Por: Movimiento al Socialismo, sección UIT-CI
Este 1 de julio, la mayoría de la población de nuestro país asestó un golpe histórico al PRI y los partidos que fueron sus cómplices en el sexenio en que los niveles de pobreza crecieron a la par de la violencia y la inseguridad, los feminicidios, el entreguismo, la represión política y la corrupción.
Especialmente, sobresale la dramática derrota del partido que ha gobernado el país desde hace casi seis años y que fue eje de un régimen autoritario durante más de 70 años. El PRI, por sí solo, obtuvo poco más del 13 por ciento de la votación; pasó de gobernar y controlar el Congreso con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza (PANAL) a ser una débil tercera fuerza, con una mínima representación en las Cámaras de diputados y senadores. De 300 distritos en disputa a nivel nacional, los priístas sólo lograron ganar uno.
El caso del PRD es tremendo, pues apenas habría conseguido superar el 5 por ciento de la votación al senado y a la cámara de diputados, mientras que en la presidencial sólo logró el 3 por ciento. En tanto el PAN se quedó con un 18 por ciento en las tres disputas federales.
Este resultado lo alimentó el hartazgo que derivó de años de empobrecimiento, de salarios de miseria, de desempleo, de violencia e inseguridad, de feminicidios, de entreguismo y, si, también de escandalosa corrupción.
Es enorme el tamaño de los agravios, por eso es también muy grande y legítima la expectativa de cambio. Decenas de miles de personas salieron a festejar el triunfo que sintieron suyo y existen enormes expectativas de que el país pueda cambiar.
Por nuestra parte, debemos decir con sinceridad que no compartimos la ilusión de la mayoría que ha votado por López Obrador en que de su gobierno vendrán los cambios profundos que ha prometido, pero que, efectivamente, requiere el país con urgencia, así como muchos más.
En primera instancia, López Obrador ha establecido a lo largo de su campaña, y con mucha más precisión en sus primeros discursos después de la elección, que respetará el orden legal establecido, lo que por supuesto incluye el paquete de leyes conocidas como «reformas estructurales» que impusieron Peña y los partidos del Pacto por México; como muestra ofreció que los contratos firmados como resultado de la reforma energética en PEMEX serían revisados, para constatar que no exista corrupción, en cuyo caso dejará intactos los multimillonarios negocios hechos principalmente por transnacionales, gracias a la reforma energética, que también privatiza el gas y la industria eléctrica.
También aseguró que en su gobierno se respetará la autonomía del Banco de México, habrá disciplina fiscal y disciplina financiera, dijo; invocando las normas máximas de los neoliberales.
Fue enfático en su primer mensaje: «en mi gobierno no habrá expropiaciones» y, ya en el zócalo de la Ciudad de México, anunció el nombramiento del empresario Alfonso Romo, como jefe de la oficina de la presidencia. Así, López Obrador centró su mensaje en ofrecerles tranquilidad a los capitalistas, llamándoles a tener confianza en su gobierno, asegurándoles que sus intereses no serán afectados.
López Obrador prometió cambios profundos, pero eso es imposible sin echar atrás las reformas estructurales, sin transformar profundamente el actual marco legal, que los neoliberales le han heredado y que el tabasqueño se ha comprometido respetar, sin romper con la relación de dependencia del imperio norteamericano, hoy representado por Donald Trump, que saludó su triunfo, afirmando que AMLO estaba dispuesto a frenar la migración, así como el establecer un acuerdo comercial bilateral, medidas bien recibidas por el gobernante ultraderechista de Estados Unidos.
Tampoco se comprometió a derogar la represiva Ley de Seguridad Interior, denunciada por organizaciones a nivel nacional e internacional, por ser violatoria de los derechos humanos. En realidad, coincide con ella y ya anunció la creación de una Guardia Nacional, que involucraría al Ejército y la Marina, manteniéndolos en las calles en tareas de seguridad pública.
Únicamente, ante profesores oaxaqueños prometió cancelar la reforma educativa, aunque antes, ante empresarios, aseguró que esa no era su intención, sólo revisarla. ¿A cuál de los dos discursos se debe creer?
Pero, hay más, pues en su discurso ante decenas de miles en el zócalo, omitió comprometerse con la solución de problemas lacerantes que padece nuestro pueblo, como los feminicidios y la violencia contra las mujeres o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ni qué decir de las matanzas cometidas por las fuerzas armadas.
Tampoco pretende tocar la lesiva contrarreforma laboral del 2012, como lo ha declarado su futura secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, preservando una de las más lesivas «reformas» contra la clase trabajadora.
Antes, en su campaña, anunció que, para los gobernantes salientes, habría una amnistía, la cual incluiría al propio Peña Nieto. A este último, le dedicó un sentido reconocimiento, y anunció una reunión para el martes 3 de julio en la que se acordaría la transición ordenada del poder, evidentemente acordada y preparada con anticipación a la celebración de las elecciones, cuando las encuestas vaticinaban el resultado irreversible.
¿Cómo puede prometer que terminará con la corrupción, si a los principales responsables de la misma, a quienes se enriquecieron a manos llenas, ya les ha prometido impunidad? ¿Y esto incluiría a los líderes charros más corruptos del país, o los ex gobernadores que se sirvieron a manos llenas, robando directamente del presupuesto que estaba dirigido a los servicios básicos para la población de sus estados?
Andrés Manuel López Obrador promete que su gobierno llevará a cabo «la cuarta gran transformación nacional» (Independencia, Reforma y Revolución) algo realmente desmedido, pero en ninguna de sus propuestas asoma la transformación de las instituciones del actual régimen; al contrario, se propone gobernar con ellas.
