Por: UIT-CI
Miles de trabajadores venezolanos cruzan todos los días a pie las fronteras con Colombia y Brasil, huyendo de la miseria y el hambre a las que el gobierno venezolano les condena mediante un plan de ajuste que ha reducido el salario promedio a menos de 5 dólares mensuales. Entre 2015 y 2018 se estima que han salido del país alrededor de dos millones de personas, un 6% de la población. Según algunas encuestas, alrededor de un tercio de la población quiere emigrar para escapar de la hiperinflación, la criminalidad violenta y la represión.
Venezuela hasta hace pocos años no tuvo una tradición significativa de emigración. Durante la segunda mitad del siglo XX Venezuela más bien recibió inmigrantes de Europa y América Latina, un importante número de ellos de la vecina Colombia. Como parte de la polarización política y social en el marco del golpe de 2002 se da una primera oleada de emigración, fundamentalmente limitada a la clase media alta y la burguesía. Pero a partir de la crisis económica de 2013 y hasta la actualidad, con la contracción brutal de la economía y el ajuste inflacionario que liquida los salarios, se genera una ola de emigración cada vez mayor de la que participan sobre todo los asalariados y cuentapropistas, en condiciones cada vez más precarias.
El gobierno venezolano niega a la población la posibilidad de acceder de manera oportuna a pasaportes y otros documentos, alentando el pago de sobornos para obtenerlos, tan elevados que la mayoría de las personas no pueden pagarlos.
Como parte de esta ola de emigración, miles de venezolanos se encuentran en el norte de Brasil y el oriente colombiano en condiciones de miseria y extrema vulnerabilidad, hay casos de esclavismo en el norte brasileño en haciendas de los que han sido víctimas trabajadores venezolanos, incluso han sido víctimas de ataques xenófobos en la ciudad de Cúcuta, abundan las denuncias de femicidios contra venezolanas en Perú, y crece una industria de trata de mujeres venezolanas con fines de explotación sexual en toda Latinoamérica. Muchos se embarcan en naves precarias hacia las Antillas bajo el yugo holandés o a Trinidad y Tobago, país donde las autoridades encarcelan a centenares de inmigrantes venezolanos y los amenazan con sentencias de hasta dos años de cárcel.
Ante toda esta situación el gobierno venezolano no brinda ninguna asistencia a los venezolanos en el exterior. Según el discurso oficial, presente en los medios de comunicación del gobierno y los discursos de Maduro, los emigrantes son «blancos, descendientes de europeos, de clase media» y personas «que no aman a su patria», que la abandonan en momentos de dificultades. Demostrando una vez más el talante ultra reaccionario del gobierno. La oposición de derecha agrupada en la MUD, también instrumentaliza la crisis de la emigración, como se refleja en las declaraciones de Julio Borges, quien advirtió que Latinoamérica se puede «contaminar» de problemas que sufre Venezuela como la criminalidad violenta, debido al flujo de inmigrantes venezolanos. Una declaración que estigmatiza a los inmigrantes venezolanos y alienta medidas restrictivas por parte de los gobiernos de la región.
Las transnacionales petroleras se benefician con la superexplotación de los asalariados venezolanos. Llamamos a los trabajadores de EEUU, Estado español, Noruega, Francia, Italia, etc., a denunciar que Chevron, Repsol, Total, ENI, y las demás transnacionales en las empresas mixtas petroleras pagan salarios de menos de 5 dólares mensuales a los trabajadores venezolanos.
Ante la destrucción del nivel de vida de la clase trabajadora venezolana por parte del gobierno, a tal punto que es imposible subsistir con el salario promedio, los trabajadores migrantes venezolanos deben ser considerados refugiados, desplazados forzados por la debacle económica, y los países que los reciben deben brindarles toda la asistencia necesaria, incluso recibirlos aunque no dispongan de pasaporte, en vista de que el gobierno de Maduro le niega la documentación a sus ciudadanos. Los gobiernos de la región deben adoptar medidas para impedir que los trabajadores que huyen de la esclavitud en Venezuela sean nuevamente sometidos a condiciones de explotación esclavista en los países a los que migran, debido a su situación vulnerable.
