El congresista Enrique Fernández Chacón, del Partido de los Trabajadores Uníos de Perú, presentó ante el congreso un proyecto de ley para suspensión de las patentes de vacunas contra el covid-19, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.
El 11 de marzo 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante la rápida propagación del COVID-19, advirtió que el mundo se enfrenta a una pandemia. En Perú se presenta el primer caso de contagio el 6 de marzo 2020 y, mediante Decreto Supremo N°044-2020, el gobierno de Vizcarra decreta la cuarentena el 16 de marzo 2020, con el objetivo de contener la propagación del coronavirus. El Perú fue uno de los primeros países en imponer el confinamiento social, pero también fue el segundo país de América Latina con más casos de COVID-19 .
Para contener la primera ola de contagios, en un contexto donde no existían vacunas contra el COVID-19, la medida de distanciamiento social y confinamiento social o “cuarentena” fueron muy necesarias, pero también muy mal gestionadas, condenando al pueblo trabajador a una “cuarentena de hambre” que no logró evitar el colapso del sistema sanitario, pero sí generar un movimiento migratorio que huía del desempleo y el hambre . La crisis del oxígeno medicinal y la falta de camas UCI fueron, entre otros, los principales problemas que padecieron muchas familias en junio 2020.
Seis meses después, el Perú enfrenta la segunda ola de la pandemia con los mismos problemas: sin camas UCI ni oxigeno medicinal , pero en un contexto donde existe la posibilidad de obtener las vacunas contra el COVID-19. Lamentablemente el gobierno ha sido incapaz de adquirir las dosis suficientes para vacunar a toda la población. Dicha incapacidad no sólo tiene que ver con la ineficiencia en la gestión y los manejos corruptos del gobierno, sino también con la existencia de un esquema capitalista perverso de patentes, a escala mundial, que impide la libre producción y distribución de vacunas que la humanidad necesita.
La pandemia del capitalismo y el acceso a la vacuna
El capitalismo es responsable de esta pandemia por sostener un sistema de producción que destruye el ambiente, saquea nuestros recursos, condena al hambre y la miseria a millones de trabajadores y debilita los sistemas públicos de salud. Ahora, es el mismo capitalismo imperialista que por su sed de ganancia y, a pesar de que se descubrió la vacuna, impide que ésta llegue a toda la población.
Vivimos una pandemia mundial donde la humanidad urgentemente necesita de la vacuna contra el COVID19, pero un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios vienen privando a millones del derecho humano esencial a curarse al impedir la producción de vacunas a gran escala en virtud de la existencia de un esquema capitalista perverso de patentes, a escala mundial, que impide la libre producción y distribución de vacunas que la humanidad necesita.
Las vacunas contra el COVID19 ya descubiertas y patentadas no pueden ser producidas por cualquier laboratorio de universidad u hospital de cualquier país, así cuenten con los recursos y conocimientos para hacerlo. Según el portal del Estado Peruano , existen 8 vacunas que han sido aprobadas y autorizadas en varios países para inmunizar a la población mundial
Los gobiernos del mundo, han dispuesto miles de millones de dólares sacados de los presupuestos nacionales para subsidiar a las farmacéuticas para que desarrollen las vacunas, y están gastando miles de millones más para comprarlas. Pero han firmado con ellas contratos donde las compañías obtuvieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal, blindándolas contra los sistemas judiciales nacionales .
La patente es un instrumento jurídico presentado como un estímulo o incentivo necesario para girar la rueda de la innovación capitalista. INDECOPI la define como “un título que otorga el Estado –a un titular– para ejercer el derecho exclusivo de comercializar un invento o invención durante un periodo de vigencia determinado y en un territorio específico. Una invención puede protegerse a través de las siguientes modalidades: patente de invención, patente de modelo de utilidad y el secreto industrial. Para el caso del Perú, la duración de una patente de invención es de 20 años y la de la patente de modelo de utilidad, 10 años. En ambos casos, el período se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud ”.
