Por Trabalhadores Unidos, sección de la UIT-CI de Portugal
23/11/2024. Como hemos escrito antes, el actual gobierno del PSD se encuentra en una situación sui generis. Nació como resultado de unas elecciones muy reñidas, con una mayoría relativa extremadamente corta y sin ninguna garantía de que pudiera beneficiarse de nuevas elecciones. Como resultado, el gobierno se ve obligado a vivir en una campaña permanente, centrada en las clases medias, donde compite por los votantes con el PS y Chega. También le aterrorizan las movilizaciones que acechan el último año de gobierno del PS.
Combinando estos factores, intenta distanciarse de la imagen dejada por el último gobierno del PSD -vinculada a la austeridad, los recortes en ayudas sociales y salarios-, pero no deja de servir a los intereses de la patronal. Este Presupuesto del Estado es un reflejo de ello: con políticas diseñadas para servir a los intereses de las grandes empresas mientras se intenta dar cobertura «social» a los «socialdemócratas». En este sentido, este presupuesto es similar a los que ha presentado el propio Partido Socialista -llenos de trucos ilusionistas-, revelando así que el intrincado baile entre la oposición del PS y el gobierno no es más que teatro político. Continúa así la trayectoria de los últimos años de desinversión en los servicios públicos con la perspectiva, ahora más clara, de la privatización.
Las falsas medidas sociales del Gobierno
En el caso del transporte público, el Gobierno ha introducido dos nuevas medidas: el abono social gratuito para menores de 23 años, que antes sólo era para estudiantes, y el abono verde de 20 euros para los trenes. Son medidas que se acercan a la gratuidad de los servicios públicos, pero plantean la pregunta: ¿quién va a pagar estos abonos? Las empresas de transporte público, por ejemplo, se apresuraron a exigir al Gobierno que pague las deudas que ya tiene, a riesgo de no reconocer las nuevas tarifas.
El Green Rail Pass (abono verde) plantea interrogantes sobre cómo afectaría esto a la estabilidad financiera de CP, abriendo la puerta a una futura privatización. En realidad, CP ha sido víctima de un proceso de privatización a lo largo de los años, desde la gestión de la empresa por una entidad privada hasta la venta de CP Cargas, sector del transporte de mercancías (ahora Medway). Los beneficios de Medway, por ejemplo, podrían utilizarse para mejorar el servicio de CP con tarifas más bajas y cubrir el abono social verde, pero esto iría en contra de los intereses del sector privado y de la Unión Europea. Además, al no reforzar la oferta de trenes interurbanos y regionales, es poco probable que este abono tenga un efecto real en la mayoría de la población.
Siguiendo los pasos del anterior gobierno del PSD, éste tampoco tiene medidas estructurales para combatir la crisis de la vivienda. No ha propuesto nada para la rehabilitación de viviendas vacías, no planea construir más viviendas públicas ni limitar los alquileres. Por eso ha mantenido el apoyo del Partido Socialista, que pagaba a los inquilinos parte de los alquileres, permitiendo a los propietarios seguir especulando.
¿Reducción de impuestos para quién?
Después de 10 años oponiéndose a las políticas del Partido Socialista, especialmente a las políticas fiscales del PS, se podría pensar que el PSD apostaría por una inversión de estas políticas. Por el contrario, el PSD está aplicando las políticas del PS de aumento de impuestos para los más pobres y exenciones fiscales para los más ricos, ahora de forma más descarada.
Este presupuesto, aunque pretende reducir los impuestos, prevé un aumento d el tabaco y el alcohol.
En cuanto al IRS, las propuestas del Gobierno incluyen una ampliación del IRS juvenil, de 5 a 10 años, y un cambio en las tablas del IRS. Como era de esperar, los cambios en los tipos del IRPF beneficiarán principalmente a los tramos más altos, con tipos más favorables. En cuanto a las empresas, el Gobierno promete reducir el Impuesto de Sociedades al 20%, entre otros beneficios fiscales, como la reducción del tipo de gravamen autonómico en la compra de coches nuevos, aumentando el primer tramo de 20.000 a 30.000 euros. Es decir, exactamente la receta del PS: aumentar los impuestos a la población en general y reducirlos a los más ricos.
Los servicios públicos, camino de la privatización
Este presupuesto conduce a la privatización a largo plazo de los servicios públicos. El ejemplo más grave es el Servicio Nacional de Salud, pero la Educación y la RTP también parecen ir por el mismo camino. Como ejemplo, es interesante observar cómo ha habido un aumento del 11% en el presupuesto de defensa, pero sólo un aumento del 6,8% para la educación, lo que revela las prioridades de este gobierno.
En el caso de RTP, la propuesta de poner fin a la publicidad en el canal público está motivada principalmente por el interés en desregular el mercado publicitario, permitiendo a las empresas privadas cobrar más por minuto. Según el gobierno, están siguiendo el ejemplo de los canales públicos de Inglaterra (BBC) y España (TVE). Pero en el caso de la BCC, la financiación está garantizada por una tasa superior a la tasa audiovisual aplicada en Portugal. En el caso español, la inversión se asigna directamente con cargo al presupuesto del Estado. Sin embargo, este presupuesto no prevé cambios en la tasa audiovisual ni mayores gastos en RTP, lo que supone un recorte directo en los ingresos de la empresa.
