Por Babyson Pierre*
La visita a Santo Domingo en abril de la subsecretaria de Estado de EEUU, Wendy Sherman, sirvió para ratificar el carácter estratégico de la subordinación del régimen dominicano a EEUU y limar asperezas surgidas durante el año 2022, cuando la autoridad aduanera estadounidense suspendió las importaciones de azúcar desde Central Romana debido a su imposición del trabajo forzoso contra miles de trabajadores haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, así como la emisión de un alerta de viaje que recomendaba a las personas afroestadounidenses tomar precauciones ante los operativos migratorios dominicanos basados en el perfilamiento racial. Sherman terminó su visita llamando descaradamente a los estadounidenses a hacer turismo en República Dominicana y describiendo al régimen dominicano como una “democracia vibrante y enérgica”.
Para nadie es un secreto el hecho de que la empresa estadounidense Central Romana, cuyos principales propietarios son los hermanos Fanjul, de origen cubano-estadounidense, ha levantado su imperio azucarero contando con la complicidad del Estado dominicano, sobre la base de la semiesclavitud y las prácticas laborales más violentas, impidiendo la organización sindical de los trabajadores, expulsándolos de sus viviendas, manteniendo los bateyes en condiciones de marginación social y económica, con precario acceso a los servicios públicos y la salud, a lo cual se suma la política racista de los sucesivos gobiernos dominicanos de negarles el acceso a sus pensiones a los trabajadores de esta y otras empresas azucareras, incluyendo al CAEI de la oligárquica familia Vicini y el Consorcio Estatal Azucarero (CEA). La sanción a Central Romana llega luego de décadas de denuncias y cientos de protestas por parte de los trabajadores y comunidades cañeras. Como República Dominicana sigue gozando de la mayor cuota de importación estadounidense azucarera con aranceles preferenciales, el primer beneficiado de la sanción a Central Romana ha sido su competidor CAEI, cuyas prácticas antiobreras no difieren sustancialmente.
En cuanto a la campaña racista de deportaciones masivas por parte del gobierno de Abinader, ha alcanzado cifras récord de más de 171 mil deportaciones en 2022, casi en su totalidad haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Con frecuencia, personas dominicanas negras son detenidas arbitrariamente, aunque su detención no culmine con el destierro. También están documentados abusos en contra de ciudadanos estadounidenses, incluyendo aquellos con doble nacionalidad, africanos y de otros países, que son objeto de agresiones por parte de unas autoridades migratorias que presumen que toda persona negra es haitiana hasta que demuestre lo contrario.
La violencia de esta campaña ha sido tal que no ha escatimado en la detención de mujeres embarazadas en los hospitales, así como niños y niñas camino a sus escuelas en uniforme escolar, expulsados del país sin compañía de sus familiares. También han abundado los allanamientos ilegales de viviendas. El régimen viola sus propias leyes y su propia Constitución de manera sistemática cuando se trata de perseguir a la comunidad inmigrante haitiana, presentada como una supuesta amenaza a la seguridad nacional dominicana por el presidente Abinader y su ministro del Interior, Jesús Vásquez.
Acuerdos y valores compartidos
Sherman, a nombre del gobierno de Biden, afirmó que su “alianza” con Abinader se basa en “valores compartidos”. Indudablemente, Biden y Abinader creen en el tutelaje político y la dominación militar y económica estadounidense del Caribe. Por eso la principal exigencia del gobierno dominicano a Sherman en su visita, como antes se ha expresado ante todas las reuniones iberoamericanas, de la ONU y la OEA, o en conversaciones con el primer ministro canadiense Trudeau, ha sido la invasión y ocupación militar de Haití.
Sin embargo, es notorio que existe vacilación en el imperialismo estadounidense y canadiense sobre cuál fórmula intervencionista aplicar contra el pueblo haitiano. La invasión y ocupación imperialista de 2004 a 2017 fracasó, teniendo como resultado la actual descomposición política, económica y social, en cuyo marco han prosperado bandas armadas y han desarrollado alianzas con sectores del podrido régimen del PHTK. En esa ocupación militar de Haití, EEUU pudo contar la Minustah, conformada principalmente por tropas provistas por gobiernos latinoamericanos pseudo-progresistas como Lula de Brasil, el kirchnerismo argentino, Evo de Bolivia, Mujica de Uruguay, Correa de Ecuador, Bachelet de Chile, entre otros. Hoy, Lula no parece dispuesto a encabezar una nueva invasión.
Biden y Trudeau han respondido a Abinader, ante sus quejidos constantes, que República Dominicana debe aplicar sanciones a los empresarios y políticos haitianos vinculados a las pandillas. El régimen dominicano, por su subordinación a EEUU, ha colaborado con el desarrollo de la crisis haitiana, desde apoyar al golpe de Estado de 2004 hasta permitir el tráfico de armas a gran escala hacia las pandillas, principalmente armas provenientes de EEUU que pasan por territorio dominicano en ruta hacia Haití.
Los grandes empresarios dominicanos se han beneficiado de una balanza comercial entre República Dominicana y Haití que se inclina a favor de las exportaciones dominicanas en una proporción de casi 98-2. Y también esta burguesía se ha enriquecido históricamente con la superexplotación de trabajadores tanto dominicanos como haitianos. Adicionalmente, hay vínculos directos entre Abinader y el magnate haitiano Gilbert Bigio. Ambos aparecen en las filtraciones de los Pandora Papers, y cuando finalmente, luego de la visita de Sherman, Abinader cedió a la presión y emitió sanciones contra una lista de personas haitianas señaladas por EEUU como vinculadas a las pandillas, se excluyó a Bigio, al ex mandatario Martelly y al ex primer ministro Jean Henry Ceant.
