Por Colectivos Unidos (Colombia)
El cinismo del presidente Duque no tiene límites. Al tiempo que declara que no es momento para pensar en una reforma fiscal, anuncia un endeudamiento por 11 mil millones de dólares con el FMI e impone una cascada de decretos que favorecen a empresarios y al sector financiero, a la vez que castiga el bolsillo de la clase media, trabajador@s y sectores desfavorecidos de la población. En síntesis un paquetazo de salvataje capitalista puro y duro.
Al amparo de la emergencia provocada por la pandemia del Covid19, el decreto 444 crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) con recursos provenientes del Fondo de Pensiones (Fonpet) pertenecientes a las entidades territoriales, del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y recursos asignados en el presupuesto general nacional para dar vía libre a la indiscriminada contratación a las entidades nacionales y territoriales, así como apoyar la liquidez del sector financiero.
El decreto 538 autoriza la transferencia de billonarios recursos para las funestas entidades privadas de la salud como son las EPS y otros intermediarios, al tiempo que obliga al personal de la salud a estar disponible para trabajar en el sistema sin ningún tipo de vinculación laboral digna, contratación indefinida, prestaciones sociales corruptas, ni condiciones seguras de trabajo.
Con el decreto 558 el gobierno arbitrariamente decide que Colpensiones se haga cargo de más de 20 mil pensiones de retiro programado de montos bajos que manejan los fondos privados, con el ruin argumento que ello es para subsidiar las rentabilidades negativas que han tenido los portafolios de las AFP. A cambio de esta operación el gobierno recibe recursos cercanos a los cinco billones por parte de los fondos privados, que en nada cubren los costos que a futuro Colpensiones deberá cubrir para sostener las pensiones de las personas trasladadas.
Con el decreto 552 se le inyectan nuevos recursos al Fome provenientes del Fondo de Riesgos Laborales pagaderos en 10 vigencias fiscales y 0% de intereses. El decreto 560, flexibiliza y da plenas garantías a los propietarios para que declaren la insolvencia de sus empresas hasta por dos años violentando con ello los derechos del personal vinculado que, como siempre, serán los últimos a tener en cuenta en los procesos de reorganización empresarial y cancelación de pasivos laborales. Ni que decir del decreto 568 que legitima el raponazo a los sueldos y salarios a profesionales y emplead@s que devengan más de 10 salarios mínimos, con descuentos obligatorios que superan el 15%, a lo que se suma la conminación para que el resto de trabajadores y empleados con salarios inferiores también hagan un “aporte voluntario”.
Otros decretos van dirigidos a supuestas ayudas a personas sin relaciones laborales formales mediante subsidios económicos y entrega de mercados, pero que como ya es conocido por la opinión pública, ha sido una farsa tras la cual se esconde el más descarado robo de recursos a través de la contratación con sobreprecios, el clientelismo político y la pérdida de los recursos en las manos de agentes inescrupulosos encargados de la distribución. Es de destacar que alrededor de este paquetazo se encolumnan empresarios, banqueros, gestores intermediarios de la salud, dirigentes de partidos políticos tradicionales y no tan tradicionales, así como también los gobiernos regionales y locales.
No contento con lo anterior, Duque inicia una intensa campaña tendente a convencer a la población que ya se puede flexibilizar la cuarentena con la clara intención que seamos los trabajadores y trabajadoras quienes asumamos los riesgos de contaminación, enfermedad y probable muerte, para que no se sigan “perjudicando” los negocios de los oligarcas. Es tal la falta de escrúpulos de estos criminales que un dirigente del Centro Democrático ha dicho que no importa que mueran 10.000 personas, si ello impide que se paralice la economía.
Profundicemos la protesta con las banderas rojas de la dignidad y la solidaridad popular
Por millares se cuentan los participantes en las diferentes formas de protesta que en el territorio nacional se llevan a cabo exigiendo al gobierno garantías laborales y recursos suficientes para poder cuidar la salud y la vida durante la cuarentena. Cacerolazos, plantones y hasta movilizaciones, expresan el inconformismo de la población, a la que el Presidente y los gobiernos locales responden en forma agresiva recurriendo como siempre al Esmad, la policía y el ejército para sofocar la legitima protesta de una población que además de estar preocupada por el contagio se encuentra acorralada víctima del hambre. Se ha llegado a tal punto de violencia oficial que la alcaldesa de Bogotá amenaza con no entregar recursos a quienes protesten.
