Socialist Core, simpatizantes de la UIT-CI
El 6 de enero una turba de cientos de ultraderechistas tomó el Capitolio, interrumpiendo la ratificación formal del resultado de la elección presidencial por parte del Senado. Cientos de fanáticos armados ocuparon el edificio durante varias horas y obligaron a los senadores a huir del lugar. La jornada dejó cinco muertos, entre ellos un policía y una atacante abatida por la policía.
Trump venía maniobrando desde antes de la elección para desconocer un resultado adverso, cuestionando la validez de los votos por correo. Luego, al perder la elección, dedicó semanas a intentar revertir en los tribunales el resultado, agitando denuncias de fraude, incluso presionando al secretario de Estado de Georgia para que cometiera fraude o al vicepresidente Pence para que no proclamara a Biden como ganador. En estas maniobras y el desconocimiento de las elecciones participó un importante número de congresistas y senadores republicanos. El 6 de enero Trump se dirigió desde una tarima a la concentración de fanáticos de ultraderecha y la exhortó a dirigirse al Capitolio a apoyar a los senadores y congresistas republicanos que objetaban el resultado electoral y a presionar a los indecisos o contrarios a impugnar la elección.
El ataque al Capitolio es un síntoma de la profundidad de la crisis del régimen político capitalista estadounidense.
Muestra también la polarización política y social cada vez más extrema, en el contexto de la mayor crisis económica y sanitaria en más de cien años. En ese marco el ataque del 6 de enero es muy grave porque representa un aumento en la confianza de la ultraderecha, alimentada por la impunidad que le han brindado por largo tiempo las autoridades en sus acciones criminales, y de manera directa por la agitación de Trump.
Los gritos al cielo de los políticos del sistema sobre la condición fundamentalmente “antiamericana” del ataque del 6 de enero son alardes de hipocresía. La historia estadounidense está llena precedentes, toda clase de “pogroms” en los que bandas de racistas han atacado gobiernos locales, a organizaciones obreras y comunidades afroamericanas. Y a nivel internacional son incontables los grupos criminales de extrema derecha que han recibido financiamiento y apoyo político por parte del imperialismo estadounidense.
Naturalmente, la acción se ha revertido contra Trump. Biden y los demócratas, así como numerosos medios de comunicación, han calificado el ataque como una insurrección o golpe de Estado.
La acción de la extrema derecha fue una jugada desesperada de Trump, derrotado electoral y políticamente, no con el objetivo de tomar el poder del Estado, sino para consolidar su base social de extrema derecha como parte de la disputa por el liderazgo del partido Republicano. Pero el intento de disciplinar al partido al liderazgo de Trump profundizó las divisiones. Mike Pence y Mitch McConnell no acompañaron su aventura, e incluso algunos congresistas y senadores dieron marcha atrás en su apoyo al desconocimiento de la elección luego del 6 de enero.
En realidad, en la acción no participó ningún sector de las fuerzas armadas, ni hubo un llamamiento a las fuerzas armadas a intervenir, no hubo un intento de conformar un gobierno de facto o de atrincherarse en el Capitolio y llamar a una insurrección generalizada. No hay indicios de una estrategia insurreccional o golpista. A un nivel más estructural, ningún sector importante de la burguesía está persiguiendo una estrategia de liquidar el régimen existente para realizar una contrarrevolución e imponer una dictadura.
El 11 de enero se inició un proceso de impeachment contra Trump por incitar una insurrección, aprobado dos días después por el Congreso, que de tener éxito impediría que pueda presentarse como candidato en la elección presidencial de 2024. También ha habido llamados al vicepresidente Mike Pence a aplicar la 25va enmienda y destituir a Trump. Sin embargo el impeachment sería casi simbólico ante la gravedad de los crímenes de Trump.
La connivencia del régimen con la ultraderecha
Desde su relación con Bannon hasta los actuales vínculos de su asesor Steve Miller y de su hijo Donald Jr., con los grupos fascistas, Trump no ha ocultado su simpatía con las agrupaciones de tendencias fascistas. Ante el ataque por parte de fascistas en Charlottesville, Trump les saludó como “buena gente”. Durante un debate presidencial exhortó al grupo paramilitar Proud Boys “retrocedan y esperen” (“stand back and stand by”). Criminalizó al antifascismo. Al calor de su agitación se realizaron en noviembre y diciembre movilizaciones de extrema derecha en Washington DC. El propio 6 de enero, forzado a llamar a sus legionarios a retirarse, Trump reiteró su “amor” por ellos.