La patente es otorgada por el Estado a una persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera, convirtiendo la vacuna contra el COVID19 en una mercancía de producción exclusiva. En efecto, no se producen vacunas para satisfacer una necesidad vital, sino para obtener el máximo de ganancia. Además, las licencias de patentes junto a los diversos mecanismos del “secretismo” industrial y comercial, aseguran el monopolio impidiendo o bloqueando que las vacunas se produzcan, distribuyan y apliquen libre y universalmente.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en mayo del 2020 propuso que “los países debían compartir soluciones, datos, tecnología desarrollada y conocimiento de manera libre para luchar contra el Covid-19. Para ello, sugería crear un repositorio o plataforma voluntaria llamada el Technology Access Pool (C-Tap) que permitiera ir añadiendo a ella todo el conocimiento disponible, sin que los derechos de propiedad intelectual —especialmente las patentes— fueran un obstáculo ”. Lamentablemente no tuvo mucho eco y la Federación Internacional de Compañías y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) se opuso. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, también se sumó a la propuesta para suspender las patentes de vacunas, tratamientos y otras herramientas sanitarias contra el COVID19 ; sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza, donde se encuentran las sedes de varios gigantes farmacéuticos, se oponen, así como otros países ricos, como Noruega, Japón, Australia y el Reino Unido .
Es que las vacunas se han desarrollado gracias a cuantiosos subsidios estatales, pero mediante las patentes, las multinacionales se han adueñado de lo que en su origen es patrimonio de la humanidad. Es repudiable que gocen de un acceso libre a las investigaciones realizadas en laboratorios públicos o universitarios y ahora se nieguen a compartir sus propios resultados.
Es posible suprimir temporal y definitivamente una patente
En la historia hay muestras de movilizaciones y repudios a las patentes y abusos de las multinacionales. En 1922, por ejemplo, el Laboratorio Lilly intentó patentar la insulina, pero tuvo que desistir ante la presión de médicos y la opinión pública. Durante la II Guerra Mundial, los inventores del procedimiento para la producción industrial de penicilina declinaron en patentarlo por razones humanitarias. En 1997 el gobierno sudafricano en su necesidad de hacer frente al SIDA promulgó la Medicines Act, pese a la frontal oposición de EE.UU. Brasil en 2001 desconoció la patente del medicamento Nelvinavir (Roche) contra ese mal. También en ese año, durante la llamada crisis del ántrax, EE.UU. y Canadá hicieron uso de la facultad de suspender la patente de la ciprofloxacina que poseía Bayer, produciéndolo masivamente como genérico.
La presión social provocó que la OMC (Organización Mundial de Comercio) emitiera la Declaración de Doha en 2001 -de la cual es firmante Perú- que da carta de naturaleza al derecho de los países a activar licencias obligatorias para medicamentos esenciales dirigidos a luchar contra problemas de salud pública. Pero Estados Unidos y la Unión Europea están haciendo inviable la aplicación de este recurso, con la confabulación tanto de la OMC como de la OMS, cómplices de las potencias imperialistas.
Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es una tarea posible y necesaria. La vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores fueron Jonas Salk y Alexander Fleming, renunciaron a los derechos de patentamiento
Producir la vacuna para asegurar la salud o para ganar
La demanda de vacunas contra el COVID19 es mundial y supera de lejos la capacidad de los pocos laboratorios y farmacéuticas multinacionales para producirlas. Nen estos momentos no se está produciendo para cubrir una necesidad urgente de curar a la humanidad, sino para enriquecer las arcas de las voraces farmacéuticas y laboratorios multinacionales. En este negociado, los gobiernos capitalistas son cómplices al cobijar y fomentar sus grandes ganancias, mediante millonarios, pero secretos contratos que terminan convirtiéndose en un festín de corrupción.
En esta pandemia no todos han perdido. Según distintas fuentes, Pfizer en 2019 obtuvo beneficios netos por $16,272 millones de dólares; AstraZeneca por $6,600 millones de dólares; Johnson y Johnson por $15,100 millones y Moderna pasó su cotización de mercado de $7,600 a $45,350 millones de dólares.
Los gobiernos imperialistas de Alemania, Francia o Italia denuncian los incumplimientos de entrega de la vacuna Pfizer, Moderna o AstraZeneca, pero pactaron contratos leoninos y secretos con ellas. Lo mismo hizo el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX, por su sigla en inglés), la alianza de más de 190 países que está comprando a las farmacéuticas 2,000 millones de dosis.
El acaparamiento por parte de los principales países es claramente repudiable. Según Amnistía Internacional, los países que representan solo el 13% de la población mundial retienen el 52% de las vacunas existentes. La Unión Europea encargó 2,300 millones de dosis cuando solo tiene 450 millones de habitantes. Canadá se ha asegurado suministros equivalentes a cinco veces su población. Israel, que se lo pone de ejemplo, ha pagado mucho más cara la vacuna a cambio de concesiones leoninas, privando de la vacuna al pueblo palestino.
