Por Manuel Gual
Dos décadas de falsa bonanza naufragaron en menos de dos meses de crisis, que han dejado al descubierto las terribles desigualdades y precariedades de esta pequeña vitrina neoliberal celebrada rutinariamente por el FMI en sus informes anuales. El gobierno y los capitalistas han decidido que todos los costos sociales y económicos de la pandemia los pague el pueblo trabajador: más de 780 mil trabajadores, uno de cada tres en el país, han visto sus contratos de trabajo suspendidos y sus salarios reducidos a un subsidio estatal de entre 90 y 150 dólares.
La cuarentena es con poca asistencia social y mucha represión. En seis semanas se contabilizan más de 48 mil detenciones, muchas de ellas acompañadas de brutalidad policial. Obviamente los arrestos masivos liquidan el distanciamiento social necesario para contener la pandemia, pero eso no es todo. Las autoridades han permitido la realización de una procesión cristiana el 26 de abril en Puerto Plata, supuestamente para ahuyentar el coronavirus. La misma Policía Nacional realiza conciertos de música religiosa con tarimas móviles durante los toques de queda, sumando resonancias tenebrosas y distópicas a la cuarentena.
Algunos sectores del gobierno alientan una salida autoritaria, la suspensión de las elecciones presidenciales, ya pospuestas para el 5 de julio. Es poco viable dada la serie de fracasos y derrotas recientes. Danilo Medina intentó el año pasado reformar la constitución para optar a un tercer período presidencial consecutivo y fue derrotado, pese a haber militarizado el parlamento. Agitó los fantasmas de Trujillo y Balaguer, que siguen generando un gran repudio popular. Ante la derrota, forzó nuevamente la marcha al romper sus acuerdos de rotación de cargos parlamentarios con la facción del expresidente Leonel Fernández e imponer a Gonzalo Castillo como candidato presidencial oficialista en la disputa interna del PLD. El partido se dividió y Fernández postuló su propia candidatura presidencial. En ese marco desastroso, el gobierno intentó realizar un fraude en las elecciones municipales de febrero que fracasó miserablemente, lo que derivó en el estallido de protestas en todo el país. Las elecciones finalmente se realizaron el 15 de marzo y el PLD perdió en la capital y los principales municipios del país. El voto castigo fue capitalizado lamentablemente por el PRM, que al igual que el PLD se ubica en la centroderecha de corte neoliberal y proyanqui. Las restricciones antidemocráticas de la ley electoral y la alianza oportunista de la mayor parte de la izquierda reformista con el PRM impidieron que hubiera una alternativa electoral de izquierda.
La pandemia castiga a una población que ya era muy vulnerable, con un sistema de salud en gran medida privatizado. Más de 4 mil casos de tuberculosis nuevos se registraron en 2018, la tasa de mortalidad infantil supera los 30 por cada mil y hay epidemias recurrentes de dengue. Al 27 de abril se acumulaban 6.300 contagios y 282 muertes por el covid19, pero el bajo número de pruebas realizadas indica que la verdadera cifra de contagios es mucho mayor.
El modelo económico se basa en las importaciones, con un entramado de tratados de libre comercio, el principal de ellos con EEUU, y el endeudamiento externo que crece más que la propia economía. Se alimenta de la mano de obra barata de las maquilas en las zonas francas, donde se brindan grandes ventajas tributarias a las transnacionales y el nivel de sindicalización es muy bajo dada la ausencia de libertad sindical. El turismo es aprovechado sobre todo por las cadenas hoteleras extranjeras. Otro componente importante es la recepción de remesas. Más de más un millón y medio de dominicanos son emigrantes, más del 15% de la población. Los trabajadores inmigrantes, mayoritariamente haitianos, marginados por el racismo hegemónico y con menores posibilidades de organizarse sindicalmente, son los más explotados en sectores como la agricultura y la construcción. La población inmigrante, de poco más de medio millón de personas, aporta con su trabajo más del 7% del PIB, pero es un sector totalmente excluido de la asistencia social en el marco de la crisis.
Dos décadas con un crecimiento anual promedio superior al 5% solo dejaron superganancias a los capitalistas. Más de la mitad de los trabajadores siguen en el sector informal, el desempleo supera el 13% y dos de cada tres hogares no cubren la canasta familiar. Mientras las ganancias capitalistas crecían, el salario real promedio cayó 20% entre 1999 y 2016.
La seguridad social ha sido privatizada y produce enormes ganancias a los capitalistas, que entre 2004 y 2017 ganaron más de 650 millones de dólares y ya acumulan fondos que equivalen al 15% del PIB. El negocio se ceba negando derechos, por eso el 30% de las pensiones por discapacidad y el 60% de las pensiones para familiares sobrevivientes son rechazadas por las AFP. Es entendible entonces que muchos trabajadores exijan la devolución parcial o total de sus cotizaciones en estos tiempos de crisis, pero desde el MST planteamos que la verdadera salida es la estatización de las AFP y su sustitución por un sistema estatal único de seguridad social que garantice pensiones dignas a todas las personas trabajadoras.
Del mismo modo, es necesario estatizar la salud para garantizar que sea un derecho universal. Para que pueda llevarse a cabo la cuarentena sin hambre se debe dejar de pagar la fraudulenta deuda externa. Los más de 5.000 millones de dólares que se perderían este año por esa vía resulta imprescindible invertirlos en garantizar salarios a todos los trabajadores formales e informales, prohibiendo los despidos y las suspensiones con rebaja salarial. Un Comité de emergencia encabezado por los trabajadores de la salud y sus organizaciones, que defina políticas coherentes contra la pandemia y controle las compras de insumos e inversiones necesarias para atender la crisis, detendría la corrupción del gobierno con los sobreprecios en las compras estatales. A todo ello hay que agregar que ningún funcionario debe ganar más que un médico y se deben cobrar impuestos a las grandes fortunas.
Esta salida, que contraponemos al ajuste del gobierno, es la única en la que se preservarían los derechos elementales de las grandes mayorías populares. Por ella debemos luchar unitariamente los sectores verdaderamente democráticos y revolucionarios de República Dominicana, fortaleciendo en el proceso los lazos de solidaridad con los demás pueblos del Caribe y Latinoamérica.
