Editorial – La Voz de los Trabajadores N55, periódico de la sección venezolana de la UIT-CI
Los contagios por Covid-19 se están incrementando en todo el país. Los tiempos de la euforia gubernamental colocándose como supuesto ejemplo a seguir, están dando paso a la preocupación.
Junio ha sido particularmente virulento. Fue el mes con más casos, más fallecidos y más trabajadores de la salud contagiados
Ya el país arribó a 6.537 personas contagiadas y la lamentable cifra de 59 fallecidos. Desde hace varios días los contagios comunitarios son más que los provenientes del exterior. Se le acabó al gobierno el argumento de los casos importados, como peyorativamente denominaba a los migrantes o viajeros contagiados en los países vecinos.
Cuando el número de casos era bajo, el gobierno se autopromocionaba, se hacía propaganda y despotricaba contra los gobiernos de otros países que han manejado la pandemia de forma displicente. Ahora, ante el aumento de los contagios, el gobierno optó por responsabilizar al pueblo. Resulta que somos los culpables de los contagios. Nos tildan de irresponsables y de no cumplir con las normas.
Pero a la pandemia sanitaria se une la pandemia del hambre y la brutal crisis que ya las venezolanas y venezolanos veníamos sufriendo desde hace años.
En Venezuela se está pasando el hambre “parejo”. Millones de familias no cuentan con los recursos necesarios para alimentarse adecuadamente. El gobierno utiliza recursos represivos para imponer la cuarentena, nos dicen que nos quedemos en la casa, pero no se nos garantizan las mínimas condiciones para ello. Los trabajadores y trabajadoras, y el conjunto del pueblo, han hecho un gran esfuerzo tomando las precauciones necesaria para enfrentar el coronavirus, pero es poco lo que el gobierno de Maduro ha implementado para que podamos quedarnos en casa con comida suficiente y buenos servicios.
Después de unas insustanciales medidas anunciadas al principio del confinamiento social, el gobierno no ha implementado ningún plan o acciones importantes en el marco de la cuarentena.
Los que tenemos un trabajo más o menos estable seguimos con salarios de hambre. Mientras que millones de personas que se desempeñan como buhoneros, vendedores ambulantes, trabajan a destajo o tienen un pequeño comercio, deben salir a trabajar para llevar la comida a sus familias, aún a riesgo de contagiarse.
Todos sabemos que en Venezuela hay que salir a comprar casi todos los días o cuando se tiene algo de dinero, ya que nadie gana suficiente para realizar un mercado quincenal, y reducir así las salidas a la calle. Sabemos que más de la mitad de la población económicamente activa no tiene trabajo fijo, y debe rebuscarse para sobrevivir.
Pero a todo esto se agrega que los servicios están por el suelo. Nos dicen que debemos lavarnos las manos con frecuencia pero no hay agua, y un jabón o un gel antibacterial cuesta un ojo de la cara. No hay gasolina, no hay gas, y los apagones son continuos en buena parte del país. El transporte es un desastre. Mientras que el pueblo, obligado a salir por la necesidad, debe viajar en busetas o camionetas repletas y en mal estado, sin las normas mínimas de bioseguridad, los empresarios y funcionarios gubernamentales se movilizan en sus automóviles.
El pueblo venezolano, sin ninguna duda, y lo ha demostrado después de varios meses difíciles, está dispuesto a cumplir con la cuarentena pero sin hambre. Para que el confinamiento se cumpla y se pueda enfrentar el coronavirus es necesario contar con los recursos necesarios. En ese sentido, es urgente que el gobierno aumente el salario, igualando a la canasta básica, y que a los trabajadores por cuenta propia se les asigne una renta especial de cuarentena, por lo menos hasta fin de año.
Para esto es necesario tomar algunas medidas. Impulsar un Plan de Emergencia para enfrentar el Covid-19 y la crisis social. El mismo debe sustentarse en la creación de un Fondo Social cuyos recursos deben provenir de la aprobación urgente de un impuesto especial a las grandes empresas, transnacionales y bancos. Junto a la eliminación de los contratos de empresas mixtas en el sector petrolero, confiscación de bienes de corruptos y el no pago de la deuda externa. Y con todos esos recursos impulsar un plan de adquisición masiva de alimentos y medicinas, y de dotación de insumos a los hospitales y centros de salud.
