El 25 de octubre de 2021 se hizo pública una declaración dirigida fundamentalmente al presidente de la República de Cuba, a raíz de la expulsión del Ingeniero Químico David Alejandro Martínez Espinosa, quien se desempeñaba como profesor en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, luego de dictada la Resolución 109 del 2021 por la Rectora de la mencionada institución, quien formalizó la revocación de su categoría docente debido a publicaciones en redes sociales en las que manifestaba “críticas contra el sistema político y sus dirigentes”, entre otras razones invocadas. El documento refleja una exclusión laboral por criterios de discriminación política, lo que atenta contra la libertad de cátedra y manifiesta una flagrante violación de sus derechos ciudadanos.
La campaña pública apoyada por diversos grupos de izquierda está motivada por la práctica sistemática de este tipo de actos por la institucionalidad de la enseñanza superior que, en ocasiones precedentes ha implementado medidas similares contra profesores y estudiantes críticos de la realidad social, adscritos a las más diversas tendencias políticas o formas de pensamiento, incluyendo aquellas posturas esgrimidas desde emplazamientos marxistas y/o socialistas.
La declaración ha tenido el respaldo de numerosos actores y agrupaciones de la izquierda internacional entre los que se encuentran el Taller Libertario Alfredo López (TLAL-Cuba), Marx21(España), Movimiento Socialista de los Trabajadores (República Dominicana), Partido Socialismo y Libertad (PSL-Venezuela), Izquierda Socialista (Argentina) y el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU-Brasil), junto a otros colectivos afiliados a la IV Internacional como la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI) y la Unidad Internacional de los Trabajadores (UIT-CI), quienes de manera conjunta reclamamos el respeto a la integridad de los derechos laborales.
Las organizaciones que suscriben la declaración manifiestan su apego al concepto de Rosa Luxemburgo en el que esgrime que “la libertad reservada solo a los partidarios del gobierno, solo a los miembros del partido –por numerosos que ellos sean–, no es libertad. La libertad es siempre, únicamente, libertad para quien piensa de modo distinto. No es por «fanatismo» de justicia, sino porque todo lo que pueda haber de instructivo, saludable y purificador en la libertad política depende de ella, y pierde toda eficacia cuando la libertad se vuelve un privilegio”. Por ende, nos pronunciamos contra la expulsión del docente y hacemos un llamado a las autoridades al respeto de la libertad de expresión y la pluralidad de pensamiento político que debe regir los fundamentos de un estado socialista de derecho. De igual forma, exigimos en momentos de extrema polarización, el cese de los discursos de odio tanto de los sectores anti-comunistas como de los neo-estalinistas.
Los grupos que respaldan esta declaración manifiestan su voluntad por el establecimiento de mayores garantías para el sector laboral en Cuba, de modo que permitan la conformación de sindicatos autónomos no subordinados a los intereses estatales, el derecho no mediatizado a la libertad de manifestación, el derecho estudiantil a la autonomía universitaria, el derecho a huelga por parte de los trabajadores, así como la implementación de una ley de asociaciones que ampare las numerosas formas de activismo que surgen del ámbito de la sociedad civil. De igual modo, exigimos el cese del criminal bloqueo económico-comercial y financiero que impone el imperialismo estadounidense contra Cuba.
Las corrientes de izquierda que suscribimos el presente documento, reafirmamos que solo mediante la socialización justa y equitativa de los medios de producción en manos de la clase trabajadora, será posible enfrentar las distintas manifestaciones de opresión que tienen lugar bajo un régimen socioeconómico basado en relaciones de propiedad que engendra antagonismos de clases y legitima las diferencias sociales en los procesos de generación de riquezas, de manera que contribuye a perpetuar las desigualdades en la distribución y consumo de los bienes que se perciben como resultado del trabajo productivo. Ello implica la renuncia al modelo capitalista de estado ejercido por una oligarquía burocrático-militar sustentada en la hegemonía política que ostenta el PCC y el carácter económico monopolista del conglomerado empresarial GAESA.
Por ende, resulta necesario potenciar mayores espacios de participación en el seno de la sociedad, impulsar el sector cooperativo con mayores niveles de relevancia en la economía, crear marcos jurídicos más apropiados para el ejercicio de los distintos actores económicos en los que predomine la propiedad social (no estatizada) sobre los medios de producción sin que ello implique la nacionalización de la pequeña propiedad privada, así como el respeto a todas las formas de pensamiento y creación artísticas, incentivando la democracia popular y movilizando las reservas del potencial humano en un modelo dedicado a la consagración de la igualdad y la justicia social como establecen las propuestas emancipatorias del socialismo.
1 de noviembre de 2021