Las banderas y los trapos rojos en las viviendas, así como la vestimenta roja para salir a reclamar al gobierno se han convertido en un símbolo que identifica a los que pasan penurias pero también salen a la lucha reclamando sus derechos.
En contraste con la política de terror estatal, en el campo popular florece la solidaridad. Los sindicatos, las organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas y estudiantiles organizan colectas de alimentos, de dinero y se establecen sitios de acopio, se generalizan las ollas populares y comedores comunitarios donde se expenden alimentos gratis o a bajo precio para ayudar a mitigar el hambre de miles de familias. Esta es la verdadera Colombia solidaria, fraterna y combativa que señala otra salida, distinta a la política criminal del paquetazo económico, de la corrupción y represión que imponen el gobierno nacional y las autoridades locales y departamentales.
Con estas acciones de lucha y solidaridad obrera y popular miles de poblador@s toman conciencia que lo que no funciona ni satisface sus necesidades es el modelo económico capitalista instaurado a sangre y fuego por los gobiernos de empresarios, banqueros, multinacionales y partidos políticos serviles. La población ahora entiende que esos gobiernos son los responsables que no funcione el sistema de salud porque los entes privados, amparados con la Ley 100 convirtieron la salud en un lucrativo negocio; que ellos son los responsables que más de medio país no tenga empleo fijo y salario digno; que ellos son los responsables de la corrupción, el hambre y la miseria.
Nuestra agrupacion Colectivos Unidos saluda todas las iniciativas obreras y populares para enfrentar al gobierno, los invita a profundizar la constitución de organizaciones y redes de trabajo en las empresas, universidades, ciudades y el campo colombiano. Con todas las precauciones posibles, para impedir la expansión del contagio, mantengamos en alto las banderas rojas de la dignidad, profundizando la batalla contra el gobierno nacional y los gobernadores y alcaldes cómplices. Es preciso derrotar a Duque, antes que ellos nos condenen definitivamente a la muerte por el contagio del Covid 19 o por hambre.
Exijamos la entrega de los recursos a todas las familias que lo requieran, a través de las organizaciones sindicales y comunales para impedir que los intermediarios y los clientelistas de profesión lucren económica y políticamente de esta tragedia. Que se establezcan sitios de acopio en todos los barrios y comunidades para que la población sea quien directamente acceda a los subsidios y vigile que no se cometan actos de corrupción. Un nuevo proyecto político alternativo, democrático y popular, empieza generando participación con decisión en cada barrio, manzana, UPZ, localidad, etc.
Opongámonos a la flexibilización de la cuarentena. Los escasos 50 mil test que se han realizado no son un indicativo suficiente para tomar medidas de alto impacto como el regreso al trabajo o el uso del transporte masivo. Antes de tomar este tipo de decisiones se debe masificar los test para evaluar si las personas están contagiadas; establecer la microzonificación de las áreas de contagio con planes especiales de atención y aislamiento digno; que se desinfecten todos los sitios de trabajo y se le garantice a cada persona los elementos de bioprotección; todo lo anterior acompañado de la creación y dotación de la infraestructura en el sector de la salubridad para atender a las personas afectadas y las garantías al personal de la salud para que desarrollen en condiciones seguras su noble labor de velar por la salud y la vida de los colombian@s.
Exigimos a los dirigentes de las centrales obreras y al Comando Nacional de Paro que rompan todo compromiso político con el gobierno y se dispongan a responder por los derechos de los trabajadores y del pueblo. Ha quedado plenamente demostrado que al gobierno de Duque no le interesa ni la vida ni salud del pueblo, a él solo le preocupan los negocios de sus padrinos políticos, razón más que suficiente para seguir llamando a la lucha frontal contra su paquetazo de salvataje capitalista y a preparar por las bases la batalla en la perspectiva del Paro Nacional como lo venimos reclamando desde tiempo atrás las organizaciones y activistas que conformamos el Bloque por el Paro Nacional Indefinido.
