Por La Voz de los Trabajadores, prensa del MST de República Dominicana
La Policía Nacional interceptó arbitrariamente este lunes 8 de noviembre una movilización de más de 300 trabajadores cañeros que se preparaban para salir de la Av. Ovando con Gómez hacia el Palacio Nacional, en defensa de los derechos humanos y contra la imposición de políticas discriminatorias, xenófobas y racistas por parte del gobierno de Abinader. Las organizaciones convocantes, la Unión de Trabajadores Cañeros, HaitianosRD y el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, rechazaron esta violación al derecho democrático a la protesta social.
En una rueda de prensa realizada en el lugar de la intercepción policial, representantes de las organizaciones rechazaron las medidas gubernamentales contra la comunidad inmigrante, calificándolas de discriminatorias y violatorias de los derechos humanos. Alertaron que las medidas apuntan a la configuración de un régimen de discriminación racial parecido al apartheid. Consideran que Abinader pretende desviar la atención del escándalo de los Pandora Papers, los señalamientos de corrupción contra el ministro Macarrulla, el aumento del costo de los alimentos y los combustibles, la reducción del presupuesto de salud, el aumento de la tarifa eléctrica, el contenido antidemocrático del proyecto de Código Penal, entre otras políticas que generan un gran rechazo en el pueblo dominicano.
Rechazaron que se empleen discursos de corte balaguerista y neotrujillista para estigmatizar a la laboriosa comunidad inmigrante cuyo esfuerzo aporta al desarrollo nacional pese a sufrir con frecuencia la violación de sus derechos laborales y percibir salarios de miseria. La persecución contra los trabajadores inmigrantes solo aumentarán la corrupción y la violación de los derechos de los trabajadores inmigrantes. En vez de negar atención médica y perseguir a trabajadores, el gobierno debería realizar un verdadero plan de regularización que permita a miles de personas que tienen décadas trabajando y viviendo en el país contar con residencia legal. En el caso de los cañeros, se exige residencia permanente de 10 años.
Explicaron que el gobierno miente cuando acusa a las mujeres inmigrantes de consumir el 40% del presupuesto de salud, ya que estas representan menos del 10% de las personas atendidas en los hospitales. Es el propio gobierno el que promueve un recorte presupuestario del 16% en 2022 para la salud. Abinader también miente cuando asegura que la suspensión del visado para estudiantes haitianos es para proteger al país de las bandas armadas del vecino país, bandas que no operan en nuestro país ni existen evidencias de su infiltración en las universidades dominicanas.
Agregaron que denegar atención médica a personas inmigrantes sin residencia legal viola los derechos humanos y puede asimismo afectar a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron despojadas de su nacionalidad con la sentencia 168-13, que pese a ser dominicanas son discriminadas por el gobierno y tratadas como inmigrantes carentes de visa.
Llaman a toda la sociedad dominicana a alzar su voz contra las medidas discriminatorias de Abinader, así como en defensa de todos los derechos sociales que viene atacando este gobierno.
