Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)
La catástrofe social que desde hace años venimos padeciendo las trabajadoras y trabajadores venezolanos, se ha agravado en el último período como consecuencia de las medidas tomadas en el marco de la pandemia, que han afectado severamente la ya destruida economía del país.
En las últimas semanas hemos presenciado atónitos como los precios de los productos de primera necesidad se han ido hasta las nubes, mientras nuestros salarios son cada vez más miserables.
Esta situación ha agudizado el hambre y la desesperación en miles de pobladores de los barrios populares, especialmente en las zonas más pobres y deprimidas de Venezuela, que han salido a saquear comercios en sus localidades.
El pasado lunes 20 más de 1000 pescadores marcharon en Araya (estado Sucre) exigiendo gasolina. Tienen más de 36 días sin adquirir combustible, lo que les impide surtir sus embarcaciones para trabajar. Además de estar cansados de la falta de gas y luz en la región.
El miércoles en Cumanacoa, los pobladores de esa población del oriente del país, saquearon varios negocios. Mientras que al gobernador de la entidad no se le ocurrió nada mejor que acusar al pueblo de fascista. “Los fascistas no podrán quitarnos la paz», afirmó.
El jueves las protestas por comida y gasolina se multiplicaron en 15 estados, según el Observatorio de Conflictividad Social Venezolano. Hubo saqueos en Upata (Bolívar), donde murió un joven, y otros dos heridos de bala, víctimas de la represión policial, lo cual repudiamos categóricamente. En Punta de Mata (Monagas) y Río Caribe (Sucre), también hubo saqueos. Mientras que en Guanare (Portuguesa) saqueaban al grito de: “Tenemos hambre, queremos comida”.
En Socopó, estado Barinas, la protesta fue por gasolina. Cientos de productores agrícolas trancaron una carretera exigiendo combustible para poder movilizar sus cosechas.
Ya las semanas previas se habían producido situaciones de tensión y protestas en las colas de vehículos para abastecerse de la poca gasolina que aún quedaba en el país.
Todas estas protestas y saqueos son expresión del hambre que sufren millones de habitantes de los sectores populares cansados de la frustración de no poder comprar comida a sus hijos. Lo real es que en muchas ocasiones estas protestas obligan al gobierno a reaccionar y dar algunas concesiones, poniendo en evidencia que lo único que puede cambiar nuestras vidas es la lucha y la movilización.
Ante el creciente malestar social, el gobierno rápidamente activó sus mecanismos de propaganda y responsabilizó de los incrementos de precios a los “especuladores”, y a un supuesto plan golpista en el que estarían involucrados algunos empresarios.
Sin duda que comerciantes y empresarios aprovechan la crisis y la pandemia para hacer jugosos negocios, sin embargo, la especulación no es sino la consecuencia natural de la hiperinflación reinante en el país desde hace por lo menos 3 años. Producto de la caída brutal de la producción de bienes en el país. Pocos productos en el mercado genera acaparamiento y escasez, y subsecuentemente inflación y especulación. Y el resultado en nuestros bolsillos es destrucción de los salarios en bolívares cada vez más devaluados.
Por otra parte, el gobierno anunció un plan que incluye ocupación temporal de la empresa de alimentos Coposa, y venta supervisada y negociación de “precios acordados” con Empresas Polar, Plumrose y mataderos cárnicos. En ese marco, Maduro dijo que “el país saldrá pronto de la situación de inestabilidad económica”. Pero debemos recordar que tiene años repitiendo lo mismo: “Este año sí… este año sí”. Mientras el pueblo y los trabajadores y trabajadoras seguimos con salarios cada vez más destruidos, y con nuestro nivel de vida por el suelo. Mientras empresarios hacen negocio con el hambre del pueblo; los funcionarios gubernamentales se enriquecen al amparo del Estado, y Guaidó y sus diputados se aumentan el sueldo a $5000 con retroactivo a enero.
Ya el gobierno ha adoptado medidas similares en repetidas ocasiones. Durante 1 ó 2 semanas los precios de algunos bienes se estabilizan, luego comienza a haber escasez de los productos regulados, ya que los empresarios y comerciantes prefieren venderlos en el mercado paralelo, en el que militares, alcaldes, gobernadores y funcionarios aprovechan para hacer pingües negocios. Los precios se disparan otra vez. Y se repite la historia. El gobierno se sienta de nuevo con los empresarios, vuelven a acordar precios. Y continúa el ciclo hiperinflacionario. Que no se va a detener mientras no aumente la producción global del país, en particular de alimentos y bienes esenciales.
Hasta la producción de petróleo ha caído estrepitosamente. Ni siquiera hay gasolina. Debido a la destrucción de las refinerías, y al impacto de las sanciones criminales del imperialismo norteamericano, que han agravado la escasez de combustibles ya preexistente. Lo mismo sucede con lo que producían las empresas básicas, que están por el suelo.
Algunos trabajadores dicen que los precios aumentan porque “subió” el dólar. En rigor, el dólar no “sube”. Lo que se devalúa es nuestra moneda. Lo que pierde capacidad de compra es el bolívar. Y esto seguirá siendo así mientras no se incremente sustancialmente la producción nacional, y dependamos menos de productos importados.
Pero mientras esto sucede es necesario exigir un plan de importación masivo de alimentos, medicinas e insumos productivos. No podemos permitir que los trabajadores, las trabajadoras y sus familias se mueran de hambre.
En tal sentido el Partido Socialismo y Libertad sigue planteando que es necesario imponer con la movilización un Plan Económico y Social de Emergencia. El gobierno debe orientar todos los recursos económicos a enfrentar la crisis social y sanitaria.
Hemos venido llamando a todos los sectores sindicales, organizaciones populares, juveniles y a la verdadera izquierda revolucionaria a unificar criterios para dar la pelea por ese plan que parta de exigir un ¡salario igual a la canasta básica! ¡Hemos afirmado que enfrentar la crisis agravada por la pandemia pasa por aumentar los salarios!
No se puede seguir pagando la deuda externa. Debe suspenderse el gasto en armas y otros pertrechos, así como los ejercicios militares. Hay que confiscar bienes de los corruptos de Pdvsa e importadores fraudulentos, así como cancelar los contratos de empresas mixtas con las transnacionales; asimismo, pechar a los grandes grupos empresariales, banqueros y transnacionales con un impuesto especial para atender la crisis. Y destinar todos esos recursos para garantizar salarios, comida para el pueblo y recursos para enfrentar la pandemia.
Caracas, 25 de abril de 2020
