Declaración internacional
Foto: Protesta cañera en 2021
Preámbulo
La industria azucarera dominicana goza de la mayor cuota de importaciones con aranceles preferenciales por parte de EEUU, pese a incurrir desde hace décadas en prácticas como el trabajo forzoso, el trabajo infantil, los salarios de hambre, la ausencia de libertad sindical y la persecución racista contra los trabajadores haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Grandes marcas estadounidenses como Hershey usan como materia prima el azúcar dominicana.
En el año 2022, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU prohibieron la importación de azúcar producida por la empresa Central Romana, radicada en República Dominicana pero de capital mayoritario estadounidense, por incurrir en cinco de los once indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de ello, la República Dominicana retuvo la mayor cuota de exportación de azúcar con aranceles preferenciales a EEUU. La Unión de Trabajadores Cañeros ha denunciado que de manera fraudulenta continúan las exportaciones de Central Romana a EEUU, a través de las empresas azucareras CAEI y Consorcio Azucarero Central, cuyas violaciones a los derechos laborales son igualmente graves.
El gobierno dominicano, encabezado por el empresario Luis Abinader, ha cabildeado a favor de Central Romana para que se levanten las sanciones y se ha negado a fiscalizar las violaciones a la legislación laboral dominicana en la industria azucarera.
El propio gobierno es responsable de algunas de las peores violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los cañeros. Desde el año 2021, ha lanzado una ofensiva contra la comunidad inmigrante haitiana, imponiendo un virtual estado de excepción, suspendiendo las garantías legales y constitucionales para la población negra del país. Todas las semanas se realizan innumerables allanamientos sin orden judicial ni presencia de fiscales, y se detiene a miles de personas únicamente por su perfil racial. En el proceso son frecuentes los robos, la extorsión, la brutalidad y la violencia sexual. Incluso los agentes migratorios han asesinado a personas migrantes en el marco de esta brutal ofensiva. Los bateyes, las comunidades cañeras, no han estado exentos de esos ataques represivos.
Debido a que el régimen dominicano desnacionalizó en 2013 a varias generaciones de personas dominicanas de ascendencia haitiana, unas doscientas mil personas, mediante un fallo judicial racista e inconstitucional, muchos de quienes son perseguidos por esta política de deportaciones masivas son dominicanos en situación de apatridia. Frecuentemente se trata de hijos y nietos de trabajadores de la caña traídos al país como braceros desde la primera mitad del siglo XX.
Además de superexplotar en los ingenios estatales y privados por décadas a los trabajadores de origen haitiano, en la industria que fuera columna vertebral de la economía dominicana durante la mayor parte del siglo XX, el régimen ha procedido a robarles las pensiones cuando estos trabajadores han pasado al retiro al agotarse su salud y su fuerza física. Imponiendo toda clase de trabas tanto a la regularización migratoria como al acceso a las pensiones para las cuales realizaron sus aportes legales durante largos años, el régimen dominicano se ha asegurado de que miles de cañeros haitianos mueran sin haber cobrado jamás una pensión.
A pesar de ello, la movilización de los trabajadores logró que gobiernos anteriores al actual otorgaran miles de pensiones a cañeros. El actual presidente al llegar al poder en 2020 prometió que agregaría más de 1600 cañeros a la lista de pensionados. Pero no solo incumplió esta promesa sino que ha dejado de pagar cientos de pensiones a quienes ya las recibían, al imponer nuevos requisitos a los pensionados como tener una cédula vigente o en algunos casos incluso la insólita exigencia de obtener un certificado de vida en la Junta Central Electoral. Estos trámites implican grandes gastos y viajar grandes distancias, por lo que muchos cañeros no logran recuperar el cobro de sus pensiones. Se trata de una política deliberadamente antiobrera y racista.
Las empresas, con el apoyo del gobierno, con frecuencia desalojan de sus casas a los trabajadores que reclaman sus derechos o que no están en condiciones de seguir trabajando. Las condiciones de vida en los bateyes son de pobreza absoluta, son comunidades que frecuentemente carecen de acceso a luz eléctrica, instalaciones sanitarias o servicio de agua corriente, constituyendo verdaderos enclaves de semiesclavitud. La industria azucarera dominicana reportó más de cien millones de dólares de exportaciones en 2023.
