Por Seidel R
Entre los meses de diciembre del 2022 y febrero del 2023, Perú se sacudió con una nueva rebelión popular. Desde el combativo Sur del país, la movilización campesina y popular puso contra las cuerdas al odiado gobierno de Dina Boluarte y el corrupto régimen de falsa representación que sostiene. En esta nota se intentará responder ¿Por qué no cayó Boluarte? ¿Hubo una derrota del movimiento de masas? ¿A dónde va el país? ¿Cómo superamos el impasse y retomamos la movilización con mayor organización
El 17 de diciembre, el Congreso de mayoría derechista se preparaba para debatir el cuarto intento de vacancia contra Pedro Castillo, por corrupción. Ese mismo día, Castillo, anunció públicamente una serie de medidas que lo terminaron colocando fuera del “orden constitucional” que su gobierno nunca se esforzó por cambiar. Entre las medidas, Castillo anunció el cierre del Congreso, la reforma del sistema judicial, la instauración del Estado de Emergencia y la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente. Unas horas después su gobierno se desmoronó cuando varios de sus ministros renunciaron y las fuerzas armadas desconocieron su orden y mandato. Sin prever las consecuencias, Castillo facilitó su caída, ya que ni siquiera convocó a una movilización en apoyo a sus medidas, y el desprestigiado Congreso de mayoría derechista, con el voto de los Congresistas de Perú Libre y del Bloque Magisterial, terminó aprobando la vacancia por golpista y Castillo quedó destituido y detenido, políticamente aislado y socialmente en la más completa soledad.
Dina Boluarte: gobierno de unidad nacional para estabilizar el régimen con represión
Tras la caída de Castillo, Dina Boluarte (como primera vicepresidenta e integrante del mismo partido que Castillo) asume la presidencia del país con el apoyo de toda la derecha en el Congreso de La República, la clase capitalista y el clero. El conjunto del régimen político buscó evitar el vacío de poder y la clase dominante apostó a que el recambio constitucional pudiera estabilizar la crítica situación de ingobernabilidad. Las primeras medidas de Boluarte fueron: formar un gobierno de unidad nacional con la clase dominante a través del avinagrado Acuerdo Nacional y bajo esa fórmula quedarse hasta el 2026, en otras palabras, gobernar con los que perdieron las elecciones en el 2021 junto al fujimorismo. Ante ello, el pueblo pobre del país reconoció en Dina Boluarte una enemiga directa y fue identificada como una usurpadora que gobierna junto con la derecha.
Las movilizaciones se extendieron a nivel nacional y se expresaron en marchas, cortes de carreteras y fuertes paros regionales que exigían la salida de Boluarte, el cierre del Congreso y el cambio de constitución fujimorista. Ante las crecientes movilizaciones, el deslegitimado gobierno utilizó las fuerzas armadas y policiales para generalizar la represión. La brutalidad policial y militar del gobierno provocó las masacres de Ayacucho y de Juliaca – entre otras- y, dejó más de 60 personas asesinadas, casi un millar de civiles heridos y cientos de detenidos. Las organizaciones internacionales de Derechos Humanos denunciaron la utilización de balas de plomo contra las manifestaciones y una flagrante violación a los Derechos Humanos, provocando un momentáneo y relativo quiebre en el frente patronal. Boluarte nunca gozó de credibilidad ni legitimidad y ahora tiene las manos manchadas de sangre. En esas condiciones, un sector de la derecha que busca estabilidad política y un gobierno legítimo que les permita asegurar sus inversiones, comenzaron a denunciar el criminal accionar del gobierno y sumarse al llamado de nuevas elecciones. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y su Embajada, pidieron medidas de rendición de cuentas y justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y el adelanto de las elecciones.
La toma de Lima: el punto más alto de la movilización
La ruptura de los pueblos del Perú con los partidos de régimen y sus instituciones, se viene acumulado desde el Baguazo de 2009. Esta ruptura tuvo distintas expresiones: movilizaciones masivas, que desde la caída del ex presidente Pablo Pedro Kuczynski (PPK) en 2018, ninguno de los presidentes haya terminado su mandato y que todos los ex presidentes se encuentren procesados por corrupción. Otras expresiones de esta ruptura y búsqueda del cambio fueron la caída de Manuel Merino de Acción Popular en manos de la movilización en noviembre del 2020 y la derrota electoral del Fujimorismo en manos de Castillo a mediados del 2021.
Las protestas del sur fueron brutalmente reprimidas por el gobierno de Boluarte e invisibilizadas por la gran prensa limeña. Ante las masacres perpetradas por el gobierno de Boluarte, las regiones del sur decidieron marchar hacia Lima en busca de repetir la “marcha de los cuatro suyos” que terminó por tirar al gobierno de Fujimori en el año 2000, aunque esta vez, su objetivo era derrotar al gobierno de Boluarte. Con importantes esfuerzos económicos y organizativos, cientos de personas llegaron a Lima en una espontánea movilización que comenzó a madurar una incipiente organización popular. La solidaridad en Lima no se hizo esperar y el movimiento estudiantil ocupó la Universidad Nacional de San Marcos –luego desalojada por el ejército – para recibir y dar alojamiento a los manifestantes y durante una semana se desarrollaron crecientes movilización en la ciudad capital mientras en el interior seguían los bloqueos y paros regionales.
