Por: Simón Rodríguez Porras
La «cárcel de pueblos», el viejo Estado español heredado del franquismo, se resquebraja. La movilización de los trabajadores y los sectores populares catalanes garantizó el espectacular triunfo del referendo independentista. Los ataques represivos de Rajoy fueron contraatacados con una huelga general con un altísimo nivel de participación. No hay espacios para «mediaciones», el único camino es continuar la movilización popular.
Los herederos del franquismo, encabezados por Rajoy, inicialmente esgrimieron que el referéndum independentista no tendría validez legal, luego amenazaron con aplastar por la fuerza la consulta, suspendieron de facto la autonomía en Catalunya, prohibieron las manifestaciones solidarias en todo el territorio del Estado Español, confiscaron material electoral, incluso aseguraron que no habría votación. Sus medios de comunicación aliados calificaron a los independentistas de «golpistas». Por último, cortaron el acceso a internet en los centros de votación y cargaron con diez mil policías nacionales y guardias civiles contra la población, dejando más de ochocientos heridos. Pero la movilización popular se impuso y dio una demostración mucho más contundente que cualquier votación de la voluntad de separarse del régimen monárquico español. Miles de personas ocuparon desde la noche anterior los centros de votación y resistieron las arremetidas bestiales de los policías a las órdenes de Rajoy, quienes golpearon y dispararon balas de goma a mansalva. Muchos luego de votar se quedaban resguardando las escuelas en espontáneas concentraciones de centenares de personas. Al final, se contaron más de 2,2 millones de votos, pese a que más de trescientos centros de votación fueron clausurados por los represores. El 90,1% votó por una república catalana independiente. Un grandioso triunfo popular.
Las vergonzosas imágenes que recorrieron el mundo, de esbirros pateando, golpeando y disparando contra mujeres, personas de avanzada edad y jóvenes, despertaron indignación. Menos en los partidarios del régimen semifranquista, que siguen coreando «a por ellos» en sus arengas a la policía y al gobierno. Rajoy se ha defendido diciendo «hemos hecho lo que teníamos que hacer», la noche del 1° de octubre. Todavía más a la derecha, Albert Rivera, de Ciudadanos, lamentó las «agresiones a policías» y criticó a Rajoy por vacilante y por confiarse en la disciplina de la policía catalana, los Mossos D’Esquadra.
La noche del 3, el monarca Felipe VI pronunció un discurso atacando a las autoridades catalanas y abogando por «la unidad de España». El PP oficialista, el PSOE y Ciudadanos se alinearon con el monarca, aunque el PSOE pide censurar a la vicepresidenta y ministra Soraya Sáenz de Santamaría. Rajoy carece del apoyo parlamentario para aplicar el artículo 155 de la Constitución del 78, que permitiría un sometimiento «forzoso» por la vía militar de la Catalunya rebelde.
Mientras tanto, Podemos intenta sacrificar a Rajoy para salvar al régimen. El partido dirigido por Pablo Iglesias considera el referendo independentista como no vinculante y emplaza al PSOE a impulsar una moción de censura contra Rajoy para impedir la independencia catalana y promover un referendo pactado con Madrid. El jefe del gobierno catalán, Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Colau, apuestan a la mediación de la reaccionaria Unión Europea. Como advierten los compañeros de Lucha Internacionalista (sección de la UIT-CI), «se está intentando repetir la traición de Syriza, cuando el pueblo griego dijo no y Tsipras corrió a negociar con la UE». Mientras tanto, la cuenta regresiva para la proclamación de la independencia, prometida para el 4 de octubre si triunfaba el referéndum, sigue su curso.
La huelga general marca el camino
La izquierda y los sindicatos CGT, COS, Intersindical-CSC e IAC convocaron a una huelga general para el 3 de octubre para repudiar la represión y garantizar la independencia. Ya sectores como los trabajadores portuarios venían protagonizando boicots a los efectivos policiales y sus embarcaciones. Los bomberos se interpusieron entre los votantes y los represores en varios centros de votación. Ante la fuerza que cobraba la convocatoria, las burocracias sindicales de UGT y CC. OO. pactaron con las patronales y el gobierno catalán un «paro de país», dividiendo las convocatorias e intentando atenuar el contenido radical de la huelga general.
La jornada del 3 de octubre demostró nuevamente el poder de los trabajadores y los sectores populares. Decenas de calles y avenidas fueron cortadas, más de 700.000 personas participaron en concentraciones en Barcelona, 60.000 en Girona, 45.000 en Lleida y 30.000 en Tarragona. Los policías nacionales y guardias civiles enviados por Madrid fueron hostigados y expulsados de varios hoteles donde pernoctaban.
La lucha por la independencia de Catalunya está abierta. Es más necesario que nunca redoblar la movilización y fortalecer la organización autónoma de los sectores en lucha. También es crucial la solidaridad de todos los trabajadores y la juventud del Estado Español para enfrentar unidos al régimen. Un ejemplo a seguir son las dos movilizaciones de más de 30.000 personas realizadas en el País Vasco en septiembre en apoyo al derecho de los catalanes a decidir. La causa del pueblo catalán es parte de una lucha común contra la represión y los ajustes y por liquidar el régimen pactado con el franquismo en 1978. Para los socialistas revolucionarios la salida de fondo que sintetiza el derecho a la autodeterminación nacional y la emancipación social es una federación socialista de las repúblicas de la península ibérica.
Después del éxito de la huelga del martes, los trabajadores, la juventud y el pueblo de Catalunya no pueden depositar confianza en el gobierno patronal catalán de Puigdemont ni en ninguna «mediación» con el régimen de Rajoy y Felipe VI. La única garantía de triunfo está en darle continuidad a la movilización popular revolucionaria y a medidas como la preparación de una nueva huelga general.
