Mientras el gobierno indio recurre a la anexión del estado de Jammu y Cachemira a punta de pistola, deteniendo a sus líderes políticos y cortando todos los medios de comunicación, extendemos nuestra solidaridad a los pueblos de Jammu y Cachemira en su lucha por sus derechos y libertades más básicos.
Al pueblo de Cachemira nunca se le dio la opción de tener su propio Estado. Desde 1947, su tierra ha sido disputada por India y Pakistán y dividida entre ambos. En la independencia, en agosto de 1947, Jammu y Cachemira era un estado principesco gobernado por el Maharajá Hari Singh, y se le dio la opción de unirse a la India o a Pakistán. Como J&C era un estado de mayoría musulmana, muchos esperaban que se uniera a Pakistán. Por otro lado, el partido que dirigía la lucha por la independencia, la Conferencia Nacional de Jammu y Cachemira (J&C), era laico y estaba aliado al Congreso Nacional Indio. Mientras el Maharajá titubeaba sobre la decisión, en octubre de 1947 hubo una invasión de tribus del oeste respaldada por Pakistán, y Hari Singh apeló a la India para que le ayudara a luchar contra ellos. La India aceptó con la condición de que J&C se adhiriera a la India, y el Maharajá firmó el instrumento de adhesión que, por parte de la India, estaba condicionado a la aprobación del pueblo cachemirí. Mientras continuaban los combates, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exigía a Pakistán que retirara sus fuerzas, a la India que retirara la mayoría de sus fuerzas, y un plebiscito que se celebraría para decidir si Cachemira debía unirse a la India o a Pakistán. Sin embargo, ninguna de las partes retiró sus fuerzas, el plebiscito nunca se celebró, y el Estado ha permanecido dividido hasta el día de hoy.
En 1952, en la parte india, el artículo 370, que especificaba las condiciones en las que el Estado de Jammu y Cachemira se había adherido a la India, fue incorporado a la Constitución de la India por recomendación de la Asamblea Constituyente de Jammu y Cachemira. En 1954, se añadió el Artículo 35A con el acuerdo de la Asamblea Constituyente de J&C. Desde que la Asamblea Constituyente se disolvió el 25 de enero de 1957 sin recomendar la revocación del artículo 370, el Tribunal Supremo de la India lo ha considerado permanente.
El 5 de agosto de 2019, el gobierno del Partido Bharatiya Janata (BJP) de la India revocó el artículo 370 de la Constitución india, que había dado al estado de J&C un grado considerable de autonomía, incluyendo el tener su propia constitución y su propia bandera.
La Constitución de la India permite la revocación del artículo 370, pero solo con la aprobación previa de los representantes electos del pueblo de Cachemira en la asamblea constituyente de J&C. Ni siquiera se solicitó la aprobación de la asamblea legislativa de J&C porque había sido disuelta en noviembre de 2018 por el gobernador nombrado por el BJP. El 5 de agosto, el gobernador dio fraudulentamente su consentimiento en nombre de millones de cachemiríes que se encontraban en cautiverio en sus hogares a punta de pistola, mientras que los líderes políticos electos, incluso los que han estado en coaliciones con el BJP, fueron detenidos y se cortaron todos los medios de comunicación, incluidos los teléfonos móviles, las líneas fijas e Internet.
La revocación del artículo 370 también implicó la supresión del artículo 35A de la Constitución india, que, de manera crucial, reservaba el derecho a la propiedad de tierras y bienes inmuebles, así como el derecho a votar y participar en las elecciones, a buscar empleo en el gobierno y a obtener beneficios de asistencia social estatal, a los residentes permanentes del estado. Ahora, J&C ha sido dividido en dos territorios de la Unión gobernados directamente desde Delhi, un movimiento diseñado para humillar aún más a la ya subyugada población.
Esta revocación por parte del gobierno indio es la hazaña más impresionante que se ha logrado hasta ahora en la constante destrucción de la democracia de la India por parte del BJP en los últimos cinco años. La derogación unilateral por parte del gobierno central de los términos en los que Cachemira se adhirió a la India significa que el Estado ya no está legalmente vinculado a la India, y que la India se convierte en una potencia ocupante extranjera. Los gobiernos anteriores han sido culpables de graves violaciones del artículo 370, así como de violaciones de los derechos humanos en Cachemira, pero ésta es la primera vez que la ocupación militar india de Cachemira carece de todo fundamento jurídico.