Bigio es propietario de la red de gasolineras Chevron-Texaco en República Dominicana a través del GB Group. Pablo Daniel Portes, quien es asesor financiero del presidente Abinader, también es CEO regional del GB Group y representante legal del grupo empresarial ante la bolsa de valores.
Estos hechos sirven para entender la hipocresía de Abinader y su canciller Roberto Álvarez, cuando afirman que la “comunidad internacional”, al no invadir Haití, estaría “cargando” a la República Dominicana con la crisis del vecino país. Esta idea de una conspiración “globalista” para imponer una “solución dominicana a la crisis haitiana” es frecuentemente planteada, no solo por Abinader, también por sectores de ultraderecha, incluyendo la llamada “Marcha Patriótica”, un movimiento con claros elementos fascistas encabezado por el Instituto Duartiano, una institución estatal. Abinader ha intentando abanderar el antihaitianismo más fanático y dar impulso a proyectos como el muro fronterizo, que pretende abarcar la mitad de la frontera entre ambos países.
Abinader y sus funcionarios, además, presentan la presencia de mujeres embarazadas haitianas en el país como una insoportable carga presupuestaria y como un peligro de “invasión de vientres”, formulación local de la teoría conspirativa racista y ultraderechista del “gran reemplazo”. El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de la República Dominicana demostró que el gasto para la salud pública representado por los partos de mujeres haitianas es menos de 1% del presupuesto de la salud pública, que es deficitario por otras razones, básicamente por la decisión de Abinader de no asignar a la salud pública el 4% del PIB que la ley dominicana exige, prefiriendo financiar el negocio de la salud privada.
Abinader ya no se limita a asesinar trabajadores haitianos dentro de territorio dominicano, pasando a perpetrar ataques en territorio fronterizo haitiano, como su ataque criminal contra la aldea Tilory. La ironía es que la supuesta “democracia enérgica y vibrante” que comete estos crímenes en territorio haitiano, el que alega que es la violencia de Haití la que puede cruzar a República Dominicana, y que utiliza ese supuesto riesgo para perseguir incluso a los estudiantes haitianos, mayormente matriculados en universidades privadas.
La virulencia de los discursos y políticas racistas de Abinader tienen antecedentes como el genocidio ordenado por el dictador Trujillo en 1937. Se estima que entre 15 a 25 mil personas haitianas y dominicanas de piel negra fueron asesinadas por los esbirros del régimen. El discurso trujillista de la “invasión pacífica”, la “haitianizacion”, y la “defensa de la soberanía”, sigue reproduciéndose actualmente. En los años 90, esos discursos se usaron contra el dirigente socialdemócrata Peña Gómez, algunos de cuyos abuelos eran haitianos. Peña Gómez era dirigente del PRD, antecesor del PRM de Abinader, pero fue el mismo PRD el que usó su mayoría en el Senado en 1997 para declarar al autor de las campañas racistas, el ex dictador Joaquín Balaguer, como “propulsor de la democracia” dominicana. Abinader ha llevado a nuevos extremos esa práctica de levantar la bandera de Balaguer y la de Peña Gömez simultáneamente, mientras sigue imponiendo la desnacionalización de alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, hoy apátridas.
Una sola isla, una yola grande
Si el racismo del régimen dominicano pretende negar que la mayoría de la población del país es afrodescendiente, la xenofobia oficial pretende ocultar que es un país de emigración neta. El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) situaba en 2.8 millones de emigrantes dominicanos su estimado de febrero de 2022. Es más de uno de cada cuatro personas que se ve en la necesidad de vivir fuera de su país ante la ausencia de derechos sociales, los bajos salarios, la falta de libertad sindical, la violencia criminal y la brutalidad policial. Las rutas que miles de dominicanos toman hacia Estados Unidos y Puerto Rico, atravesando el Mar Caribe en precarias embarcaciones, o cruzando desde Darién hasta México enfrentando todo tipo de peligros, junto a otros migrantes centroamericanos y caribeños, demuestran la inquebrantable voluntad de tantas personas por buscar un futuro que el régimen capitalista dominicano les niega.
Una realidad similar a la que afecta a los emigrantes haitianos y de otros países de la región. En febrero pasado, al menos dos dominicanos murieron en un terrible accidente de autobús cuando se trasladaban desde México hacia Estados Unidos. Migrantes haitianos y dominicanos también han fallecido tratando de llegar en pequeñas embarcaciones a Puerto Rico.
Los socialistas haitianos y dominicanos debemos seguir demostrando hasta qué punto tenemos enemigos comunes en nuestras respectivas clases capitalistas y el imperialismo estadounidense. A los capitalistas locales y a los imperialistas les conviene dividirnos. Nuestra liberación depende de nuestra capacidad para enfrentarlos juntos y construir lazos de solidaridad, siguiendo el ejemplo de 1965, cuando dominicanos y combatientes internacionalistas haitianos tomaron las armas juntos contra los invasores yanquis.
* Babyson Pierre es militante de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional
