José Bodas “En 2020 se profundizó la crisis de nuestra industria petrolera y la violación de los derechos laborales”
Por Laclase.info
Caracas, 29 de diciembre de 2020._ El pasado 19 de febrero de 2020, Nicolás Maduro decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera bajo el nombre de «Alí Rodríguez Araque», asegurando que la misma “tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambios, transformaciones y defensa integral de la industria petrolera” de manera plenipotenciaria, para lograr, supuestamente, el aumento de la producción en 2 millones de barriles diarios, acabar con la corrupción y restablecer los derechos de los trabajadores.
De esta forma, se iniciaba lo que el gobierno catalogó como un nuevo ciclo en nuestra industria petrolera. Sin embargo, a punto de concluir el año, las venezolanas y venezolanos padecemos de una grave escasez tanto de gasolina como de gas. Las colas para surtir de combustible los vehículos son el pan nuestro de cada día en todo el país, mientras que algunos afortunados que cuentan con dólares en el bolsillo, logran comprar la gasolina que se ha convertido en artículo de lujo. Mientras que millones de habitantes de los sectores populares deben cocinar con leña ante la desaparición manifiesta del gas doméstico.
Después de 11 meses de establecida la comisión presidencial, y a pocos días de terminar un año cruzado por la más pavorosa crisis social conocida por nuestro pueblo, agravada por la pandemia que afecta al mundo, quisimos conocer la opinión de José Bodas, secretario general de la Futpv, y dirigente del Partido Socialismo y Libertad y de su corriente sindical Ccura.
Después de casi un año de creada la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque ¿Cual es el balance que hace el PSL y Ccura de la labor de la comisión y del estado de nuestra industria petrolera?
La industria petrolera venezolana se encuentra en un avanzado proceso de destrucción. Desde nuestra corriente sindical Ccura lo venimos denunciando desde hace más de 10 años. El desastre operativo de la industria petrolera es producto de una política deliberada de la gerencia de Pdvsa y del gobierno cívico militar de Nicolás Maduro, cuyo fin es quebrar a la primera industria del país, para entregarla a precio de gallina flaca a empresas transnacionales norteamericanas, chinas, rusas, europeas, y al capital privado nacional. Pdvsa hoy se cae a pedazos como consecuencia de la paralización de las inversiones y del mantenimiento de las áreas de producción.
La destrucción de las áreas productivas ha estado acompañada de una serie de medidas antiobreras como el desconocimiento de la convención colectiva, vencida el 1ro. de octubre de 2019, la destrucción del salario a través del factor de equilibrio 90/30, el cierre de los comedores y la eliminación del seguro médico conocido como Sicoprosa, el robo del fondo de pensiones y de las prestaciones sociales de la nómina mayor, la suspensión de dotación de uniformes e implementos de trabajo y de seguridad industrial, todas estas medidas han convertido a la clase obrera petrolera en esclavos modernos, con los salarios más bajos del mundo, mientras que las transnacionales y empresas privadas nacionales hacen jugosas ganancias explotando de manera brutal a los trabajadores y trabajadoras, como quizás no sucede en ninguna otra industria petrolera del mundo.
En resumidas cuentas, la comisión presidencial sólo ha profundizado el desastre operativo y laboral que nuestra corriente viene denunciando desde hace más de una década. Este año Venezuela pasó de ser el país con la gasolina más barata del mundo a tener el combustible más caro. Se dolarizó el precio del combustible, pero en medio de una escasez desconocida en un país con más de 100 años de tradición petrolera y con refinerías funcionando desde 1949 en el país. Ahora llenar el tanque de un vehículo es un privilegio que sólo disfrutan muy pocas personas que pueden pagar en dólares en las pocas estaciones de servicio que funcionan. Lo de la gasolina subsidiada fue un engaño monumental. Muy pocas bombas surten al precio supuestamente subsidiado, y los fines de semana sólo funcionan estaciones de servicio donde sólo se aceptan divisas.
Según datos aportados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), Venezuela en noviembre de 2019 extrajo 697.000 barriles diarios de petróleo, en el mismo periodo en 2020 se ubicó en 407.000 barriles diarios, lo que evidencia una reducción en la extracción de 290.000 barriles diarios, esa es la demostración concreta del rotundo fracaso de la gestión de la comisión presidencial y de la política petrolera del gobierno y sus planes para llevar la producción a 2 millones de barriles diarios, recuperar la industria, acabar con la corrupción y restablecer los derechos de la clase obrera.
El gobierno de Maduro pasará a la historia como el liquidador de la gallina de los huevos de oro de la burguesía venezolana, y el presidente que privatizó la industria petrolera, una hazaña que ni los gobiernos patronales y entreguistas del puntofijismo pudieron lograr.
