Por Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de República Dominicana
Foto: Félix León
Al menos 30 personas fallecidas, más de 2,600 viviendas dañadas y decenas destruidas, un millón de personas sin suministro de agua e interrupciones generalizadas del servicio eléctrico, es el saldo preliminar de las lluvias del 18 de noviembre. Pese a conocer la gravedad de las lluvias que se aproximaban, el gobierno se negó a decretar como no laborable el día sábado, por no afectar las ganancias empresariales. Además de esta decisión nefasta, el modelo de desarrollo capitalista en el que los sucesivos gobiernos han marginado y expuesto a millones de personas a enormes riesgos es el verdadero desastre político y social que posibilitó este desenlace. Todo lo cual se agrava con la creciente frecuencia e intensidad de eventos climáticos peligrosos debido a la crisis climática generada por el capitalismo a nivel mundial.
Existe un Fondo para Imprevistos y Calamidades que de acuerdo a la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público debe ser de al menos el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central. Pero este año el gobierno asignó apenas el 0.05% de los ingresos corrientes, ¡veinte veces menos de lo que la ley establece! La irresponsabilidad del gobierno es total.
Como ha sido denunciado desde hace años, el país requiere de cinco radares doppler para un diagnóstico preciso y oportuno de tormentas, lluvias torrenciales y huracanes, mejorando la prevención de desastres. Actualmente se cuenta con solo uno de estos radares. Con una inversión de apenas 360 millones de pesos se tendrían los restantes cuatro radares. Sin embargo, el gobierno prefiere invertir este año siete veces ese monto en una obra inútil, cara, motivada ideológicamente por el racismo y ecocida, como lo es la verja fronteriza. En total tiene previsto invertir más de 13 mil millones de pesos en levantar ese muro, mientras otros muros le caen encima a la gente en otras partes del país por la corrupción, y la falta de prevención y mantenimiento.
Un muro colapsó en un paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, en la capital, aplastando y matando a 9 personas a bordo de cinco vehículos. El muro ya había presentado problemas desde su construcción en 1999, por lo cual el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) realizó un estudio que determinó fallas estructurales y recomendó demolerlo y construirlo nuevamente. Otros trechos de la misma obra habían sido denunciados recientemente ante las autoridades por su visible deterioro. Horas antes del desplome de la estructura abundaban las denuncias en las redes sociales sobre el mal estado de la obra, pero las autoridades no cerraron el acceso. Un comunicado del MOPC planteó que se haría una investigación para “establecer los errores en diseño, construcción u omisiones estructurales que pudiesen ser causas de tan lamentable hecho”. Pero la investigación que necesitamos no la pueden realizar los mismos sospechosos de negligencia. El presidente Abinader admitió que “fueron 23 años en que no se actuó y yo cargo con tres de esos 23”. Por eso no podemos confiar en la comisión técnica que el propio gobierno pretende designar. Es necesaria una investigación independiente que haga recomendaciones técnicas pero que también establezca responsabilidades legales y administrativas en los altos funcionarios de todos los gobiernos involucrados y que se impongan sanciones severas.
Entre los diez fallecidos en Santo Domingo Oeste, dos fueron víctimas del colapso de otra pared en el Café de Herrera. Demasiado tarde, cuando ya había decenas de muertos, el presidente Abinader declaró el domingo día no laborable, así como la emergencia para las compras y contrataciones de bienes y servicios. También declaró tres días de duelo y suspensión de las clases en las escuelas públicas por dos días. Pero la impunidad empresarial siguió generando muertes, como la del trabajador Hansel Decena, de la empresa Pizzarelli, quien falleció al ser obligado a trabajar el domingo, pese al decreto gubernamental, sin implementos de seguridad, y se electrocutó en el techo de uno de los locales de la empresa. Exigimos justicia ante este terrible caso de abuso patronal y negligencia criminal.
Desastres similares se presentan una y otra vez sin que el gobierno rectifique su posición negligente e irresponsable. A fines de agosto de 2020 la tormenta Laura dejó tres personas fallecidas y doscientas viviendas dañadas. Desde el MST planteamos entonces que “quienes mueren o pierden sus viviendas y sus bienes son casi en su totalidad personas empobrecidas y explotadas, que viven en barrios populares o incluso en zonas como los márgenes de los ríos, y que no pueden refugiarse en lugares seguros cuando hay una tormenta, no reciben información oportuna ni auxilio para prepararse ante un evento de este tipo. En los barrios populares más afectados, las interrupciones de los servicios públicos como el suministro de electricidad y agua potable son prolongadas incluso en condiciones normales… La asistencia humanitaria suele ser insuficiente y tardía”.
El 19 de septiembre de 2022 el huracán Fiona dejó más de 40 mil personas desplazadas, 10 mil viviendas afectadas y dos mil destruidas, dos fallecidos y más de 700 mil sin servicio eléctrico ni agua. Alertamos entonces acerca de la “ausencia de una verdadera política de construcción y reparación de viviendas populares” que aumentaba la vulnerabilidad. Enfatizamos que “el huracán Fiona demostró que el desastre es el gobierno” y que era necesario tomar medidas preventivas ante la crisis climática.
En noviembre de 2022, las lluvias generaron seis muertos, uno de ellos el trabajador Luisinky Mojica, de la empresa Pedidos Ya, obligado a continuar trabajando en medio de la lluvia torrencial, ante la cual el gobierno se negó a decretar la jornada como no laborable. En aquella ocasión varios profesionales propusieron medidas como la construcción de pozos de drenajes en zonas de inundaciones. Nada se hizo. El ingeniero Osiris de León denunció que las inversiones necesarias para aminorar riesgos son una necesidad que cada gobierno “se lo deja al gobierno siguiente y cada alcaldía se lo deja a la alcaldía siguiente, porque ese problema no es ni de este gobierno ni de esta alcaldía, pero lo hemos ido postergando en el tiempo”. Desde 1969 se han realizado cinco propuestas de alcantarillado para la capital, pero no se han ejecutado. En agosto, el presidente Abinader anunció que presentaría un nuevo proyecto de alcantarillado en dos semanas, pero tampoco cumplió.
Exigimos cárcel para los culpables de tantas muertes prevenibles, de este y los anteriores gobiernos, por las obras mal construidas, no inspeccionadas y no reformadas o reconstruidas, pese a ser de conocimiento público su peligrosidad, como el muro de la avenida 27 de febrero. Que se adquieran los cuatro radares doppler que el país requiere, tomando los fondos del presupuesto de la vergonzosa verja fronteriza. Que se eliminen las exenciones tributarias para la burguesía y se suspendan los pagos de la deuda externa inconsulta y corrupta, y con esos recursos financiar un ambicioso plan de viviendas para reubicar a cientos de miles de personas que viven en zonas vulnerables, como los márgenes de los ríos.
Los países más afectados por la crisis climática, como el nuestro,deben exigir una indemnización a los países imperialistas que más emiten gases que contribuyen al calentamiento global. Estos fondos se pueden invertir en la transformación de la matriz de producción de energía, construcción de viviendas seguras y de refugios, diques y otras obras para minimizar la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, cuya frecuencia es cada vez mayor. Además hay que restringir al máximo los plásticos de un solo uso, de los que están llenos las cañadas y ríos del país, de manera inmediata y no en un futuro lejano como pretende el presidente Abinader.
Debemos organizarnos y movilizarnos en base a estas exigencias y por un gobierno de las organizaciones obreras y populares que esté comprometido con llevar a cabo los cambios de fondo que estos tiempos exigen.