En cuanto a la sanidad, este presupuesto prevé un aumento del 9%. Pero lo más importante es saber a dónde va a parar este aumento de la inversión. De los casi 16.000 millones de gasto corriente, 7.000 millones se destinan a gastos de personal, mientras que la «compra de bienes y servicios» supone más de 8.000 millones, es decir, alrededor del 53% del gasto sanitario total. La categoría «compra de bienes y servicios» incluye gastos como la compra de medicamentos, análisis y otros servicios reembolsados por el Estado, que podrían ser ofrecidos directamente por el Estado, pero en cambio se entregan a empresas privadas para aumentar sus beneficios.
El presupuesto también prevé la construcción de nuevos centros de salud, pero se trata de Unidades de Salud Familiar Tipo C (USF-C). Las USF-C fueron introducidas por el gobierno de José Sócrates, pero nunca se pusieron en práctica. Son centros de salud de gestión privada que gozan de total autonomía en las decisiones de gestión, incluida la remuneración del personal sanitario. También hay planes para construir un nuevo hospital en Barcelos o en el Algarve, pero, como es de esperar, se trata de Asociaciones Público-Privadas.
La ilusión de reducir la deuda
Desde la crisis de la deuda soberana, la reducción de la deuda ha sido una supuesta preocupación de los gobiernos, principalmente como excusa para desinvertir en servicios públicos.
Este presupuesto no es una excepción. El Gobierno anunció una reducción estimada de la deuda del 95,9% al 93,3% en porcentaje del PIB. Pero se trata de otro juego de manos, y el propio presupuesto lo dice: «El crecimiento del PIB nominal y el superávit primario contribuirán a la reducción del ratio de deuda». En otras palabras, como se espera que el PIB aumente, la deuda (en porcentaje del PIB) disminuirá. En realidad, la deuda se mantiene en 270.000 o 280.000 millones de euros desde 2020, y no se espera una reducción sustancial. Mucho menos les interesa a los gobiernos del PS y del PSD la suspensión del pago de la deuda y una auditoría independiente para determinar qué parte de esta deuda es deuda odiosa.
Acuerdos con los trabajadores
El anterior gobierno del PS terminó la legislatura enfrentándose a la clase trabajadora en un gran proceso de movilización. Hubo protestas de profesionales de la educación, trabajadores sanitarios, trabajadores judiciales, policías, etc. Consciente de que el nuevo gobierno era demasiado débil para enfrentarse directamente a esta movilización, el gobierno de Montenegro decidió apostar por la negociación.
Por eso este presupuesto muestra las negociaciones que se han alcanzado para todos los grupos profesionales que han estado luchando en los últimos meses. Muestra que la lucha se ha traducido en victorias. La antigüedad devuelta a los profesores, por ejemplo, no es un regalo del actual ejecutivo, sino el fruto de la intensa lucha de estos trabajadores durante el último periodo.
Pero muchas de las reivindicaciones que sacaron a la calle a miles de profesionales no han sido atendidas en este presupuesto. En las escuelas siguen faltando auxiliares operativos y psicólogos, y sus infraestructuras están decayendo. No se ha dado nada a los auxiliares operativos, que también han estado luchando. Todavía tienen que trabajar más de 100 años para llegar a lo más alto de sus carreras, por ejemplo.
Con este presupuesto, el gobierno pretende facilitar la modificación de los derechos laborales de los funcionarios. Aún no se ha hecho público qué es exactamente lo que el Gobierno quiere cambiar, pero es probable que afecte a la paga por enfermedad, el derecho a vacaciones y el preaviso de huelga. A la vista de lo que este Gobierno ya ha demostrado en poco tiempo, estos cambios no favorecerán en absoluto a los trabajadores.
El teatro de los partidos ante el presupuesto
Fue muy revelador presenciar el comportamiento de los distintos partidos políticos ante el presupuesto y el débil gobierno del PSD. En la derecha, IL, dada su insignificancia en la aritmética parlamentaria, acabó desapareciendo de las negociaciones, limitándose a vagas críticas al presupuesto; Chega repitió el triste papel de Santana Lopes hace unos años, oscilando entre revocable e irrevocable en cuanto a si aprobaría o votaría en contra del presupuesto.
Al final, fue el PS el que dio la razón a Montenegro. Esto no es sorprendente, dado que este presupuesto no es muy diferente de los presentados por el PS, pero contrasta con la retórica de Pedro Nuno Santos, que dijo que nunca favorecerían un presupuesto de derechas.
En la izquierda, entre el BE, la LIVRE y el PCP, e incluso las fuerzas sindicales como la CGTP, hubo una clara falta de combatividad para enfrentarse a este presupuesto. Al mantener las luchas separadas y desarmar a la clase obrera.