Mientras millones de personas se siguen contagiando y muriendo por el COVID19 el 75% de los países no ha comenzado la vacunación masiva y solo el 13% de la población mundial retienen el 52% de las vacunas existentes y 9 de cada 10 personas de los países empobrecidos no serán vacunadas este año . Esto es así porque las vacunas se han convertido en un gran negocio para las multinacionales farmacéuticas sostenido por las patentes que consideran propiedad privada lo que debería ser patrimonio y propiedad de toda la humanidad. Estas vacunas fueron subsidiadas por gobiernos de cada país para su desarrollo, pero los laboratorios se adueñan de la patente para controlar su producción y su venta, frenando la posibilidad de una producción a gran escala para garantizar el insumo que permita implementar planes de vacunaciones masivos, gratuitos y seguros para toda la población.
Con la suspensión de la patente la producción de vacunas quedaría liberada convirtiéndose en un bien público para que el Estado peruano, a través de sus hospitales y universidades, pueda producir, distribuir y aplicar la vacuna a toda la población, de manera universal, segura y gratuita.
La vacuna como bien público y patrimonio de la humanidad
Actualmente, una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo vienen reclamando la reconocida ONG Oxfam, Amnesty International, Médicos sin Fronteras, Frontline Aids (Ayudas de primera línea) y Global Justice Now (Justicia global ahora). En estos días se pronunció en el mismo sentido la rectora de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, entre muchas otras personalidades.
En Perú, la situación cabalga al ritmo de la misma extorción e imponen la escasez de las vacunas para la población mientras 100,000 personas han perdido la vida . Recién la primera semana de febrero, luego de mucha incertidumbre sobre la llegada de las vacunas, llego el primer lote de 300,000 vacunas de Sinopharm al Perú. Con un enorme teatro montado con los medios de comunicación, el Gobierno esconde la escasez de vacunas y el enorme negociado en curso con los laboratorios privados y multinacionales.
El gobierno de Sagasti firmó contratos con distintos laboratorios para la adquisición de las vacunas contra el COVID19. No obstante, a pesar de los enormes contratos, los pagos adelantados y los compromisos del gobierno, se estima que solo 6 millones de dosis llegarán al país en el transcurso del año. Esta cantidad solo sería suficiente para inmunizar menos de la quinta parte del país cuando el proceso de inmunización solo será efectivo cuando el 80% de la población este vacunada; lo que según organizaciones internacionales en Perú comenzara a realizarse a mediados de 2022 .
El fracaso en los planes de vacunaciones a nivel mundial, y también en el Perú es responsabilidad de los gobiernos y los grandes laboratorios que limitan la producción de vacunas las cantidades de vacunas que tengan vendidas y pagadas. Estas prácticas criminales que son avaladas por los propios gobiernos capitalistas que en cada país avalan el secretismo de los contratos que impide conocer cuánto se pagará por las vacunas y cómo se fijan los precios, que eximen de responsabilidades por efectos adversos a los laboratorios y los blindan contra los sistemas judiciales nacionales.
Por estos motivos nos solidarizamos con la iniciativa de noventa y nueve países encabezados por India y Sudáfrica que proponen la suspensión de las patentes mientras dure la pandemia. Iniciativa apoyada por la Rectora de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, y un número creciente de instituciones como Oxfam, Amnesty International y Médicos sin Fronteras. Felipe Carvalho, asesor de la Campaña de Acceso a Medicamentos para América Latina de Médicos sin Fronteras (MSF) informó en entrevista al diario El Comercio el día 10 de febrero “En primer lugar, las patentes las otorgan los gobiernos. Y es un derecho de ellos suspenderlas si creen que hay un objetivo mayor de salud pública a alcanzar. El derecho a la salud es un derecho también, no es que siempre el derecho a la propiedad intelectual está encima del derecho a la salud. En este tipo de situaciones, los gobiernos pueden decir que en este contexto las patentes no tienen sentido porque dificultan la respuesta a un problema de salud pública” .
En ese idéntico sentido este Proyecto de Ley impulsa la suspensión de las vacunas ya que son los gobiernos quienes las otorgan los mismos que tienen en sus manos la posibilidad de suspenderlas de manera inmediata.
Mientras damos esta pelea, señalamos que este proyecto de ley se enmarca en una salida global y de fondo que levanta la izquierda, por la abolición definitiva de todas las patentes y un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia.
