Por Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI
El presidente Lasso disuelve la Asamblea Nacional
El presidente de Ecuador Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional en la que estaba en minoría y que estaba por destituirlo mediante un juicio político. Según la Constitución ecuatoriana esta disolución implica que Lasso puede seguir gobernando por decretos leyes durante 6 meses y se debe convocar a elecciones nacionales para presidente y Asamblea Nacional.
Estas elecciones nacionales se realizarán a fines de agosto y el nuevo gobierno y Asamblea asumirán en noviembre.
A diferencia de las crisis políticas de últimos cuatro años, 2019 y 2022 que fueron producto de levantamientos populares, en este caso, aunque existe gran descontento popular y ya hubo una rebelión popular contra Lasso hace un año, la crisis obedece principalmente a una pelea política entre la Asamblea Nacional -con una mayoría política entre el correísmo (“Revolución Ciudadana”) y el movimiento indígenista Pachakutik- y el gobierno liberal de Lasso.
Lasso puede presentarse en las nuevas elecciones y pretende imponer varias leyes que estaban paralizadas en la Asamblea Nacional.
Entre las leyes que quiere imponer Lasso una es la “antiterrorista” que, con el pretexto de combatir a las mafias del narcotráfico, es en realidad una ley represiva con más facultades al ejército y policía que utilizarán contra futuros levantamientos populares.
Otras son leyes que afectan aún más a los derechos laborales, cada vez más restringidos en Ecuador, dicen que para “favorecer las inversiones” (es decir a los patrones).
El gobierno de Lasso
El gobierno derechista liberal y abiertamente proimperialista del banquero Guillermo Lasso logró ganar las elecciones en Ecuador en el 2021. Pese a haber sacado sólo un 20% en primera vuelta, contra el 32% del correísmo, en segunda vuelta ganó capitalizando el desprestigio del correísmo centroizquierdista. Rafael Correa gobernó entre el 2007 y el 2017, traicionando las demandas populares. Para poder llegar a segunda vuelta Lasso tuvo el apoyo del Tribunal Electoral que se negó a revisar la votación varios lugares donde se denunció fraude a favor de Lasso. El otro candidato, que podría haber llegado a ser el segundo, tenía el 20% casi igual a Lasso, y podía haber ganado en segunda vuelta era Yaku Pérez, dirigente indigenista y ambientalista también opositor a Correa.
Ecuador, profundizó su crisis económica bajo el gobierno de Lasso que acató los mandatos del FMI, con aumento de productos de primera necesidad, el impacto de la minería saqueadora y contaminante del ambiente, en manos de las transnacionales, que está destruyendo bosques y fuentes de agua. Además, aumento de la pobreza, abandono de la salud y la educación, desocupación, flexibilización e informalidad laboral, salarios míseros en un país que dejó de tener moneda propia, y donde los precios y salarios son en dólares. Y también una aguda crisis social con mafias que controlan el narcotráfico, violencia en las cárceles y en las calles con centenares de muertos y heridos.
En el junio del año pasado, un aumento de los combustibles a casi el doble desató una gran rebelión popular contra Lasso, encabezada por la gran organización indígena campesina CONAIE, con apoyo de la central obrera FUT, la Unión Nacional de Educadores y también del movimiento “Somos Agua” de Yaku Pérez. Los manifestantes en las calles pedían que se vaya Lasso, pero la dirección de la CONAIE negoció y levantó el paro nacional movilizado que duró mas de 10 días, sin grandes logros para los huelguistas.
Hoy Lasso tiene un índice de aprobación, según encuestas del 15% y su partido perdió todas las elecciones locales.
Esta nueva crisis lo hace aún más ilegítimo y abre una nueva oportunidad para echarlo con nueva movilización popular e imponer demandas populares. Pero ni la dirección de la CONAIE, ni las direcciones sindicales lo plantean. Por supuesto tampoco la centroizquierda correísta que dice que disolución de Asamblea es “inconstitucional, pero la acepta y trata de aprovechar nuevas elecciones y desprestigio de Lasso para recuperar el poder, pero sin proponer cambios de fondo.
El movimiento Somos Agua de Yaku Pérez, opositor a Lasso y al correísmo, anunció su participación electoral en agosto.
Las demandas del 2021 siguen vigentes
Durante la rebelión del 2021 las organizaciones desde las bases, además de exigir la rebaja de combustibles, exigían reducir los precios de los alimentos, no a la minería saqueadora de las multinacionales que destruye la naturaleza; no a la privatización de empresas estatales; moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas; precios justos en los productos del campo; empleo y derechos laborales; no a la minería en territorios indígenas ni fuentes de agua; no a la privatización de los sectores estratégicos; aumento urgente del presupuesto para salud y educación; libre ingreso a universidades públicas; no más endeudamiento; no al pago de la deuda externa. También se reclama contra las leyes represivas. Estas demandas siguen vigentes. Y esto tiene que ir de la mano con el no pago de la deuda externa y expulsar a multinacionales que están saqueando y envenenando al país, nacionalizar la banca, romper con el FMI y controlar el comercio exterior por donde se fugan los capitales productos del saqueo del país.
La organización “Somos Agua” se llama así porque su demanda central es defender los ríos del envenenamiento de la minería y en general el agua para los cultivos campesinos.
La necesidad de una Alternativa del pueblo trabajador e indígena para gobernar
Desde 1997 que Ecuador vive en crisis económica y con sucesivas rebeliones del pueblo trabajador e indígena. En 1997, 2002 y 2005 derrocando a tres gobiernos. Esto dio lugar al gobierno de Rafael Correa, con mucho apoyo popular al principio, que duró más de 10 años, pero como otros gobiernos de centroizquierda en Latinoamérica, traicionó las demandas populares. En el 2019 hubo otro gran levantamiento que obligó al gobierno de Lenin Moreno (quien había sido vicepresidente del anterior gobierno de Rafael Correa) a derogar el aumento de combustibles, después de 10 días con la ciudad de Quito ocupada por el levantamiento indígena. Y en el 2021 fue la mencionada rebelión contra Lasso.
Para vencer y lograr cambios de fondo que solucionen el desastre económico que vive el pueblo sería necesaria en lo inmediato una alternativa electoral independiente de las organizaciones de la clase trabajadora, populares, indígenas, campesinas y estudiantiles, tanto de la derecha como del correísmo, como se logró parcialmente en el 2021 con la candidatura de Yaku Pérez. Pero ante la profunda y prolongada crisis, más allá de las elecciones de agosto es necesaria la unidad por soluciones de fondo. La unidad de las organizaciones obreras, populares, indígenas, campesinas y estudiantiles para elaborar un programa común de demandas y un plan económico y de poder que permita lograrlas. Y ante la disolución de la Asamblea Nacional reconstruir organizaciones de poder que ya son tradición en Ecuador como el Parlamento de los Pueblos, que con representantes de las organizaciones indígenas, populares y obreras, se ha reunido en los momentos de crisis política como en el 2005 y 2019. Esto hay que impulsar desde las bases, de la Conaie, el FUT, la UNE, organizaciones estudiantiles, y demás organizaciones populares, y también desde el movimiento Somos Agua, el reclamo a los dirigentes para concretar esta unidad, y que convoquen al Parlamento de los Pueblos, que conquiste el poder legislativo y ejecutivo, para lograr los cambios de fondo por los que se lucha en últimos 15 años.