Sin duda, se enfrentará a una enorme contradicción, pues la magnitud de su triunfo es equivalente a las expectativas de cambio que ha generado, pero desde su campaña y los anuncios inmediatos a la elección ha dejado claros los límites de su futuro gobierno.
Hubo millones que con su voto por AMLO y por MORENA impusieron un ejemplar castigo a los partidos que han gobernado el país, pero también es cierto que muchos más lo hicieron con la esperanza de que ese gobierno resolverá los problemas de la mayoría de la población. Existen también los que votaron por López Obrador, considerándolo el mal menor, apostando a que en su gobierno el pueblo pobre «tendrá un respiro» y que en alguna medida mejorarán las condiciones de vida de la mayoría, aunque sea un poco.
Pero nosotr@s afirmamos que el problema de fondo es la persistencia del capitalismo; el problema es este modo de producción y organización de la sociedad hecho para que aún los empresarios más transparentes y cumplidores de la ley, amasen grandes fortunas, contribuyendo a la aguda polarización social del país. El problema es el capitalismo en que la clase trabajadora es despojada de la riqueza que produce, cobrando salarios miserables, la mayoría de las veces sin cobrar prestaciones, gracias al uso de instrumentos como la subcontratación o la firma de contratos colectivos de protección patronal. El problema es este capitalismo en que las personas, las trabajadoras y trabajadores, son desechables y se les puede despedir masivamente, argumentando la necesidad de bajos costos o de problemas en el mercado.
No obstante, existen reivindicaciones que, con urgencia, deben ser cumplidas; reivindicaciones que se han levantado por años; que lo mismo se han exigido a gobiernos panistas, que priístas, y que ahora deben demandarse al de MORENA y López Obrador, quien además no tendrá pretexto para evadirlas, pues tendrá mayoría en el Congreso.
Debe darse atrás con la Reforma Energética y cancelar la posibilidad de que particulares se hagan de la propiedad y el control de la industria petrolera, del gas y la energía eléctrica. Igualmente, debe ser cancelada la Reforma Educativa y anuladas sus represivas consecuencias, como el despido masivo de profesoras y profesores. Asimismo, la Ley de Seguridad Interior, violatoria de los derechos humanos y las garantías individuales. En suma, debe darse marcha atrás en el orden legal impuesto por los neoliberales durante el sexenio de Peña Nieto.
De ninguna manera debe haber impunidad para los saqueadores de la riqueza nacional.
Los ingresos y el nivel de vida de la población deben mejorar sustancialmente, no con paliativos ni limosnas, sino con trabajo digno y justicia. Para ello debe ser una realidad la contratación colectiva genuina, destruyendo los contratos colectivos de protección patronal y castigando severamente a sus promotores, empresarios, charros sindicales y abogados.
A los empresarios voraces debe ponérseles un alto imponiendo controles de precios a los productos de la canasta básica.
Debe barrerse con el corporativismo sindical, respetando la libre organización de los trabajadores y su autonomía frente al estado. Los falsos líderes que se han enriquecido o beneficiado por los controles propatronales, como Juan Díaz de la Torre, Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Tereso Medina, Aceves del Olmo o Isaías González Cuevas, por mencionar sólo los casos más escandalosos deben ser puestos tras las rejas.
Los feminicidios y la violencia contra las mujeres deben ser erradicados definitivamente, castigando en forma ejemplar a sus responsables directos, a los funcionarios y jueces que son cómplices de estos aberrantes crímenes. Asimismo, deben ser respetados todos los derechos reclamados por las mujeres eliminando todo tipo de discriminación, lo mismo para las personas con cualquier orientación sexual.
Verdad, pero también justicia para cerrar la terrible herida abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de Julio César Mondragón y los otros tres jóvenes muertos en la masacre. Cárcel para los responsables, así como para los encubridores.
El Ejército y la Marina deben regresar a sus cuarteles, se debe desmilitarizar la seguridad pública, dando paso a la legalización de las drogas y al combate a la criminalidad por medio de las policías comunitarias organizadas democráticamente.
Los pueblos indígenas deben gozar de plena autonomía, se deben aprobar los acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos o la construcción de ductos que atenten contra los territorios y medios de vida y sustento de pueblos y comunidades deben ser cancelados, lo mismo que prácticas como el fracking que destruyen el ambiente.
México debe ser un país sin presos políticos; los que existen deben ser liberados y terminar la persecución contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
Muchas otras medidas más deben tomarse a la brevedad, las que aseguren un futuro digno a la juventud, que les garanticen educación de calidad, lo mismo que su inserción justa en el mercado de trabajo, con plenos derechos laborales; que sirvan para incrementar sustancialmente el presupuesto para el desarrollo científico y tecnológico; para que verdaderamente florezca el arte y la cultura.
Reconocemos que junto con estas ansias de cambio también existe una maravillosa energía que puede y debe traducirse en organización y movilización para materializar las transformaciones que urgentemente requiere el país. La clase trabajadora y el pueblo deben confiar en sus propias fuerzas y obtener la satisfacción de sus reivindicaciones por medio de la lucha unificada a nivel nacional.
Finalmente, aunque no en importancia, debemos asumir la tarea de construir alternativas de organización independiente, sindicales, campesinas, indígenas, de mujeres, juveniles y populares, así como una alternativa política ¡100 por ciento de izquierda!, que levante estas banderas y haga suya la tarea de transformar radicalmente la sociedad, que se proponga como proyecto irrenunciable la construcción del socialismo en México.
Comité Ejecutivo del MAS
5 de julio de 2018