Para garantizar este estado de cosas, la libertad de movimiento de los trabajadores está severamente restringida por los agentes de seguridad de las empresas y cuando surge algún reclamo laboral, el gobierno desata toda su fuerza represiva. Un ejemplo reciente de esto ha sido el ataque del 26 de mayo por parte de fuerzas militares y policiales contra los trabajadores del Consorcio Azucarero Central, de capitales dominicanos y guatemaltecos. Más de una decena de trabajadores haitianos resultaron heridos por armas de fuego y armas blancas luego de negarse a trabajar debido a la acumulación de deudas por parte de la empresa. Dos de los heridos sufrieron lesiones de gravedad en las piernas y en los ojos, que pueden resultar en discapacidad permanente. El gobierno adicionalmente expulsó de manera expedita a unos sesenta trabajadores, usando a sus agentes migratorios para reventar la huelga.
Otro caso que ilustra la represión es el del trabajador dominicano de ascendencia haitiana Miti Senvil, una de las víctimas de la política racista de desnacionalización retroactiva. Este joven trabajador de 25 años se encuentra arbitrariamente detenido desde el mes de marzo, luego de denunciar las prácticas antiobreras e ilegales de la empresa Central Romana ante investigadores internacionales.
Petitorio
Emplazamos al gobierno dominicano a que ponga fin a sus políticas violatorias de los derechos de los trabajadores haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la industria azucarera. Le exigimos poner fin al trabajo forzoso y respetar la libertad sindical de los trabajadores cañeros. Exigimos a la Procuraduría General de la República investigar y castigar ejemplarmente la represión contra los trabajadores del Consorcio Azucarero Central en el mes de mayo y al gobierno a pagar indemnizaciones a los trabajadores que fueron víctimas de la violencia y las deportaciones arbitrarias, sobre todo a quienes han resultado con lesiones permanentes.
Exigimos al gobierno dominicano garantizar el pago de las pensiones a todas las personas que trabajaron y realizaron los aportes legales al sistema de la seguridad social durante décadas, poniendo fin a la discriminación y el robo descarado de sus aportes. Igualmente le exigimos poner fin a los desalojos de los trabajadores retirados de sus viviendas en las comunidades cañeras por parte de las empresas Central Romana, CAEI y Consorcio Azucarero Central.
Exigimos al gobierno de Luis Abinader poner fin a las deportaciones masivas de carácter racista, las detenciones arbitrarias, la extorsión, los allanamientos ilegales, la brutalidad y la violencia sexual por parte de autoridades policiales, militares y migratorias contra la comunidad haitiana y dominicana de ascendencia haitiana.
Exigimos que el gobierno dominicano ponga fin a las políticas de desnacionalización racista en contra de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana que han resultado en la apatridia de miles de personas.
Exigimos la inmediata liberación del trabajador dominicano de ascendencia haitiana Miti Senvil, sometido a un proceso injusto para acallar las denuncias de los trabajadores cañeros.
Recepción de firmas hasta el 11 de agosto a través del siguiente enlace https://forms.gle/GTbU9cu5jGKzMBKV9
Organizaciones
República Dominicana
Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), Colectivo HaitianosRD, Coordinadora Popular Nacional, Articulación Nacional Campesina, Mujeres Socio Políticas Mamá Tingó, Grupo de Jóvenes del Batey Los Jovillos, Aquelarre RD, Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), Grupo Latinoamericano de Acción y Formación Feminista (GLEFAS)
EEUU
Decolonial Feminist Collective
México
Unión Afromexicana de Chiapas UBUNTU AC, AFROntera, Mexiro AC
Individuales
República Dominicana
Cristiana Luis Francisca, presidenta de MUDHA; María Fernanda López Pérez, activista; Micely Díaz Espaillat, trabajadora social; María Cándido, activista comunitaria; Elena Lorac, Movimiento Reconocido; Lorena Espinoza, diseñadora gráfica; Johanna Agustin Federico; Gandi López, activista; John Presimé, ingeniero en sistemas; Esther Girón, activista; Nicole Estefany Aponte Cueto; Ana Beatriz Rosario; Denise Paiewonsky, maestra jubilada; Adela Dore, artista; Yuderkys Espinosa Miñoso, escritora, pensadora y docente; Carolina Zapata; Inmagela R. Abreu; Yania Concepción; Gabriel Lora, diseñador gráfico; Natalia De Peña Angeles, psicóloga; Camila de Peña, ingeniera civil; Jeannette Tineo Durán; Génesis Massiel Báez Rosa; Melissa Lebrón Herrera; Miguel Tejada
