Por: Gabriel Massa
El 18 de julio el Knesset (Parlamento de Israel) votó por escaso margen -62 votos contra 55- una ley que declara a Israel «Estado nación del pueblo judío» en el que solo «los judíos tienen derecho a su autodeterminación». Se establece además que el hebreo es la única lengua oficial, anulándose así el árabe como segunda lengua. Además, la ley declara a Jerusalén capital de Israel. Y da apoyo explícito y alienta la fundación de más colonias en los territorios ocupados por las tropas israelíes en Cisjordania.
Israel, que no tiene constitución, se rige por «leyes fundamentales» votadas por su Parlamento. Esta nueva ley fundamental, la número 12, va directamente en contra del texto de la declaración fundacional del Estado de Israel en 1948 que sostenía «la completa igualdad de derechos sociales políticos» para «todos sus habitantes» sin importar su religión, raza o sexo. Lo que supuestamente otorgaba plena ciudadanía al 20 por ciento de población árabe palestina y otras minorías que habitan el territorio. En realidad esa declaración era solo una cortina de humo para ocultar que la fundación de Israel era un robo de sus tierras al pueblo palestino. Lo que requirió un genocidio con cientos de miles de árabes asesinados y millones desplazados hacia los países vecinos.
La resolución inicial de la ONU avalada por Estados Unidos, las potencias europeas y la Unión Soviética entonces gobernada por Stalin, aseguraba que los palestinos tendrían su propio Estado en la mitad de lo que era su territorio, abarcando Cisjordania y Gaza y teniendo a Jerusalén como su capital.
Sin embargo, en sucesivas guerras contra las naciones árabes, Israel tomó el control militar de las tierras supuestamente reservadas para los palestinos, obligando a éstos a sobrevivir en campos de refugiados o ciudades ocupadas durante décadas, o a emigrar. Al mismo tiempo impuso continuas medidas de opresión contra los residentes árabes al interior de Israel lo que los ubicó como ciudadanos de «segunda».
Lo que intenta el gobierno de Benjamin Netanyahu, con pleno aval de Donald Trump, es continuar una nueva ofensiva contra el pueblo palestino buscando legalizar esa situación de hecho de control militar y político por Israel de todo el territorio de la antigua Palestina. Esa nueva ofensiva tuvo su antecedente más inmediato en el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv -la actual capital de Israel- a Jerusalén el pasado 14 de mayo. Dicho traslado fue respondido con multitudinarias movilizaciones de protesta del pueblo palestino en Gaza, reprimidas a sangre y fuego por las tropas sionistas.
La falsa solución de «los dos Estados»
Voceros de la Unión Europea se unieron al Vaticano y a grupos árabes y políticos judíos opositores en Israel y en Estados Unidos, asegurando que la nueva ley establece un «apartheid» contra los palestinos en Israel. En realidad, ese apartheid existe desde la fundación del Estado de Israel y se ha ido profundizando con el correr de las décadas. Lo que hay que denunciar es que lo que se pretende es darle un mayor estatus «legal» al régimen racista, genocida y de expansión militar permanente contra los árabes que existe en Israel desde su fundación.
Al mismo tiempo la Unión Europea y sus aliados aseguran que la nueva ley entorpece los esfuerzos por concretar la salida de «los dos Estados». Esta salida, que surge de acuerdos firmados entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1992 en la ciudad de Oslo, reafirmaba el derecho de los palestinos a tener su propio «Estado» junto al de Israel, ocupando Cisjordania (margen occidental del río Jordán) y Gaza, con capital en Jerusalén oriental.
Con la firma de ese acuerdo la OLP instaló un «gobierno» de la «Autoridad Palestina» en la ciudad de Nablus, que supuestamente ejerce soberanía sobre Cisjordania y Gaza. Pero en los hechos la presencia militar israelí nunca cesó como nunca abandonó su control de la totalidad de Jerusalén y su pretensión de convertirla en su capital.
La realidad ha demostrado que frente a ese monstruo racista y genocida permanente que es Israel la salida de los dos Estados es una utopía. La única salida para terminar con el régimen de apartheid es con la destrucción de Israel y la construcción de un Estado palestino laico, democrático y no racista en todo el territorio de Palestina. La nueva agresión que significa la ley votada ahora por el Knesset tendrá tarde o temprano también su respuesta del heroico pueblo palestino, el que, más allá de las traiciones de sus dirigentes, nunca ha dejado de luchar por el derecho a su existencia.
