Por Partido Socialismo y Libertad
El Covid19 sigue avanzando en el país. Los contagios aumentan día a día, llegándose a niveles que hasta ahora no se habían producido. Después de dos meses de muy pocos casos oficiales, desde mediados de mayo se viene produciendo un incremento significativo del número de contagios.
El pasado 17 de junio, con 236 contagios, fue el día con más casos detectados desde marzo cuando se conoció el primer caso en Venezuela. Esta cifra supera el total de casos de las primeras 5 semanas del Covid19 en el país. De esos 236 casos, 159 son comunitarios y 72 de personas provenientes del exterior, no utilizamos la fórmula peyorativa del gobierno que los cataloga como “importados”. Siendo el día donde hubo más comunitarios que casos provenientes del exterior. Hasta el 17 de junio el total acumulado fue de 1876 casos, mientras que en los dos meses y medio anteriores el total fue de 1510. Por otra parte, la mitad de los fallecidos se han producido en junio (14).
Otro elemento importante a constatar es que en el país hay un subregistro de contagios, ya que el gobierno contabiliza las pruebas rápidas en conjunto con las PCR, las cuales son muy pocas, dado que sólo se realizan en el Instituto de Higiene en Caracas, que sólo tiene capacidad para procesar 100 diarias.
Este aumento de contagios se produce en momentos en que el gobierno comienza a flexibilizar con el llamado 7 x 7 , y por otra parte, nombra un nuevo CNE y se apresta a convocar elecciones parlamentarias, probablemente para finales de año. Eso es lo que explica el apuro del gobierno por flexibilizar la cuarentena, además de la presión que han ejercido las patronales para que comience a abrirse la economía.
La flexibilización puede ser un factor que aumente el peligro de contagio. En un país con pésimo servicio de transporte, con el Metro de Caracas con pocos trenes, la aglomeración de personas será mayor, incrementándose el riesgo de contagio. Algo muy grave en un país con la salud por el suelo.
En Venezuela ya había una verdadera tragedia social producto del desastre chavista y de la aplicación de un brutal ajuste que busca descargar la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. A esto se agregan las consecuencias de la pandemia que han agravado la crisis económica y social.
La vida de millones de personas en los barrios populares de todo el país se desarrolla en medio de terribles carencias. Falta de agua, gas y gasolina; continuos apagones en casi todo el país, precios por las nubes, represión del gobierno en el marco de la cuarentena, trabajadores y periodistas presos. Los trabajadores y trabajadoras con los contratos colectivos prácticamente liquidados, sobreexplotación en las empresas, donde no se toman en cuenta las medidas de bioseguridad, sin estabilidad laboral y salarios destruidos. Además de millones de personas que se desempeñan en el sector informal de la economía, con trabajado a destajo y buhoneros, que en el contexto del aislamiento social no pueden trabajar.
El gobierno dice que la mayoría de los casos son “importados”, y atribuye la responsabilidad a los gobiernos vecinos, especialmente Brasil y Colombia. Tratándose de una pandemia es lógico que hayan casos provenientes de otros países. El problema es que el gobierno no toma las medidas necesarias en los pasos fronterizos para contener la propagación del virus. Más allá de la responsabilidad que puedan tener otros gobiernos.
Millones de personas salieron del país empujados por el hambre y la brutal crisis que atravesamos desde hace varios años. Ahora muchos de esos venezolanos regresan contagiados con el coronavirus, y además tienen que enfrentar las pésimas condiciones en las que los recibe su país. Por otra parte, ante su evidente incapacidad para controlar las fronteras, el gobierno responsabiliza a las personas que regresan al país por la propagación del coronavirus. Pero en rigor, el responsable de que la gente pase por las trochas sin control es el gobierno de Maduro, y los militares y guardias nacionales que hacen negocios en la frontera para pasar a los venezolanos que regresan de Colombia y Brasil.
El foco existente en el mercado de Las Pulgas de Maracaibo es responsabiliza del gobierno. Si los comerciantes de dicho mercado contaran con una renta especial de cuarentena, no hubieran tenido que abrir sus negocios en medio de la pandemia. Si los miles de zulianos que se vieron obligados a ir a comprar al mercado tuvieran un salario suficiente, no se hubieran visto precisados a tener que salir todos los días a comprar. Por ello, este foco de contagio es responsabilidad gubernamental. A igual quelas personas que se encontraban en cuarentena en hoteles bajo cuidado de gobierno, o los más de 100 trabajadores del Ministerio de Salud contagiados.
En este contexto nos parece equivocado iniciar un proceso de flexibilización y reapertura de muchos sectores económicos. Rechazamos la flexibilización planteada por el gobierno, pero partiendo de entender que muchas personas se ven obligadas a romper la cuarentena para poder trabajar y llevar algo de comida a sus familias, además de que muchos otros deben salir casi diariamente a comprar lo que necesitan para su casa.
En este sentido, desde el Partido Socialismo y Libertad insistimos en decir: ¡Que la crisis no la paguen los trabajadores, que la paguen los capitalistas! Por ello proponemos que se establezca un ¡impuesto especial a los empresarios, banqueros y transnacionales!
Que a partir de ese impuesto se conforme un Fondo Social de Emergencia, complementando con el no pago de la deuda externa, la confiscación de bienes de los corruptos, no más gastos militares y petróleo 100% estatal sin empresas mixtas.
¡Todos los recursos se deben destinar a enfrentar la crisis social y la pandemia! Se debe impulsar plan de importación de alimentos y medicinas; dotar a los hospitales de todos los insumos necesarios. Garantizar agua y electricidad; desarrollar más laboratorios para realizar pruebas PCR; salario igual a la canasta básica y renta de cuarentena para trabajadores informales.
Los operativos para enfrentar el Covid 19 no pueden seguir estando a cargo de militares y policías. Proponemos que el gobierno convoque a las universidades, academias de ciencias y a epidemiólogos y especialistas para conformar una coordinación nacional contra la pandemia. Y que ese organismo sea el que implemente las políticas para enfrentar el Coronavirus.
Se debe democratizar el debate sobre la pandemia y sus consecuencias en la sociedad. Rechazamos que un tema sanitario y de salud pública esté militarizado y en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Así como la utilización de la cuarentena y el confinamiento social para reprimir a los que protestan y a los periodistas que opinan e informan sobre el tema.
