Editorial de La Voz de los trabajadores N°54, Partido Socialismo y Libertad sección venezolana de la UIT-CI
En las últimas semanas saqueos, protestas e incluso un cacerolazo parcial en algunas zonas de Caracas, han puesto en evidencia la agudización de la crisis social que ya aquejaba al pueblo trabajador venezolano, agravada en los dos últimos meses por el coronavirus.
Al grito de “tenemos hambre, queremos comida”, cientos de habitantes de zonas populares en estados muy deprimidos salieron a saquear algunos negocios en Upata, Guanare, Cumanacoa, y a protestar exigiendo gasolina en Barinas y Araya, entre otros lugares. Los mueve la desesperación por no tener comida para sus hijos.
En el marco de la cuarentena, los precios de los alimentos se han ido a las nubes. Comerciantes y empresarios aprovechan la crisis sanitaria para hacer jugosos negocios. Mientras tanto el gobierno no da respuesta al hambre de la gente, y se limita a hacer propaganda a través de los medios “públicos”, y anuncia los llamados “precios acordados” con los empresarios, política que ya ha aplicado en otras ocasiones sin ningún resultado favorable para el pueblo trabajador.
La realidad es que millones de trabajadores y trabajadoras tienen que enfrentar la cuarentena en condiciones precarias, con salarios de hambre y pésimos servicios públicos. Sin agua, sin luz ni gasolina. Y los que se desempeñan en el sector informal, sin ningún ingreso. A las condiciones ya terribles que padecía el pueblo venezolano, se agregan las consecuencias del coronavirus y el confinamiento social, llevando a millones de personas de los sectores más pobres a la desesperación.
El gobierno presiona para que se cumpla la cuarentena, incluso lo hace de manera represiva apelando a las fuerzas policiales, pero no garantiza que se pueda cumplir en las mejores condiciones posibles. Con los salarios de hambre que devengamos en Venezuela es imposible cumplir con la cuarentena. Debemos salir a adquirir los alimentos o rebuscarnos para poder comprar. Por otra parte, millones de personas no tienen trabajo estable, se desempeñan en el sector informal de la economía, y debido a las restricciones impuestas para evitar el contagio, no pueden laborar ni llevar la comida a sus hijos y familias. ¡Cuarentena con hambre no funciona! En ese sentido proponemos igualar el salario mínimo y las pensiones a la canasta básica, y que se establezca una Renta de Cuarentena a todos los trabajadores y trabajadoras informales que debido al confinamiento no pueden trabajar.
Igualmente planteamos que no haya ningún despido ni suspensiones en empresas privadas. El gobierno debe garantizar que los trabajadores y trabajadoras que laboran en empresas esenciales lo hagan cumpliendo con normas mínimas de seguridad.
Proponemos que se impulse un Plan de Emergencia para enfrentar la crisis social, contra el hambre y ante la pandemia. Creando un Fondo Social Especial estableciendo un impuesto a los grandes grupos económicos, banqueros y transnacionales. Ese fondo debe nutrirse también de la confiscación de los bienes de los corruptos de Pdvsa e importadores fraudulentos, con el no pago de la deuda externa, la suspensión del gasto militar y la cancelación de los contratos de empresas mixtas con las transnacionales petroleras. ¡Todos los recursos económicos deben ser para enfrentar la pandemia! ¡Que la crisis la paguen el gobierno, los empresarios y las transnacionales. No los trabajadores y trabajadoras!
Con todos esos recursos el gobierno debe impulsar un plan de importación masiva de alimentos y medicinas, y de recuperación de los hospitales y centros de salud que están en el suelo, dotándolos de los insumos necesarios, no sólo a los 46 centinelas.
Adquisición de pruebas para despistaje del virus, y aplicación masiva de las mismas y rehabilitar las unidades de cuidado intensivo, garantizando agua potable, respiradores artificiales, camas hospitalarias, bienes de higiene y limpieza, material sanitario básico como mascarillas, guantes, algodón, jabón, alcohol, gel antibacterial y batas para los médicos, enfermeras y demás personal sanitario.
¡El tapabocas no es mordaza! El gobierno no puede seguir utilizando la cuarentena y las restricciones establecidas para evitar la propagación del contagio como un mecanismo para restringir o limitar las libertades democráticas, la libertad de expresión y de prensa ni el derecho a la protesta, cumpliendo con las normas mínimas de seguridad.