Alemania
Katia Sepúlveda, artista visual y curandera
Argentina
Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U) de Provincia de Buenos Aires, dirigente nacional Izquierda Socialista (IS); Cecilia Casamajor, artista visual, escritora y periodista; Mónica Schotthauer, diputada nacional de IS y FIT-U y delegada ferroviaria; Mercedes Trimarchi, dirigente de la agrupación de mujeres Isadora, y legisladora en Ciudad de Buenos Aires, por IS y FIT-U Rubén “Pollo” Sobrero, Secretario General del Unión Ferroviaria seccional Oeste; Edgardo Reynoso dirigente ferroviario del Cuerpo de Delegados de Ramal TBA-Sarmiento; Pablo Almeida, dirigente de los trabajadores del Ministerio de Economía; Graciela Calderón, dirigente docente, Mercedes Mendieta, diputada nacional electa IS y FIT-U, de Ciudad de Buenos Aires, Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN Capital sindicato de docentes de Neuquén, de IS y el FIT-U; Liliana Olivero, ex Diputada por Córdoba de IS y FIT; Mariana Scayola, Secretaria General comisión directiva Ademys-docentes de Ciudad de Buenos Aires; Lila Ferrer Morillo, escritora y activista antirracista
Bolivia
Humberto Balderrama, miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores; Eliseo Mamani, ex ejecutivo Federación de Maestros Rurales de La Paz
Brasil
Joao Batista Araujo “Baba”, ex Concejal en Río de Janeiro (RJ) y dirigente de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST); Michel Tunes, dirigente de la CST; Rose Messias, dirigenta de la CST; Pedro Rosa, dirigente del Sintuff y la Federación trabajadores de las Universidades (Fasubra); Adriano Diaz – dirigente de Correos RJ y de CSP-Conlutas; Bruno da Rosa– dirigente Garis (Recolectores de residuos) de RJ; Diego Vitello miembro del sindicato de Metro de San Pablo; Barbara Sineidino – de la Coordinadora general de SEPE (Profesionales de enseñanza); Gerson Lima, Coordinador-General SINTSEP-Pará
Chile
Ranier Rios, dirigente del Movimiento Socialista de las, los y les Trabajadores (MST); Francisca Rodo; Paulina Abufhele
Colombia
Rosa Inés (Ochy) Curiel Pichardo; Diana Cristina Castaño Hoyos, docente
Ecuador
Nathan Galarza
EEUU
Amaury Rodríguez, activista y escritor; Luis Feliz León, periodista sindical; Meiver De la Cruz, doctor; Rafael C. Gomez; Robert Cuffy, sindicalista DC37; Stephanie Holguín
El Salvador
Evelyn Martínez Mejía, profesora-investigadora
Estado español
Angélica Cuero Caicedo; Paloma Moreno; Josep Lluis del Alcázar,dirigente Lucha Internacionalista (LI); Marga Olalla, delegada sindical de trabajadores municipales de Barcelona, Militante de LI; Miquel Blanch, delegado sindical de profesorado de escuelas de adultos, miembro de la Corriente Sindical de CCOO de Girona, Militante de LI; M. Esther del Alcázar, delegada sindical de enseñanza pública y dirigente de LI
Guatemala
Claudia Acevedo
Haití
Watson Valcourt, recepcionista
Italia
Eugenio Gemmo, dirigente Movimiento Liga Marxista Revolucionaria (MLMR)
México
Mikaelah Drullard; Sara Flores; Carmen Cariño; Jade García; Cecilia Muñoz Tostado, trabajadora administrativa; Iyari Sánchez; Itzia Miravete, defensora de derechos humanos; Jon James Barousse, artista escénico
Nicaragua
Eveling Carrazco López, Glefas
Panamá
Priscilla Vásquez, ex dirigente nacional de los trabajadores del Seguro Social
Perú
Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacional y dirigente de PT-Uníos,Jorge Corzo, dirigente de PT-Uníos. Angela Liliana Maihuasca, secretaria general del sindicato de Hospital San Juan de Lurigancho; Brigitte Valdeiglesias Ochoa, estudiante universitaria
Portugal
Renata Cambra, dirigente Movimiento Alternativa Socialista (MAS)
Turquía
Sedat Durel, Secretario General del Sindicato de los trabajadores revolucionarios de la telecomunicación y de centro de llamadas; Atakan Çiftçi, delegado del Sindicato de los trabajadores de educación y de ciencia; Oktay Çelik, presidente Partido por la Democracia Obrera (IDP), Gorkem Duru, dirigente de IDP
Uruguay
Tania Ramírez, Mizangas movimiento afrofeminista; Hellen Pintos, odontóloga, Mizangas; Ada González Alcoba
Venezuela
José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv); Orlando Chirino, dirigente nacional de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura); Armando Guerra, ex dirigente sindical de Hidrocapital; Miguel Ángel Hernández, dirigente nacional del Partido Socialismo y Libertad (PSL)