Pero no se trata tan solo de Trump. Todo el partido Republicano ha considerado como un importante capital político a esa constelación de extrema derecha, que va desde evangélicos fanáticos hasta neonazis, pasando por grupos de supremacistas blancos, ultraliberales, sectas conspirativas y demenciales como Qanon, antivacunas, antisemitas, etc. Algunos ahora fingen horrorizarse como el Dr. Frankestein ante su creación, pero son corresponsables junto a Trump de haber alimentado al monstruo. Mientras que el partido Demócrata ha demostrado su incapacidad para enfrentar a este peligroso fenómeno, pues su interés ha girado constantemente en torno a llegar a acuerdos con los republicanos. Ambos partidos, pese a sus diferencias, son representantes de las multinacionales y los banqueros. Por eso luego de su elección, el discurso de Biden ha hecho énfasis en la “reconciliación”.
Diversos reportajes periodísticos muestran que el FBI ya había advertido de la amenaza que suponía la movilización reaccionaria desde al menos finales de diciembre, pero no se organizó ningún operativo para impedir que los fascistas tomaran el Capitolio. El día del ataque se realizaron muy pocos arrestos. Miembros del Servicio Secreto, la Seguridad Nacional (Homeland Security), el gobierno del Distrito de Columbia, el Pentágono, la Guardia Nacional, la Fuerza de Tareas Conjuntas, habían hablado con la prensa sobre la amenaza, pero no hicieron nada. Ante la escandalosa incompetencia, sospechosa de complicidad, el jefe de la Policía del Capitolio tuvo que renunciar. Obviamente la presidencia no coordinó ninguna acción defensiva y Homeland Security también es señalada por complicidad.
El contraste no podría ser mayor entre el tratamiento brindado por las autoridades a los grupos de ultraderecha y las protestas antirracistas del verano de 2020. Durante dichas protestas hubo alrededor de 14 mil detenidos entre el asesinato de George Floyd el 25 de mayo y la primera semana de junio. Cientos de periodistas fueron atacados por la policía, hubo decenas de manifestantes asesinados. Hasta el día de hoy permanecen en la cárcel cientos de presos políticos vinculados a las protestas. En total se desplegaron unos 100 mil guardias nacionales y militares de otros componentes para atacar las protestas. La escala de la represión no fue mayor debido a que el intento de Trump de militarizar el país fracasó por falta de apoyo en las fuerzas armadas.
Grupos de ultraderecha ya están organizando nuevos ataques para el 17 de enero en Minnesota y Michigan. Paramilitares ya habían tomado el capitolio de Michigan en abril con discursos negacionistas en relación con la pandemia, y planearon secuestrar al gobernador de Michigan en octubre.
Perspectivas ante el gobierno de Biden
Las ilusiones en “volver a la normalidad” que abrigan algunos de quienes votaron por Biden, o en que puede haber cambios positivos para el pueblo trabajador, los migrantes o el movimiento antirracista, se estrellarán contra la realidad. Biden es un político tradicional que ya gobernó junto a Obama y fue corresponsable de los programas de austeridad aplicados durante la crisis de 2007-2008. También promovió legislaciones represivas y de encarcelamiento masivo, al igual que Kamala Harris. Fue en esa vieja “normalidad” en la que se incubaron todos los elementos de la actual crisis y que facilitaron el ascenso de Trump.
Biden, con el control de ambas cámaras, demostrará una vez más que el Partido Demócrata gobierna a favor de los capitalistas, de las multinacionales, los banqueros y que no defiende los intereses de los afroamericanos, latinos, las mujeres, la clase trabajadora y demás sectores explotados y marginados. La crisis económica y social está en un punto álgido. Han fallecido más de 385 mil personas por la política criminal y negacionista de Trump ante la pandemia. Millones han perdido sus empleos y se ven amenazados por la miseria. La salud está en gran medida privatizada, pero Biden no tiene intenciones de cambiar esa situación.
