesinos y pescadores, 5 por empresarios, 5 por discapacitados, 28 por jubilados, 24 por consejos comunales, 8 por comunidades indígenas y 79 por sindicatos. Son candidatos designados por «agrupaciones sociales» controladas por el gobierno. Por ejemplo, los 79 de los «sindicatos» son todos burócratas de los sindicatos «bolivarianos». Lo mismo con los demás sectores.
Además, para tratar de tapar la abstención están montando todo tipo de maniobras. Amenazan a los trabajadores de ministerios y empresas públicas a concurrir bajo control de «planilla» y también vía el «carnet de la patria», por el cual ya estarían controlados 14 millones de personas sobre 19 del padrón. Este «carnet» es el que usan para repartir subsidios o bolsas de comida. Amenazan con quitar ese carnet a quien no vote.
El objetivo de esta falsa elección constituyente es seguir avanzando hacia un régimen cívico-militar totalitario y aún más represivo.