El gobierno atribuye a las sanciones impuestas por Trump el grave estado de la industria petrolera ¿La escasez de gas y gasolina se debe a las sanciones imperialistas impuestas por EEUU y la UE? como asegura el gobierno de Maduro
El gobierno quiere hacernos creer que la situación en la que se encuentra Pdvsa es producto de las sanciones imperialistas impuestas por Trump y la Unión Europea. Debemos ser claros y categóricos. La destrucción de Pdvsa es producto de un proceso de desinversión y eliminación de los protocolos de mantenimiento que ya lleva más de 10 años. Ya en época de Chávez desde Ccura advertimos sobre el desastre operativo, y ya decíamos que Pdvsa se caía a pedazos, al tiempo que los derechos laborales fueron sistemáticamente liquidados, en el marco de una fuerte criminalización de la protesta, contra todo trabajador o dirigente sindical que se atrevía a denunciar las sistemáticas violaciones al contrato colectivo y a las condiciones de trabajo.
En el 2010, Ccura hizo público un informe realizado por las y los trabajadores en el cual se mostraba el estado operativo de la industria, así como las violaciones a los derechos laborales. Se describía la situación de los mejoradores, oleoductos y gasoductos, muelles, taladros, remolcadores, lanchas y demás instalaciones operativas de la industria.
La destrución de Pdvsa es anterior a las sanciones impuestas desde el 2019 por el gobierno norteamericano, y apoyadas por Guaidó y los partidos patronales. Y se debe a la desinversión, al abandono de las áreas productivas y a las medidas antiobreras aplicadas para despojar a las y los trabajadores de sus derechos históricos y contractuales. Las sanciones han agravado y profundizado una situación ya desastrosa que existía en la industria.
Desde Ccura hemos repudiado públicamente las sanciones porque representan una abusiva injerencia de naciones extranjeras, que afectan principalmente a la clase trabajadora y al pueblo, empeorando las condiciones de miseria en la que ya nos encontrábamos. Y hemos exigido su inmediata derogación.
La crisis económica y social ha golpeado duramente sobre la clase obrera y los sectores populares ¿Cómo ha impactado la política petrolera del gobierno de Maduro a las y los trabajadores de la industria?
Primero que nada debemos considerar la situación de los petroleros y petroleras en el contexto de la política económica del gobierno a nivel nacional.
En el marco de la crisis económica que vive el país, producto del desastre propiciado por el chavismo, de la corrupción, el despilfarro y la entrega del país, el gobierno de Maduro viene aplicando un brutal paquetazo de ajuste, al cual en el 2018 denominó Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, a través del cual terminó de destruir totalmente el salario. Ese año el gobierno instrumentó una reconversión monetaria que licuó los salarios y los pocos ahorros que algunos trabajadores tenían, y liquidó las prestaciones sociales. Aumentó la gasolina y los servicios públicos, iniciándose una voraz espiral inflacionaria que vació los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras hasta llevar los salarios al nivel actual, en el que un salario mínimo es de $1. Simultáneamente decretó el llamando memorando 2792, un instrumento leonino que ni siquiera los gobiernos adecos y copeyanos se atrevieron a aplicar. Mediante este recurso se estableció un salario mínimo oficial que no podía ser superado en el marco de las negociaciones de los contratos colectivos, y se eliminaron todos los bonos y demás emolumentos que eran parte del salario como bono nocturno, tiempo de viaje, bonos de transporte, etc. En el sector petrolero este instrumento se denominó factor de equilibrio 90/30, con el cual se sometió a los petroleros y petroleras a verdaderos salarios de hambre, al tiempo que se liquidó el Sicoprosa, se eliminaron los comedores y se desconocían numerosas cláusulas del contrato colectivo.
A nivel nacional y en la industria petrolera esto fue acompañado por una política de persecución y represión contra todos los trabajadores que se oponían a este brutal ajuste o que reclamaban sus derechos.
En los últimos meses el gobierno ha profundizado su política represiva contra los trabajadores y dirigentes sindicales del sector petrolero ¿Qué opinión te merece esto?
Efectivamente, en los últimos meses del año el gobierno acrecentó la represión contra los trabajadores y dirigentes sindicales, no sólo despidiendo y jubilando forzosamente, como fue mi caso y el de otros directivos de la Futpv. En las últimas semanas escaló la represión privando de libertad a varios sindicalistas que reclamaron sus derechos, como fue el caso de Marcos Sabariego y Gil Mujica en El Palito, y más recientemente contra Bartolo Guerra, Aryenis Salazar, Argenis Chirinos, Guillermo Zárraga y Eudis Girot, o el caso de Iván Freites que se vio obligado a irse del país.
