Por Partido de los Trabajadores (Bolivia)
23/11/2021. Bolivia vive una nueva crisis política. Una ley del gobierno del MAS, que era en el fondo un impuestazo disfrazado, desencadenó una gran movilización nacional de los “gremiales” (comerciantes) que conmocionó al país. La movilización intentó utilizarla la derecha encabezada por el Comité Cívico de Santa Cruz y la oposición política de derecha de Camacho y Mesa, para sus fines de disputa de poder con el MAS. Pero no lo lograron. La movilización que duró 9 días, logró que el gobierno tuviera de derogar la ley cuestionada. A continuación reproducimos declaración del Partido de Trabajadores, compartida y difundida por Alternativa Revolucionaria de los Trabajadores (UIT-CI), agrupación del PT.
1.-El gobierno masista tuvo que retroceder y abrogar la ley tramposa 1386. Esto es fundamentalmente un triunfo de los gremiales por mantenerse firmes en su lucha, y también por el apoyo que lograron en sectores populares y de trabajadores. Un caso muy significativo fue el Congreso de la Confederación de Fabriles de Bolivia que reclamó abrogar la ley 1386.
Desde el PT hemos llamado claramente a apoyar la lucha de los gremiales.
Este apoyo obrero y popular a la lucha de los gremiales fue lo que obligó a Arce a decir que “escuchó al pueblo” y a ordenar la abrogación de la ley tramposa.
2.-Esa ley 1386, llamada de “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, no estaba destinada a lo que dice su título. “Ganancias ilícitas” tienen gran parte de los amigos del gobierno, como también de sus “opositores” de vieja derecha, contrabandistas, narcos y grandes empresarios, pero como esta ley iba a ser aplicada por funcionarios dependientes del gobierno jamás afectaría a sus amigos. El objetivo central de la ley era imponer un impuestazo contra el pueblo, obligando a comerciantes medianos y pequeños a pagar impuestos al consumo por todo lo que venden (lo cual traería un aumento inevitable de precios).
3.-Por eso además de abrogar esta ley, uno de los objetivos de lucha popular debe ser un cambio total del sistema impositivo, para que se aumenten ingresos estatales para destinar a salud, educación y apoyo a economía popular, con impuestos a grandes capitalistas, agroindustriales y transnacionales que obtienen sus enormes ganancias tanto de la explotación de la naturaleza como del trabajo de millones de bolivianos.
4.-Otros son los objetivos, que repudiamos, del frente de derecha encabezado por el Comité Cívico de Santa Cruz y por el gobernador Camacho. Intentaron aprovechar la crisis con objetivos políticos. Por eso su oposición a un “paquete” de leyes que cuestionan, entre ellas una sobre el control de las Fuerzas Armadas, tiene ese único objetivo de la disputa de poder con el gobierno del MAS, pero no proponen ningún cambio del sistema impositivo. Además ellos también aprobaron en agosto pasado la ley 1389.
5.- Ni la ley abrogada, ni las otras leyes que impuso el MAS, en muchos casos con complicidad de la oposición de vieja derecha, tienen absolutamente nada de “socialistas”, por el contrario son leyes típicas de un estado capitalista, que protege las ganancias de grandes empresarios.
6.- Es necesario aumentar ingresos estatales para atender a las necesidades populares, en primer lugar de salud y de educación públicas, obras de riego para la agricultura familiar, alimentación popular. Y esto hay que realizarlo cobrando altos impuestos a grandes capitalistas, agronegocio, minería, bancos y transnacionales. Y, en cambio eliminar impuestos al consumo como el IVA y a los pequeños comerciantes. No es esto lo que propone el gobierno del MAS, ni tampoco sus rivales de la oposición parlamentaria de Creemos y Comunidad Ciudadana.
7.- Las organizaciones sindicales del pueblo trabajador tienen que luchar en primer lugar por sus bases, por sus propias demandas, de estabilidad laboral, contra tercerización laboral, por salarios dignos, contra despidos, contra la importación y contrabando de productos que se fabrican en Bolivia, por salud y educación públicas y de calidad. También es urgente la lucha por defensa de los bosques y de los territorios indígenas. Así como por urgentes son las demandas de campesinos por obras de riego en el Altiplano y Valles.
