Por Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
La estatal petrolera jubila forzosamente a José Bodas sin su consentimiento justo el 1 de Octubre cuando vence el contrato colectivo petrolero, aplica una medida ilegal y violatoria por instrucciones del gobierno de Maduro con la intención de desconocer sus derechos, habidas cuentas que no pudieron despedirlo producto de la campaña de solidaridad nacional e internacional que se desarrolló en defensa de su condición de dirigente sindical.
Cabe destacar que en toda esta política del gobierno en contra de los derechos de José Bodas y de varios federativos más, participaron dirigentes sindicales de la CSBT, particularmente Will Rangel quien durante todo este tiempo no dijo nada al respecto.
Pretendieron botarlo, le suspendieron de manera ilegal su salario, no hubo notificación sobre su situación laboral, su familia es impactada de manera directa por esta arbitrariedad y por ende atentan contra todos sus derechos (laborales, alimenticios, a la salud y humanos entre otros).
PDVSA viola la ley del trabajo y la estabilidad absoluta que brinda la ley al concepto del fuero sindical, el cual es de carácter especial, dado que el mismo le fue otorgado por el voto universal y directo de los trabajadores petroleros cuando sale electo como Secretario General de la FUTPV en el año 2009 con más de 8mil votos.
José Bodas no es un trabajador en condiciones normales en operaciones, tiene un permiso sindical permanente establecido por la convención colectiva petrolera, para dedicarse a defender los intereses de los trabajadores de la industria, quienes se encuentran distribuidos en más 18 zonas petroleras en todo el país. El gobierno quiere anularle de manera definitiva la condición de dirigente sindical y desconocer su condición de directivo de la FUTPV.
El gobierno profundiza su política de criminalización contra de los y las trabajadoras y en el caso de José Bodas y de varios federativos más, lo hace bajo la prerrogativa de su esencia totalitaria, de un uso abusivo de poder, aterrorizando a todo aquel que ose protestar y defienda sus derechos y para ello busca eliminar del camino a los que no le son funcional en su política de ajuste económica, la cual lleva implícito la aplicación del memorándum 2792, el factor de equilibrio 9030, Tablas salariales de hambre, salarios de semi-esclavitud, despidos a trabajadores de base, a delegados de prevención, directivos de los sindicatos de bases y jubilaciones forzosas y suspensiones
Siempre hemos condenado esas prácticas antidemocráticas y de terrorismo político-laboral. Continuaremos manteniendo una conducta política de enfrentamiento al gobierno antipopular y hambreador de Maduro para defender la autonomía sindical e independencia política del movimiento de las y los trabajadores
Así como desarrollamos una campaña nacional e internacional contra las pretensiones del gobierno de despedir al compañero, vamos a responder con todas nuestras fuerzas y con la solidaridad de la clase trabajadora del país y del apoyo internacional a esta nueva artimaña viciada de arbitrariedades al querer jubilarlo forzosamente sin su consentimiento. Esta decisión no procede de ninguna manera, es totalmente ilegal.
Queremos exigir pronunciamientos sin equívocos y contundentes de la junta directiva de la federación unitaria de trabajadores petroleros de Venezuela (FUTPV) sobre lo siguiente: Primero, la violación del fuero sindical de José Bodas y varios directivos más. Segundo, contra la política criminal de gobierno que apela a subterfugios para eliminar a todos los dirigentes que no le son funcionales para el desarrollo de su política de ajuste económico cuando los jubila forzosamente, suspende y despide de manera injustificada.
Igualmente queremos hacer un llamado al conjunto de la clase trabajadora de la industria petrolera, a la cual le destruyeron su salario, el comisariato y el seguro Sicoprosa entre otros benéficos a sumarse a la defensa de todas las y los trabajadores petroleros que hoy son víctimas de esta política de jubilaciones forzosas, de despidos y suspensiones ilegales y de criminalización que se aplica en todas las 18 zonas petroleras del país.
Repudiamos los ataques del gobierno contra la libertad sindical
Ante esta política reaccionaria del gobierno en contra de la clase trabajadora, lo correcto es desarrollar una amplia política de unidad hacia la clase trabajadora del país para responder de manera unida en defensa de los intereses y derechos que el gobierno viene violentando, negando y eliminando de manera sistemática como lo son, salarios y pensiones igual al costo de la canasta básica e indexado mensualmente, cumplimiento de los contratos colectivos, restablecimiento del acceso a la salud y alimentación en los centros de trabajo, por el reenganche de las trabajadoras y los trabajadores despedidos, suspendidos y jubilados forzosamente.
¡No a los despidos injustificados y jubilaciones forzosas!
¡Basta de persecusión y criminalización de los que luchan!
¡Respeto a las contrataciones colectivas!
¡Abajo las tablas salariales y el memorando 2792!
¡Por un salario mínimo igual a la canasta básica, indexado mensualmente con respecto a la inflación!
