Por Simón Rodríguez Porras, dirigente del PSL sección venezolana de la UIT-CI
Caracas, 31 de julio de 2019. Los escándalos de corrupción no dejan de estallar en torno a Guaidó. El más reciente ha sido la revelación de que José Hernández, abogado nombrado por el presidente de la Asamblea Nacional para representar los intereses de Citgo, la filial en EE.UU. de la petrolera estatal Pdvsa, en el año 2017 había declarado como testigo experto a favor de la empresa minera canadiense Crystallex en un juicio en contra del Estado venezolano.
Esta semana, un tribunal estadounidense rechazó una apelación de Pdvsa y confirmó la confiscación por parte de Crystallex de activos de Citgo por un valor de $1.400 millones. Los activos de Citgo ya habían sido congelados este año por el gobierno de Trump y puestos bajo la administración de Guaidó.
Diputados opositores han denunciado que alertaron a Guaidó sobre el conflicto de intereses antes del nombramiento de Hernández como “procurador especial”. Las implicaciones del caso son terribles pues se evidenciaría una conspiración criminal para favorecer los intereses de una transnacional imperialista en una acción judicial contra el Estado venezolano.
En el mes de junio, medios opositores al gobierno de Maduro, publicaron reportajes en los que se documentaba que emisarios nombrados por Guaidó, se habrían apropiado de enormes sumas de dinero destinadas a financiar a militares desertores y prófugos, que se concentraron en la ciudad colombiana de Cúcuta a partir del mes de febrero. Guaidó se vio obligado a declarar que investigaría los hechos de corrupción.
Luego de su nombramiento como presidente de la Asamblea Nacional, el 10 de enero, y su posterior autoproclamación como “presidente interino”, Juan Guaidó acaparó grandes expectativas en sectores importantes del pueblo trabajador, que venía de sufrir una derrota en la represión contra la rebelión del año 2017 y estaba extenuado luego de cinco años de ajuste y recesión, en los cuales la economía se contrajo a la mitad, forzando la mayor emigración en la historia venezolana.
Desde el primer momento Guaidó evidenció su completa subordinación al gobierno de EE.UU., aun así, muchos creyeron equivocadamente que era inminente un cambio político que mejoraría las duras condiciones de vida de la mayoría empobrecida.
Las convocatorias de masas de Guaidó, grandes en las primeras semanas, fueron mermando conforme pasaban los meses, al quedar claro que no existía una estrategia para sacar a Maduro mediante la movilización popular y que la apuesta de la Asamblea Nacional se centraba en esperar que las brutales sanciones petroleras implementadas por Estados Unidos a partir del mes de enero, precipitaran un golpe de Estado. Al servicio de dicha orientación se prometía amnistía a los civiles y militares incursos en corrupción y violaciones de DD.HH.
Por otra parte, la mayoría de los dirigentes de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, creada a fines de 2018, y que había venido impulsando protestas por salario y en defensa de derechos laborales, optó por la línea desmovilizadora de Guaidó, y no convocó a huelgas ni movilizaciones independientes, lo que llevó a su división y el surgimiento del agrupamiento «Trabajadores en Lucha», que integra a sindicalistas opositores de izquierda y chavistas disidentes.
Luego de fracasado el intento de golpe del 30 de abril, que según los voceros del gobierno yanqui dependía de la participación del ministro de la defensa chavista, se abrió un proceso de negociaciones con intermediación noruega, lo que acentuó las divisiones en el bloque opositor de derecha. En julio, el gobierno de Trump flexibilizó las sanciones al prorrogar la licencia para las operaciones de las transnacionales petroleras yanquis Chevron, Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Baker Hughes. Lo que pone en evidencia que la perspectiva de una invasión o agresión militar nunca fue la prioridad del gobierno de Trump. La firma del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca por parte de la Asamblea Nacional, falsamente presentada como la antesala de una invasión, no cambia nada.
A fines de julio también fue detenido en Costa Rica uno de los aliados de Guaidó, el ex gobernador chavista Eduardo Manuitt, quien residía en el país centroamericano desde el año 2009 en calidad de refugiado. Manuitt, cuyos hijos participaron en la toma de la embajada venezolana en Costa Rica en febrero, fue detenido por secuestrar y torturar a trabajadores costarricenses.
El hundimiento de Guaidó fortalece coyunturalmente al gobierno dictatorial de Maduro, que se sostiene por medio de la represión, cuya brutalidad fue recientemente reflejada en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
Pero el agravamiento de la crisis económica presiona a las mayorías obreras y populares a la acción independiente y siguen realizándose, atomizadas, decenas de protestas semanales exigiendo acceso a los servicios públicos y salarios dignos. La oposición de izquierda sigue luchando por una salida autónoma, por medio de la movilización, que permita al pueblo trabajador tomar su destino en sus propias manos.
fuente: laclase.info
