Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)
El pasado miércoles 26 de junio, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció la detención de un grupo de trece oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que de acuerdo a la versión oficial, estarían involucrados en un plan golpista que tenía como objetivo asesinar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Cilia Flores.
Entre esos apresados se encontraba el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, que fue detenido el viernes 21 de junio por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Al oficial mencionado, lo mantuvieron siete días en los calabozos de esa institución represiva del Estado, sin haber sido presentado ante un tribunal militar y sin tener contacto con sus familiares y abogado, lo cual ya es una violación de sus derechos.
El viernes 28 de junio, Acosta Arévalo fue trasladado a un tribunal militar para su presentación como imputado, pero el juez suspendió el inicio de la audiencia ante el estado físico del oficial, quien casi no podía hablar ni pararse de la silla de ruedas en la que llegó al tribunal. Ante el grave deterioro de la salud del oficial, el juez solicitó su remisión al hospital militar del ejército Dr. Vicente Salias. Al día siguiente, en ese centro hospitalario, el capitán Acosta Arévalo murió supuestamente, como consecuencia de las torturas a las que habría sido sometido en los calabozos de la Dgcim.
En un pronunciamiento oficial, el gobierno de Nicolás Maduro reconoció la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, y en el acostumbrado tono retórico que utiliza para encubrir sus responsabilidades políticas, solicitó el inicio de una investigación sobre ese hecho a la Fiscalía General de la República, dirigida por otro alto dirigente del bloque gubernamental chavista, Tarek William Saab.
Este no es el primer preso político que muere bajo custodia del gobierno. Ya van cinco casos en los los últimos 4 años. Anteriormente fallecieron en circunstancias similares Rodolfo González (2015), Carlos Andrés García (2017), el concejal Fernando Albán, el año pasado, y el trabajador de Corpoelec, Ángel Sequera, este mismo año.
El Partido Socialismo y Libertad denuncia responsablemente, que la muerte del capitán Acosta Arévalo no es un caso aislado, en realidad es una nueva evidencia de que estamos en presencia de un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, y restringe las libertades democráticas. Ya son públicas las denuncias de torturas, por parte de personas que estuvieron detenidas, así como de sus familiares y abogados.
En el 2017 el gobierno de Maduro reprimió brutalmente las protestas que se produjeron masivamente en todo el país, y que ocasionaron la muerte de más de 160 personas, miles de heridos y detenidos.
Ya es tristemente célebre la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), la cual se comenzó a ejecutar desde el 2015, la cual dejó una estela de muertos y masacres impunes como la de Barlovento y la de Cariaco. Así como más recientemente las acciones del Faes. Estos operativos son similares a los puestos en práctica en el pasado puntofijista por AD y Copei, como el Operativo Oriente (1965), la Operación Vanguardia (1970), y el Plan Unión en 1981.
En este momento hay cientos de trabajadores, dirigentes sindicales, estudiantiles, campesinos y políticos detenidos o con medidas cautelares. Los casos más emblemáticos son los de Rodney Alvarez, quien tiene 8 años preso por un crimen que no cometió o el de Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco.
Lamentablemente debemos decir que hay sectores de la izquierda que en el pasado protestaron ante las torturas y violaciones a los derechos humanos perpetrados por AD, pero que hoy guardan silencio cómplice ante estas prácticas.
Nuestro partido no tiene nada que ver políticamente con los oficiales detenidos, y se opone a eventuales aventuras golpistas, que desestiman la participación obrera y popular en la lucha contra el gobierno de Maduro, pero no podemos quedarnos callados ante una nueva violación de los derechos humanos, y ante la muerte de una persona que se encontraba bajo la custodia del gobierno, lo cual lo hace responsable de este lamentable desenlace. En ese sentido, repudiamos categóricamente el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, presumiblemente víctima de torturas.
El PSL exige que se conforme una comisión independiente que investigue la muerte de este oficial, integrada por representantes de organismos de derechos humanos y de los familiares de la víctima, asimismo exigimos la liberación de todos los detenidos por protestar o por ser opositores al gobierno. También nos pronunciamos por la eliminación de las instituciones represivas y torturadoras del Estado, como el Sebin y la Dgcim.
La conquista de las libertades democráticas y la salida del gobierno antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro, que aplica un brutal ajuste contra los trabajadores y el pueblo, el cual solo beneficia al gobierno, a las transnacionales y a los empresarios privados, depende de la movilización masiva, independiente y combativa del pueblo trabajador, en la perspectiva de lograr un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras.