El rol de las direcciones y el desgaste
La caída del gobierno estuvo a la orden del día, pero la combinación de diversos factores lo impidió momentáneamente haciendo que la rebelión popular entrara en un impasse que hasta ahora se prolonga. Responder a estas preguntas es fundamental para superar el impasse y recuperar la organización y lucha contra el gobierno.
En primer lugar, el gobierno no cayó porque fue salvado y sostenido por las fuerzas políticas desde el Congreso, el apoyo de las FFAA y policiales que aplicaron una fuerte represión que dificultó la extensión de la movilización, y el respaldo de la gran prensa capitalina y de la iglesia católica. Segundo, el gobierno no cayó por el rol de las direcciones y la izquierda tradicional que se monta de manera directa o indirecta sobre importantes organizaciones de lucha y porque no surgió una alternativa política que logre construir un plan de lucha nacional y unificado para derrotar al gobierno.
En ese sentido, las direcciones políticas burocráticas y reformistas como el PC que dirige la CGTP (central obrera burocrática), Patria Roja de extracción maoísta que dirige el SUTEP (sindicato de maestros) y Nuevo Perú (organización política de centroizquierda de Verónica Mendoza con representación parlamentaria bajo la alianza de Juntos Por el Perú) tuvieron una política que tributó al desgaste: las organizaciones sindicales nunca convocaron a un plan de lucha elaborado por las bases por lo que sus formales acciones fueron desconocidas por el conjunto del pequeño espectro de trabajadores sindicalizados. Por su parte, Juntos por el Perú centralizó su accionar en el parlamento y el adelanto de las elecciones para convocar desde allí a una Asamblea Constituyente. Antauro Humala (dirigente nacionalista hermano del ex presidente Ollanta Humala) desapareció del escenario político después de dar su apoyo al gobierno de Boluarte. Se presentaba, desde el interior, como alternativa a Pedro Castillo.
Los Frentes de Defensa, fueron organismos que un sector de la vanguardia ocupó para organizar sus acciones desde las regiones y comunidades del interior del país. Sin embargo, luego de tres meses de lucha, las direcciones que actuaron en algunos de estos frentes de defensas se negaron –más allá de algunos formalismos- a convocar a acciones nacionales unificadas y a una coordinación nacional, dejando en manos de cada una de las regiones y comunidades la pelea contra el gobierno lo que hizo fracasar la “segunda toma de Lima” que se buscó organizar a principios del mes de marzo.
El accionar de las direcciones tradicionales y la ausencia de una dirección revolucionaria permitió que el desgaste se extendiera al combinarse con el gran peso de la crisis social, la informalidad y precarización, obligando a que la vanguardia luchadora tuviera que retornar a sus regiones para trabajar y llevar un plato de comida a sus hogares.
¡Recuperar la organización y la coordinación para enfrentar al gobierno y que se vaya Dina Boluarte!
A pesar del impasse y que Dina Boluarte sigue en el gobierno, el movimiento de masas no fue derrotado de manera estratégica, aunque sí es indudable que su triunfo inmediato por el que se movilizó sigue pendiente. Miles de activistas de la clase trabajadora y de los sectores populares siguen buscando articular acciones y la movilización en todo el país para retomar la pelea.
La crisis política del país no se ha cerrado. El Congreso ni siquiera ha votado el adelanto de las elecciones y Dina Boluarte busca terminar su mandato aplicando una política antiobrera, antipopular y represiva. Esta política del gobierno generará nuevos enfrentamientos. La inflación ha incrementado el costo de la vida, los salarios no alcanzan y sigue creciendo la informalidad laboral. Además, el país vive desde marzo del 2023 el impacto social de la crisis ambiental con la presencia devastadora del Ciclón Yaku que ha provocado deslizamientos, huaycos y derrumbes en el norte y centro del país donde decenas de personas han fallecido. Y aún se espera la llegada del “Fenómeno del Niño” que pondrá en alto riesgo la precaria infraestructura habitacional del país, donde el gasto social se achica mientras crecen los pagos de la deuda externa y el subsidio a los grandes capitalistas.
El gobierno no resolverá ninguna de las demandas ni necesidades del pueblo trabajador y cualquier elemento de la realidad puede detonar en nuevas movilizaciones y su rápido contagio. Debemos retomar la movilización para enfrentar la política del gobierno y exigir un aumento de sueldos y jubilaciones contra la inflación; exigir justicia por los caídos y que los responsables políticos y materiales de la represión vayan presos. Las tareas planteadas siguen vigentes, la pelea en cada una de las ciudades pasa por construir una Coordinación Nacional de las Organizaciones en lucha y un pliego de reclamos unificado para desarrollar la movilización nacional del pueblo trabajador y la juventud.
Desde el Partido de los Trabajadores UNÍOS llamamos a debatir y organizarnos en cada lugar de trabajo, barrio y estudio, estas tareas y a construir juntos una alternativa política de la clase trabajadora que supere a las direcciones tradicionales de la izquierda reformista y derrote a la derecha, a efectos de lograr cada una de las demandas populares, echar al gobierno de Dina Boluarte, convocar a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y para que gobiernen las y los trabajadores y los pueblos, terminando con el capitalismo hambreador y poner los recursos del país al servicio de las mayorías populares y no de una minoría explotadora que se llena los bolsillos mientras el pueblo sufre el hambre y la miseria.