La amenaza de la ultraderecha continuará. Los distintos gobiernos demócratas y republicanos y las instituciones del Estado capitalista no han tenido ningún interés en destruir a ese movimiento, tal y como quedó demostrado una vez más durante el ataque al Capitolio.
El gobierno de Biden y los demócratas tampoco pretenden destruir ese movimiento. Ellos siempre dejaron correr, desde sus gobiernos, la represión racista y el accionar de los grupos de ultraderecha. La burocracia sindical de la AFL-CIO, ligada al partido Demócrata, rechazó el ataque al Capitolio pero no tomó ninguna medida para preparar a los sindicatos para dar una respuesta No se puede confiar ni tener expectativas en ellos. Solo la movilización desde abajo puede parar a la ultraderecha.
Una propuesta para la unidad
Depende del movimiento antirracista, de los sectores populares, de las bases obreras, de las mujeres, de la juventud, poner en pie un poderoso frente que ponga a los fascistas en retirada. Experiencias como la de Boston en agosto de 2017, cuando miles de manifestantes acorralaron a unos pocos cientos de fascistas, o el propio poderoso movimiento de Black Lives Matter han demostrado que con la masividad de la movilización se puede ganar terreno y quitarle las calles a la ultraderecha. Así como el pueblo griego derrotó a los neonazis de Amanecer Dorado, de igual manera el pueblo trabajador estadounidense puede derrotar la impunidad.
Pero también será necesaria esa movilización unitaria para enfrentar la política antipopular del futuro gobierno de Biden. Con un maquillaje “democrático” y “antitrumpista” van a seguir favoreciendo a los grandes empresarios y banqueros que los apoyaron.
Es urgente convocar un encuentro nacional de organizaciones populares bajo el liderazgo de Black Lives Matter, las organizaciones comunitarias, de trabajadores, de mujeres y de la izquierda, para avanzar hacia un programa de exigencias común y una agenda de movilización. Contra la ultraderecha y también por exigencias sociales y económicas al nuevo gobierno ante la brutal crisis económica, social y sanitaria. Los Socialistas Democráticos (DSA) tienen la responsabilidad de ayudar a construir este frente unitario de lucha.
Estas son algunas propuestas iniciales para la discusión democrática de un programa unitario:
Desfinanciamiento de la policía y cárcel a los policías racistas.
Libertad a los presos políticos del movimiento antirracista.
Fin a la política de encarcelamiento masivo. Fin de la privatización de las cárceles. Cierre de los campos de concentración de inmigrantes de ICE.
No a los intentos de los demócratas de aprovechar el ataque al Capitolio para promover nuevos instrumentos legales que restrinjan el derecho a la protesta.
Juicio y castigo para Trump y los dirigentes fascistas por su rol en el ataque criminal del 6 de enero y otros ataques criminales. Basta de impunidad para la violencia de la ultraderecha.
Salud pública gratuita y universal.
Aumento del salario mínimo a $15 por hora y una renta básica universal hasta el fin de la crisis.
Igual pago por igual trabajo para hombres y mujeres.
Altos impuestos a los grandes grupos económicos y bancos. Que ese dinero y el de los recortes a los presupuestos policiales vaya a educación, salud y asistencia social.
No a la supresión de votantes, que afecta desproporcionadamente a las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas. No al gerrymandering.
No al colegio electoral. Elecciones directas, una persona-un voto. Representación proporcional en el Congreso y abolición del Senado.
Sabemos que no son tareas sencillas. Pero la movilización masiva y coordinada en todo el país puede abrir el camino de cambio.
Convocar a un Encuentro nacional sería un gran paso para coordinar las luchas. La otra gran tarea pendiente es la necesidad de construir una alternativa política unitaria de la izquierda por fuera del bipartidismo. Se necesita superar la división existente en la izquierda anticapitalista. Sería muy importante que los Socialistas Democráticos (DSA), que es la organización más numerosa de la izquierda, sean parte de esta construcción. Deberían dar el paso de romper con el Partido Demócrata. Es necesario avanzar hacia la construcción de un partido amplio, unitario e independiente de la izquierda. Los cambios de fondo solo los puede llevar a cabo un gobierno del conjunto de la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos.
Socialist Core, Simpatizantes de la Unidad Internacional de trabajadoras y trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
15 de enero 2021
