Por Simón Rodríguez Porras (PSL)
Por su propia historia, el pueblo venezolano tiene la obligación de ser solidario con los pueblos que resisten contra el colonialismo. Luego de arduas luchas, la mayoría de los países africanos lograron su independencia entre las décadas del 50 y el 70 del siglo pasado. Sin embargo, con el apoyo de los gobiernos de Francia, EEUU, el Estado español y la entidad israelí, la monarquía marroquí ha podido mantener durante más de cuarenta años su dominio colonial sobre la mayor parte del territorio del Sahara Occidental, oprimiendo al pueblo saharaui y saqueando sus recursos naturales.
Algún observador poco informado podría considerar que Venezuela ya ha cumplido con su responsabilidad al reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 1982, además de las declaraciones de solidaridad por parte de los gobiernos de Chávez y Maduro o la simbólica ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Pero se estaría dejando de lado un aspecto crucial, y menos conocido, en el cual Venezuela juega un rol de complicidad con la ocupación colonial marroquí.
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Contradiciendo las declaraciones oficiales del gobierno sobre la cuestión saharaui, incluso contradiciendo otras orientaciones de la política exterior venezolana como la impugnación de las actividades de la petrolera yanqui Exxon-Mobil en el Esequibo, compañías estatales venezolanas trafican con recursos saqueados por Marruecos en el Sahara Occidental. Dado que ningún país del mundo reconoce la soberanía marroquí sobre ese territorio, técnicamente se está comerciando con recursos robados.
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Hablamos de Bariven, compañía filial de Pdvsa que importa insumos para la industria petrolera, la petroquímica estatal Pequiven y su filial en Colombia, Monómeros, así como la empresa mixta Tripoliven, conformada hasta el año pasado por Pequiven y la filial española de la empresa yanqui FMC Corp. En noviembre de 2016 esta transnacional vendió su participación del 33% de las acciones en la empresa mixta al Banco del Caribe, entidad financiera privada venezolana.
Estas empresas venezolanas se dedican a comerciar con roca fosfática saqueada por las autoridades coloniales y las transnacionales enclavadas en el territorio saharaui. La mayoría de las empresas que se involucran en este negocio a nivel mundial son privadas, con la excepción de empresas estatales de la India y Venezuela.
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Un reportaje realizado en agosto de 2014 por Emilia Díaz Struck, Joseph Poliszuk y Roberto Deniz para El Universal, daba cuenta de que Bariven y Pequiven adquirieron más de 137 mil toneladas de roca fosfática saharaui, la mayor parte proveniente de la mina de Bou Craa, entre 2012 y 2014, mientras que Monómeros, adquirió 107 mil toneladas del mismo origen en 2013. De acuerdo con el mismo reportaje, Tripoliven procesaba más de 100 mil toneladas de roca fosfática al año, la mayor parte proveniente de los yacimientos saharauis. Desde su conformación a mediados de la década del 70, Tripoliven participa de este turbio negocio.
Western Sahara Resources Watch (WSRW), organización que monitorea el saqueo de los recursos del territorio saharaui por parte de los ocupantes coloniales, publicó en su reporte más reciente, en abril del año pasado, que Venezuela fue en 2016 el séptimo país importador a nivel mundial de fosfatos de los territorios usurpados por Marruecos, con 68 mil toneladas métricas. Monómeros además importó ese año en Colombia 58 mil toneladas métricas, para un total de 126 mil toneladas métricas traficadas por las empresas estatales venezolanas, que en virtud de ello se ubicaron conjuntamente en el cuarto lugar a nivel mundial en la lista de empresas que trafican con fosfatos saharauis. WSRW registró la llegada de cargamentos de fosfatos saharauis a Puerto Cabello el 19 de enero, el 19 de junio y el 17 de octubre de 2016, en buques con banderas de Panamá y de Liberia (Ver los reportes de WSRW http://www.wsrw.org). El gobierno venezolano es entonces uno de los principales socios comerciales a nivel mundial de los saqueadores marroquíes, brindándoles cuantiosos recursos económicos con los cuales sostienen la ocupación militar y la represión.
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Durante las últimas dos décadas, el gobierno ha privilegiado la importación de roca fosfática saqueada por el colonialismo marroquí en vez de desarrollar la explotación de los yacimientos de Táchira y Falcón, perpetrando en el proceso una flagrante violación de los derechos del pueblo saharaui.
Esta incoherencia entre el discurso oficial y las políticas concretas en el terreno económico y comercial, si bien es llevada a extremos sorprendentes por el gobierno venezolano, no es un caso único en la región. Los gobiernos autodenominados «progresistas» de Brasil, Argentina y Chile, durante más de una década en el poder se negaron a reconocer a la RASD, sosteniendo en cambio relaciones políticas y económicas con un sórdido régimen monárquico marroquí que ha acumulado miles de presos políticos, desaparecidos y torturados en el último medio siglo y que aún hoy mantiene a decenas de presos políticos saharauis por el único delito de defender su derecho a la autodeterminación nacional.
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Hay que advertir que las empresas venezolanas pueden ser objeto de sanciones legales por sus transacciones con los colonialistas. El 1 de mayo del año pasado, un buque con fosfatos saqueados por la empresa marroquí OCP con rumbo a Nueva Zelanda fue retenido en Port Elizabeth, en Sudáfrica, iniciándose un juicio sobre la propiedad de la carga. Dos meses después, ante la imposibilidad de defender legalmente su caso, OCP dejó de reclamar el cargamento, valorado en 5 millones de dólares. Este caso sienta un precedente importante en la defensa de la soberanía saharaui sobre su territorio y sus recursos. Es necesario que los venezolanos de convicciones democráticas, antiimperialistas y revolucionarias alcemos la voz para denunciar el comercio de Pdvsa y Pequiven con los recursos saqueados en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Venezuela no debe seguir siendo cómplice del saqueo colonial.
