Por: UIT-CI
Han transcurrido casi ocho meses del inicio de la gran rebelión popular que por más de cien días mantuvo en jaque a la dictadura de Ortega, con miles de estudiantes, trabajadores y campesinos ocupando las calles y levantando barricadas para defenderse de los esbirros. Aunque el pueblo no ha sido derrotado, la situación actual no es la misma de aquellos días en que las calles retumbaban con el estallido de armas caseras, el canto de «Ortega, Somoza, son la misma cosa» y música de protesta de Carlos Mejía Godoy, mientras el gobierno se tambaleaba. Hizo mella la represión salvaje del gobierno, con más de 400 personas asesinadas por los paramilitares, la policía y el ejército; más de 2.500 heridos y miles de detenidos, de los cuales 600 se han convertido en presos políticos.
A ello se sumó el rol de los empresarios, la cúpula de la Iglesia Católica y los partidos patronales, creando expectativas en las negociaciones y diálogos con la dictadura, llamando a treguas y desmovilizaciones, confundiendo y debilitando la lucha, llamando a confiar en la OEA y la ONU, exigiendo unas quiméricas elecciones. De manera similar a lo ocurrido en Venezuela en 2017, el heroísmo de los sectores populares y los trabajadores fue traicionado por una oposición burguesa colaboracionista, cuya preocupación por evitar un desborde de las masas y una salida a la crisis por la vía de la movilización revolucionaria le llevó a intentar en todo momento desviar y limitar la lucha popular. Esa debilidad del movimiento, carecer de una organización política propia, se pagó cara. Es imprescindible construir una herramienta política revolucionaria de la juventud, los campesinos y los trabajadores.
La izquierda reformista, la boliburguesía y el gobierno cubano jugaron un rol importante en apoyo a la dictadura nicaragüense. En el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, realizado a mediados de julio en La Habana, con la presencia de Nicolas Maduro y Raúl Castro, se resolvió un apoyo incondicional a Ortega, calificando sus acciones de terrorismo de Estado como supuestas acciones defensivas: «Reconocemos el legítimo derecho a la defensa, ejercido por el gobierno sandinista frente a las agresiones perpetradas en su contra por los lacayos del imperio». Es el mismo discurso desgastado de los gobiernos burgueses de colaboración de clases que se hacen llamar «revolucionarios» o «de izquierda»: acusar a toda protesta obrera, campesina o popular de «hacer el juego al imperialismo». La ironía es que el mayor lacayo del imperio en los hechos hoy es Ortega, quien mantiene un Tratado de Libre Comercio vigente con EEUU, país que es el primer socio comercial de Nicaragua, y cuyas transnacionales sobreexplotan la mano de obra nicaragüense gracias a la complicidad del gobierno y los sindicatos patronales del FSLN.
La crisis nicaragüense forma parte de la decadencia de los gobiernos llamados progresistas, que ha tenido expresión en derrotas electorales en Brasil y Argentina, rupturas internas en Ecuador y giros dictatoriales en Venezuela y Nicaragua. En el contexto centroamericano, forma parte del auge autoritario al que se suman la imposición de la dictadura de Hernández en Honduras y del gobierno guatemalteco de Jimmy Morales, ligado a los militares genocidas.
No puede olvidarse que Ortega vuelve al poder en 2007 sobre la base de pactos corruptos con políticos como Arnoldo Alemán, y con el concurso de personajes ligados a la antigua Contra como Edén Pastora, Alexis Argüello y Obando y Bravo. Lo ayuda a consolidarse la corrupción con los fondos de Petrocaribe, alrededor de 4 mil millones de dólares. Por su sumisión ante el FMI adopta la reforma del sistema de pensiones que generaría las protestas de jubilados y estudiantes del 18 de abril. Y es en respuesta a la bestial represión descargada por Ortega que la protesta se masifica a tal punto que el gobierno echó para atrás la reforma acordada con el FMI, pero ya las masas estaban indignadas con los asesinatos y el objetivo inicial de la lucha fue superado, se reclamaba la caída de la dictadura.
El descontento venía acumulándose desde hace años. Los campesinos y pescadores luchando contra el depredador proyecto de un canal interoceánico por el Lago de Nicaragua, los estudiantes y ecologistas movilizados contra la destrucción de las reservas forestales y la devastación llevada a cabo por transnacionales mineras. Había una gran inconformidad con la injusticia y desigualdad del segundo país más pobre del hemisferio. Esto en última instancia es lo que explica el gran estallido ocurrido en la mayoría de las ciudades nicaragüenses, incluyendo bastiones electorales históricos del FSLN. No fue una sublevación derechista dirigida por el imperialismo, la línea de EEUU y la OEA siempre fue el diálogo y solo recientemente se aplicaron algunas sanciones que aunque repudiables no pasan de ser simbólicas. Por el contrario se trató de una genuina rebelión contra un gobierno entreguista y asesino. Ortega no escatimó en recursos para aterrorizar a la población, incluyendo el empleo de tácticas fascistas como quemar un edificio con sus habitantes adentro por negarse a prestar su techo a los francotiradores, tal como ocurrió el 16 de junio en el barrio Carlos Marx de Managua.
Durante el mes de julio el gobierno lanzó una ofensiva militar para levantar las barricadas callejeras, con miles de efectivos en las calles, desatando asesinatos y allanamientos masivos. El 13 de julio la Policía Nacional y los paramilitares atacaron a balazos la UNAN-Managua y la Iglesia Divina Misericordia. Con el reinicio de las clases en las universidades entre agosto y noviembre, hay una anulación de hecho de la autonomía universitaria, con centenares de expulsiones de estudiantes y despidos de profesores por retaliación política, en una regimentación dictatorial de la vida académica. Miles de nicaragüenses han tenido que abandonar el país como consecuencia de esta ola represiva.
Con la disminución de las protestas, la represión se ha tornado más selectiva. Por ejemplo, el 24 y 25 de agosto, el gobierno hizo alrededor de 50 detenciones de defensores de derechos humanos. También se dotó de nuevas herramientas legales para la represión, como una ley antiterrorista aprobada en julio cuyos vagos términos permiten perseguir cualquier disidencia, o la ilegalización de las protestas en septiembre.
A pesar de todo, la lucha sigue. En el último período las protestas se centran en la exigencia de libertad para los presos políticos. La Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional se solidariza con esta justa exigencia y llama a las organizaciones sindicales, al movimiento de mujeres, a las organizaciones populares y de izquierda a repudiar a la dictadura capitalista de Ortega y a levantar su voz por los presos, las víctimas y las libertades democráticas del pueblo nicaragüense.
Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
5/12/2018