Debemos recordar que en meses pasados, se gestó un movimiento de lucha en todas las áreas petroleras del país encabezado por numerosos jubilados, al que se fue sumando un sector importante de trabajadores activos. Ante esta situación el gobierno acrecentó la represión para desestimular la protesta obrera que venía creciendo, y no se extendiera a otros sectores laborales.
Con las recientes detenciones el gobierno busca generar terror para poder aplicar sin contratiempos la recientemente aprobada Ley Antibloqueo. Con esta ley leonina, privatizadora y entreguista Maduro persigue evadir las sanciones entregando el país y sus recursos naturales en bandeja de plata a los capitales nacionales y transnacionales. Esta ley es otra vuelta de tuerca al paquetazo de ajuste que el gobierno vienen aplicando y con el cual busca descargar la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador, y apoyarse en el empresariado para solventar la crisis y los efectos de las sanciones.
Desde Ccura exigimos la inmediata libertad de todas las compañeras y compañeros detenidos, y que cesen las jubilaciones forzosas y la persecución a todos los que luchan y reclaman sus derechos.
En el marco de esta situación que describes, ¿Cual es la lucha de las y los trabajadores petroleros? ¿Que propone José Bodas y Ccura para recuperar la capacidad de lucha de la clase obrera petrolera y superar esta situación?
Es necesario que los trabajadores activos y jubilados retomemos el camino de lucha que mostramos en meses pasados. El 2021 debe ser un año de lucha por nuestros derechos, por la discusión del contrato colectivo y por la elección de una nueva directiva en la Futpv.
Desde Ccura decimos que es necesario rescatar los sindicatos de base como herramienta de lucha, que sólo con la organización de la protesta desde abajo, haciendo asambleas en las áreas y conformando los comités en defensa del contrato y el salario; sumando cada vez más compañeros y compañeras a las protestas es que podremos lograr nuestros objetivos, que estamos seguros se convertirán en un ejemplo a seguir por todas y todos los trabajadores del país que también están pasando hambre y toda clase de calamidades.
En ese sentido el programa de lucha debe partir de lograr un salario igual a la canasta básica indexado mensualmente, la eliminación del factor 90/30, la discusión de la contratación colectiva vencida el 1 de octubre del pasado año, pensiones y jubilaciones iguales a la canasta básica, recuperación del fondo de pensiones, el pago de las prestaciones sociales para la nómina mayor, contra los despidos y por el reenganche de todos los despedidos, libertad para los petroleros presos, no a la venta y privatización de la industria petrolera y por petroleo 100% estatal sin transnacionales y Pdvsa gestionada por sus trabajadores, profesionales y técnicos.
Para seguir esta lucha es necesario que todos y todas tengamos muy claro el terreno que pisamos, y no nos llamemos a engaño. Este gobierno cívico militar encabezado por Maduro, está aplicando un paquetazo antiobrero y antipopular con el cual está hundiendo en la miseria al pueblo trabajador, al tiempo que ha profundizado la dependencia y el saqueo de la principal industria del país y de nuestros recursos naturales, y la única manera de derrotarlo es con la movilización masiva y unitaria en todas las áreas del país.
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José Bodas Lugo es secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y miembro de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (Ccura), corriente sindical del Partido Socialismo y Libertad.
Fue candidato a la presidencia de la Futpv en 2009, en oposición a la plancha 7 encabezada por el aún presidente Wills Rangel, oficialista, también gerente de una de las filiales de Pdvsa.
En el marco del proceso donde quedó electo, Bodas denunció irregularidades en la campaña y el uso descarado de los recursos de la empresa, así como la relación de subordinación de Wills Rangel con el presidente de Pdvsa en aquel entoonces, Rafael Ramírez.
Por su activismo ha sido objeto de constantes ataques y amenazas, ha sido detenido arbitrariamente de forma temporal: en agosto de 2012 lo apresaron en Anzoátegui por repartir propaganda a favor del candidato presidencial Orlando Chirino, reconocido dirigente obrero y compañero de lucha y militancia en el Partido Socialismo y Libertad, en las afueras de una planta petrolera, y en febrero de 2014 fue detenido en los portones de la refinería de Puerto La Cruz, en medio de una asamblea en la que se reclamaba por retrasos en la aprobación del contrato colectivo, vencido desde octubre de 2013. Días después fue liberado bajo libertad condicional.
Su trayectoria de lucha le ha hecho merecedor del respeto de los trabajadores petroleros, sus constantes denuncias están vinculadas con el sistemático desconocimiento de la contratación colectiva petrolera por parte de la gerencia de Pdvsa y el gobierno y a la falta de inversión y abandono de las instalaciones productivas de la industria, se ha enfrentado a la política de “privatización” de la empresa a través de la conformación de empresas mixtas con transnacionales de EEUU, China, Irán, Bielorrusia, Rusia, entre otras, ha enfrentado la persecución política y la criminalización contra las y los trabajadores petroleros.