Las excusas proporcionadas por el Primer Ministro Narendra Modi y el Ministro del Interior Amit Shah para dar este paso – poner fin a la violencia separatista y desarrollar J&C al nivel del resto de la India – no tienen sentido. No se pondrá fin a la violencia separatista enfureciendo incluso a los cachemiríes que antes querían formar parte de la India mediante la destrucción de sus derechos democráticos. Los argumentos económicos que da el gobierno indio también son falsos.
Lejos de quedarse atrás con respecto al resto de la India, Cachemira está por delante de muchos estados de la India, incluido el estado de Gujarat de Modi y del presidente del BJP y ministro de gobierno, Amit Shah. Cachemira tiene tasas mucho más bajas de mortalidad infantil y de menores de cinco años, porcentajes más bajos de niños y mujeres con peso inferior al normal, porcentajes más altos de niños totalmente inmunizados y de niñas de 15 a 19 años con al menos 8 años de escolaridad, así como una mayor esperanza de vida a pesar del conflicto en curso. Lo más sorprendente es que el índice de pobreza en Cachemira es muy inferior a la media nacional. Esto se debe en gran parte a la propia constitución de Cachemira, en virtud de la cual se emprendieron amplias reformas agrarias en la década de 1950, que redujeron drásticamente la carencia de tierras y la pobreza rural que acechan al resto de la India. El estatuto especial de Cachemira ha sido responsable de esta reducción de la pobreza, tanto al permitir las reformas agrarias como al impedir que los no cachemiríes adquieran tierras en Cachemira.
Esto nos lleva a las verdaderas razones, políticas, económicas e ideológicas, por las que la India ha dado este drástico paso: abre la puerta a la apropiación de tierras por parte de colonos del resto de la India, lo que también permitirá cambiar la demografía de J&C. La Cachemira de mayoría musulmana siempre ha sido una espina clavada en la carne de los supremacistas hindúes, que en 1948 habían matado y expulsado a cientos de miles de musulmanes en Jammu. La derogación del artículo 370 les permite «integrar» a J&C en la India cambiando su composición étnica. En otras palabras, la intención es convertir a Cachemira en un enclave colonial como Palestina. No es una coincidencia que la India, que desde la independencia había sido un firme defensor de la lucha de liberación de Palestina, se haya convertido bajo Modi -el primer ministro indio en visitar Israel y abrazar literalmente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu- en un aliado incondicional de Israel.
Al mismo tiempo, los fundamentalistas islámicos apoyados por Pakistán (tanto armados como desarmados) que piden la unión de Cachemira con Pakistán ofrecen una «alternativa» que sería desastrosa para las mujeres, las minorías religiosas y la mayoría secular. Han actuado conjuntamente con los supremacistas hindúes para silenciar las voces progresistas y socavar la democracia en Cachemira.
Mientras tanto, la histeria de guerra provocada por los supremacistas hindúes en la India y los fundamentalistas islámicos en Pakistán sirve para desviar la atención del fracaso abismal de estos dos Estados a la hora de satisfacer incluso las necesidades más básicas de su pueblo, y puede llevar a una escalada del conflicto armado entre ellos. Rusia respalda a la India, China respalda a Pakistán, y Estados Unidos pide a la India y Pakistán que mantengan la calma, mientras que el racismo abierto y la intolerancia anti musulmana de Trump sirven para fomentar las mismas actitudes en la India.
En este momento de trauma y represión sin precedentes, nosotros, la Alianza de Socialistas del Medio Oriente y el Norte de África, expresamos nuestra solidaridad incondicional con el pueblo de Jammu y Cachemira y reafirmamos su derecho fundamental a decidir su propio futuro en su propio país. En un momento en que el apoyo a la libertad de Jammu y Cachemira es tratado como traición tanto en la India como en Pakistán, queremos especialmente extender nuestra solidaridad a los socialistas y progresistas de allí y a sus homólogos de la India y Pakistán.
12 de agosto de 2019