8.- ¡Fuera dirigentes traidores de la COB! Ante la abierta traición de la dirección actual de la COB vendida al gobierno del MAS, que abandonó la lucha por las demandas de sus bases, hay que luchar por un Congreso ordinario y un Congreso orgánico de la COB para cambiar su dirección y también democratizar la organización cambiando sus estatutos para impedir que pequeña cúpula sometida al gobierno resuelva a espaldas de las bases.
9.- Ante la crisis económica, de salud y educación, tenemos que recuperar la lucha por la Agenda de Octubre, es decir por la expropiación y verdadera nacionalización de empresas transnacionales de minería e hidrocarburos, por recuperación de todos los recursos naturales para industrializar al país. Por revolución agraria apoyando a los campesinos que trabajan la tierra con apoyo técnico y obras de riego, quitándoles la tierra a grandes oligarcas y entregándolas a campesinos indígenas que quieran trabajarlas.
10.- Ante la violenta polarización política entre el gobierno de falsa izquierda del MAS, y la derecha opositora encabezada por Creemos y Comunidad Ciudadana, necesitamos nuestra independencia política de los trabajadores de ambos polos que son enemigos del pueblo trabajador.
Para eso necesitamos fortalecer nuestro propio instrumento político de los trabajadores, para eso hay que reconstruir el Partido de los Trabajadores, fundado por un Congreso de la COB en el 2013, con su programa revolucionario, y unir las organizaciones de verdadera izquierda para impulsar una alternativa del pueblo trabajador frente a esta perversa polarización.
Los dos tercios y la ley de organizaciones políticas
Según el Comité Cívico de Santa Cruz, Camacho y Mesa, hay que continuar con los paros cívicos hasta que se reponga el reglamento interno del Parlamento que fijaba dos tercios para votar diferentes cuestiones como cerrar debates, modificar el orden del día o aprobar el ascenso de generales. Para las leyes en general nunca se requirió tener más de dos tercios de diputados y de senadores. Siempre se aprobaron por mayoría simple.
Por eso este tema de los dos tercios es parte de la pelea de poder entre la derecha camachista mesista y el gobierno del MAS. Pero no cambia el hecho de que las peores leyes las han hecho por acuerdo. Entre ellas podemos citar la hoy abrogada ley 1386, las leyes incendiarias que permitieron los incendios en Chiquitanía, las leyes de transgénicos, las leyes de impuestos que castigan a los pobres.
Y, antes, en diciembre del 2006 la leyes que permitieron los 44 contratos con empresas transnacionales del hidrocarburos en el 2006, que anulan definitivamente la supuesto “nacionalización” (en ese entonces el MAS estaba en minoría en el Senado). De igual forma y por acuerdo pactaron en el Parlamento en el 2008 el cambio en la Constitución que había resuelto la Constituyente para defender la propiedad terrateniente entre otros más de 100 cambios.
La oposición masista camachista que dicen defender la “democracia”, no cuestionan la ley de organizaciones políticas, absolutamente antidemocrática, que viene desde tiempos de Goni y que el MAS mantuvo con acuerdo de los partidos tradicionales.
Esa ley hace imposible que tenga participación electoral una organización que exprese a sectores oprimidos.
El Partido de los Trabajadores hizo en el 2006 todos los trámites para inscribirse. Había sido fundado por la COB, la organización más importante de los trabajadores, y sin embargo no fue legalizado electoralmente ya que era imposible reunir más de 100.000 firmas, que no sean inscriptos previamente en otro partido y que las apruebe el Tribunal Electoral. Esto lo lograron muy pocos partidos y todos de los ricos y/o sometidos al gobierno. Entre ellos los Demócratas, que pagaron millones para poder legalizarse. Otro fue Panbol, que lo legalizaron fácilmente casi sin juntar firmas porque tenía el aval del gobierno del MAS.
Este sistema de siglas electorales es tan absurdo y tramposo, que los dos únicos partidos de la oposición parlamentaria, Creemos y Comunidad Ciudadana, no tienen sigla electoral. Pero no se hicieron problemas porque tienen mucho dinero. Ambos compraron su sigla a uno de los partidos con sigla, “dueños” de la democracia, algunos de ellos casi inexistentes. Comunidad Ciudadana compró al FRI y Creemos a la UCS.
Por eso, cualquiera que de verdad defienda una democratización, debería exigir una nueva ley de organizaciones políticas, que permita crearlas con requisitos mínimos, y en primer lugar a cualquier organización del pueblo trabajador que debe tener derecho a inscribir su propio instrumento político.
Publicado Fuerza No. 79, periódico de la ARPT/ UIT-CI
